La financiación de los Ayuntamientos depende de las recalificaciones de suelo, que ahora no se justifican por las necesidades de sus vecinos sino por los ofrecimientos de las inmobiliarias: subvenciones privadas para la revisión de los PGOU, modernización, incorporación a las nuevas tecnologías, a las formas globalizadas de consumo, y sobre todo, promesas de generación de puestos de trabajo.
Pero, ¿cuánto de falacia tiene?: puestos de trabajo precarios y temporales, servicios urbanos que empeoran, el coche se hace imprescindible, la movilización es más costosa, déficit de las demandas sociales, faltan equipamientos, disminuye la cohesión social, la participación social se pulveriza y la irracionalidad urbanística adquiere protagonismo”.
Las inmobiliarias y especuladores no pueden decidir el futuro de nuestra costa, imponer qué lugares y qué cantidad de suelo se tiene que hacer urbanizable y sobre todo, para qué usos. Esto solo deben decidirlo los ciudadanos, y para ello hay que consultarles, hacerles partícipes, socializar los recursos, no basta con haber ganado unas elecciones.
Pero, ¿cuánto de falacia tiene?: puestos de trabajo precarios y temporales, servicios urbanos que empeoran, el coche se hace imprescindible, la movilización es más costosa, déficit de las demandas sociales, faltan equipamientos, disminuye la cohesión social, la participación social se pulveriza y la irracionalidad urbanística adquiere protagonismo”.
Las inmobiliarias y especuladores no pueden decidir el futuro de nuestra costa, imponer qué lugares y qué cantidad de suelo se tiene que hacer urbanizable y sobre todo, para qué usos. Esto solo deben decidirlo los ciudadanos, y para ello hay que consultarles, hacerles partícipes, socializar los recursos, no basta con haber ganado unas elecciones.