La legalidad en Montoro
En relación con la construcción, “sin plan de urbanización ni licencia de obras”, del polígono industrial El Olmo, cuyas obras a pesar de ello están a punto de finalizar, en el término de este municipio cordobés, cuyo Ayuntamiento gobierna en mayoría absoluta el PSOE, su Alcalde declaraba recientemente a los medios de comunicación, textualmente lo siguiente: “todo lo que se hace y construye en Montoro es perfectamente legal, todo”.
No sabía yo, que la exclusión social de un ciudadano de una selección de personal, en la que intervienen concejales del gobierno municipal de este Ayuntamiento, junto a personal de la Dirección Provincial del SAE de Córdoba, para favorecer expresamente a una militante del partido antes reseñado, mediante el tráfico de influencias y el enchufismo, ahora era perfectamente legal; en una reciente resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz, aunque de una forma suave, cuando menos lo califica de improcedente.
No sabía yo tampoco, que la celebración de sesiones y toma de acuerdos por una Comisión Mixta de Selección de personal, de la que forman parte un miembro de ese mismo Ayuntamiento, y un Técnico del SAE, que llevan a cabo las actuaciones antes reseñada, era perfectamente legal, aún cuando no esté válidamente constituida en cuanto al número de miembros presentes requeridos, vulnerando la normativa vigente, no solo en este sentido, sino también en cuanto a la carencia física de actas, que recojan los oportunos acuerdos, y que también el Defensor del Pueblo Andaluz, de forma suave, califica como defectos formales, y actuación deficiente de la Administración.
En relación con la construcción, “sin plan de urbanización ni licencia de obras”, del polígono industrial El Olmo, cuyas obras a pesar de ello están a punto de finalizar, en el término de este municipio cordobés, cuyo Ayuntamiento gobierna en mayoría absoluta el PSOE, su Alcalde declaraba recientemente a los medios de comunicación, textualmente lo siguiente: “todo lo que se hace y construye en Montoro es perfectamente legal, todo”.
No sabía yo, que la exclusión social de un ciudadano de una selección de personal, en la que intervienen concejales del gobierno municipal de este Ayuntamiento, junto a personal de la Dirección Provincial del SAE de Córdoba, para favorecer expresamente a una militante del partido antes reseñado, mediante el tráfico de influencias y el enchufismo, ahora era perfectamente legal; en una reciente resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz, aunque de una forma suave, cuando menos lo califica de improcedente.
No sabía yo tampoco, que la celebración de sesiones y toma de acuerdos por una Comisión Mixta de Selección de personal, de la que forman parte un miembro de ese mismo Ayuntamiento, y un Técnico del SAE, que llevan a cabo las actuaciones antes reseñada, era perfectamente legal, aún cuando no esté válidamente constituida en cuanto al número de miembros presentes requeridos, vulnerando la normativa vigente, no solo en este sentido, sino también en cuanto a la carencia física de actas, que recojan los oportunos acuerdos, y que también el Defensor del Pueblo Andaluz, de forma suave, califica como defectos formales, y actuación deficiente de la Administración.