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Una renuncia inconsciente
30 de Octubre de 2008 -
A la hora de hablar de la imposición totalitaria de las lenguas minoritarias en determinadas regiones españoles, el debate suele centrarse en los derechos de las personas que habitan en esas regiones.
Por ejemplo, a la hora de criticar el totalitarismo lingüístico en Cataluña, nos solemos centrar en defender el derecho que deberían tener todos los catalanes a educar a sus hijos en la lengua de su elección. O bien, a la hora de criticar los desvaríos lingüísticos en Galicia, nos empeñamos en recalcar cómo esos desvaríos están afectando a los gallegos.
Lo que hacemos, en definitiva, es reclamar para los castellanohablantes que viven en esas regiones los mismos derechos que tienen los que hablan gallego, catalán o vasco.
Sin embargo, ese argumento, siendo cierto y justo, esconde una renuncia inconsciente que representa toda una victoria para la ideología nacionalista.
Porque es mentira que el totalitarismo lingüístico afecte sólo a los derechos de los que viven en esas regiones. Es cierto, por ejemplo, que los derechos de los catalanes castellanohablantes están siendo conculcados, pero es que también están siendo conculcados los derechos de todos los españoles no catalanes. Y parece como si hubiéramos renunciado a reclamar esos derechos.
Siendo Cataluña, el País Vasco o Galicia una parte de España, la propia Constitución reconoce a todos los españoles (sean o no catalanes, vascos o gallegos) el derecho a usar el castellano también en esas regiones.
Así, si un cacereño está de viaje por San Sebastián, o si un murciano se encuentra de vacaciones en Santiago de Compostela, o si un leonés ha tenido que desplazarse a Barcelona por cuestiones de negocio, esas personas tiene derecho a que los poderes públicos les atiendan en español. Tienen derecho, por ejemplo, a que la rotulación de los hospitales y de las carreteras esté en el idioma común consagrado por la Constitución. Tienen derecho a que los funcionarios públicos les atiendan en español. Tienen derecho a que la información escrita que los poderes públicos les suministren esté en español.
Cuando se rotula un edificio público, por ejemplo, exclusivamente en catalán, no sólo se están conculcando los derechos de los catalanes castellanohablantes, sino que se están conculcando también los derechos de todos los ciudadanos españoles no catalanes que se vean obligados, por cualquier circunstancia, a acudir a esos edificios públicos.
¿Por qué hemos renunciado todos los españoles a los derechos que nos asisten,
30 de Octubre de 2008 -
A la hora de hablar de la imposición totalitaria de las lenguas minoritarias en determinadas regiones españoles, el debate suele centrarse en los derechos de las personas que habitan en esas regiones.
Por ejemplo, a la hora de criticar el totalitarismo lingüístico en Cataluña, nos solemos centrar en defender el derecho que deberían tener todos los catalanes a educar a sus hijos en la lengua de su elección. O bien, a la hora de criticar los desvaríos lingüísticos en Galicia, nos empeñamos en recalcar cómo esos desvaríos están afectando a los gallegos.
Lo que hacemos, en definitiva, es reclamar para los castellanohablantes que viven en esas regiones los mismos derechos que tienen los que hablan gallego, catalán o vasco.
Sin embargo, ese argumento, siendo cierto y justo, esconde una renuncia inconsciente que representa toda una victoria para la ideología nacionalista.
Porque es mentira que el totalitarismo lingüístico afecte sólo a los derechos de los que viven en esas regiones. Es cierto, por ejemplo, que los derechos de los catalanes castellanohablantes están siendo conculcados, pero es que también están siendo conculcados los derechos de todos los españoles no catalanes. Y parece como si hubiéramos renunciado a reclamar esos derechos.
Siendo Cataluña, el País Vasco o Galicia una parte de España, la propia Constitución reconoce a todos los españoles (sean o no catalanes, vascos o gallegos) el derecho a usar el castellano también en esas regiones.
Así, si un cacereño está de viaje por San Sebastián, o si un murciano se encuentra de vacaciones en Santiago de Compostela, o si un leonés ha tenido que desplazarse a Barcelona por cuestiones de negocio, esas personas tiene derecho a que los poderes públicos les atiendan en español. Tienen derecho, por ejemplo, a que la rotulación de los hospitales y de las carreteras esté en el idioma común consagrado por la Constitución. Tienen derecho a que los funcionarios públicos les atiendan en español. Tienen derecho a que la información escrita que los poderes públicos les suministren esté en español.
Cuando se rotula un edificio público, por ejemplo, exclusivamente en catalán, no sólo se están conculcando los derechos de los catalanes castellanohablantes, sino que se están conculcando también los derechos de todos los ciudadanos españoles no catalanes que se vean obligados, por cualquier circunstancia, a acudir a esos edificios públicos.
¿Por qué hemos renunciado todos los españoles a los derechos que nos asisten,