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Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno. El presidente indicó también que tal bajada del déficit público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.
Es sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.
Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.
Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.
Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.
Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos (2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?
Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay dinero.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado no tenía más dinero”, punto acentuado por el propio Rajoy cuando subrayó que el nivel de deuda pública en España había alcanzado niveles inaceptables que forzaron la toma de medidas excepcionales, considerando la bajada del déficit como la prioridad número uno de su gobierno. El presidente indicó también que tal bajada del déficit público era la condición indispensable para salir de la crisis, pues sólo con esta bajada se recuperaría la confianza de los mercados financieros y España podría volver a recibir prestado dinero a unos intereses más bajos.
Es sorprendente que la administración Rajoy continúe repitiendo esta creencia (creencia basada más en la fe que en la evidencia) cuando todos los datos acumulados muestran lo erróneos que son los supuestos sobre los que se basa.
Pero antes de mostrar tales datos, es importante subrayar, una vez más, lo que tienen en común los países hoy intervenidos –España, Grecia, Portugal e Irlanda–. Todos ellos tienen estados pobres (su gasto público, incluyendo el gasto público social por habitante, es de los más bajos de la Eurozona), con escasos ingresos al Estado (entre los más bajos de la Eurozona), poco redistributivos (entre los menos redistributivos de la Eurozona), y basados en una fiscalidad altamente regresiva (de los más regresivos de la Eurozona). La causa de que todos estos países tengan estos puntos en común es que todos ellos tienen un contexto político semejante. Durante su reciente historia (los últimos cincuenta años) las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia sobre sus Estados. Fueron gobernados por muchas décadas por gobiernos ultraconservadores. El contraste con los países escandinavos (que tienen los Estados más desarrollados, con mayores políticas redistributivas y políticas fiscales más progresivas en la UE) se basa en que en aquellos países las fuerzas progresistas han sido las dominantes en su vida política, al revés que en los países intervenidos.
Se podría argumentar que España, como también aquellos países, tiene un Estado pobre porque es un país pobre. Pero los datos no confirman esta situación. El PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15, y en cambio, el gasto público es sólo un 72% del promedio de la UE-15. En realidad, si fuera un 94%, España se gastaría 66.000 millones más en su sector público y en su subfinanciado Estado del bienestar (tanto en sus transferencias como en sus servicios públicos). Pero no se los gasta, no porque no existan. Sí que existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el punto clave que no se cita. La regresividad de la política fiscal que España tiene en común con todos los países intervenidos. Han tenido que pedir prestado dinero porque el Estado no recoge el suficiente.
Pero lo que es incluso peor es que durante la era de bonanza (estimulada por la burbuja inmobiliaria), el Estado español bajó más y más los impuestos, bajada que favoreció particularmente a las rentas superiores, que adquieren la mayoría de sus rentas de la propiedad de capital. Esta bajada de impuestos determinó –según ha indicado el Fondo Monetario Internacional– nada menos que la mitad del déficit estructural del Estado, déficit que permaneció oculto durante la expansión económica por el elevado crecimiento de ingresos al Estado, apareciendo, sin embargo, en toda su crudeza cuando el boom explotó. Y ahora el Estado tiene que pedir prestado el dinero a los bancos (donde los súper ricos depositan los ingresos que habían adquirido como consecuencia de la bajada de sus impuestos), teniendo que pagar intereses para conseguir el dinero, que podría haberse obtenido, si no hubieran bajado los impuestos.
Y ahí está el problema más silenciado en los medios y en los debates. Fue una lástima que ninguno de los que participaron en el debate en las Cortes españolas hiciese las siguientes preguntas al presidente Rajoy: ¿Por qué el Estado español decidió congelar las pensiones a fin de conseguir 1.200 millones de euros, en lugar de revertir la bajada del impuesto de sucesiones, con lo cual habría obtenido casi el doble de ingresos (2.552 millones). O, ¿por qué en lugar de recortar nada menos que 7.000 millones en sanidad, el gobierno no eliminó la reducción del Impuesto de Sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, lo que significa menos del 0,12% de todas las empresas, con lo cual hubieran obtenido más de 5.600 millones de euros? O, ¿por qué quiere ahora establecer el copago sanitario en lugar de aumentar los impuestos de los fondos SICAV y las ganancias especulativas? O, ¿por qué quiere aumentar el IVA, en este momento de recesión, que afectará a las clases populares, en lugar de aumentar el impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón de euros al año, con lo cual ingresaría 14.000 millones de euros más? O, ¿por qué quiere destruir puestos de trabajo en los servicios públicos en lugar de establecer un impuesto a las transacciones financieras, con lo cual, tal como ha señalado el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se conseguirían 5.000 millones de euros? O, ¿por qué en lugar de forzar reducciones de los Estados del bienestar gestionados por las CCAA no reduce la economía sumergida diez puntos, con lo cual aumentaría 38.500 millones de euros?
Estas son las preguntas que deberían haberse hecho y no se hicieron. Rajoy no las habría podido contestar y habría quedado en evidencia, mostrando, que en contra de lo que dice, sí que hay alternativas y sí que hay dinero.