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Al banquillo cinco políticos de La Iruela por desmanes urbanísticos en Arroyo Frío.
El Fiscal pide la inhabilitación del ex alcalde y la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 y que se condene también a un técnico municipal No impidieron urbanizaciones, campamentos y viviendas que sabían ilegales en el mayor parque natural de Andalucía, según la acusación.
El ex alcalde de La Iruela Antonio C. L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V. T., José Ramón G. P., José Luis G. R. y Martín F. L., además del técnico municipal Pablo B. S., serán juzgados el próximo miércoles acusados de permitir desmanes urbanísticos en Arroyo Frío, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. A los políticos, el Fiscal les pedirá penas de inhabilitación, y al técnico una multa. Arroyo Frío es el punto de máximo desarrollo del negocio turístico del mayor parque natural de Andalucía, joya natural reconocida a nivel internacional.
El escrito de acusación del Fiscal relata que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela (de la que formaban parte los cinco políticos acusados) hizo dejación de su obligación de vigilar la legalidad urbanística en el municipio, «permitiendo a pesar de tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas»: edificios más grandes de lo permitido, cambio del uso permitido a la edificación y «especialmente» construcciones levantadas en suelo especialmente protegido.
Casos concretos
El Fiscal señala casos concretos de irregularidades cometidas que debían haber sido impedidas por los acusados: una vivienda de dos plantas totalmente en suelo no urbano en el Parque Natural sin realización de proyecto ni dirección técnica alguna.
También se les acusa de permitir una urbanización de dos locales comerciales, diez apartamentos y doce viviendas unifamiliares que se pasaron un 10% de lo que les correspondía. Esa urbanización está hoy día construida, vendida y habitada. Pese a que ocupa suelo no urbanizable del parque natural, se le concedió el 4 de septiembre de 1998 una licencia municipal de destierro. El proyecto se subdividió en tres partes «con la finalidad de ir autorizando poco a poco, a través de licencias parciales». Al final se construyó toda la urbanización «sin que por los acusados se haya realizado acción alguna para impedirlo».
Otro vecino de la zona realizó en el paraje El Chaparral o El Cantalar, siempre dentro del Parque Natural, seis apartamentos de doble planta en suelo no urbanizable. En ese mismo paraje una empresa levantó un campamento juvenil con su vallado, capilla, dormitorios, oficinas, sala de reuniones, doce pequeñas construcciones para dormitorios y otro inmueble de doble planta con techo abuhardillado. Además, se dotó al complejo de una piscina de grandes dimensiones.
Fiscalía considera a los cinco políticos autores de un delito de omisión intencionada de perseguir delitos de los que como autoridades públicas habían tenido conocimiento, lo que pone en relación además con el artículo 74 del Código Penal que habla de «un plan preconcebido». Les pide dos años de inhabilitación para cargo público.
La 'autolicencia'
Al técnico municipal Pablo B. S. se le considera autor de otro delito: «Intervino y emitió, como técnico municipal, informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío». Él y su esposa son los titulares del hotel. Y las obras las hizo a través de la constructora Orbaucons, de la que el propio Pablo B. S. es administrador, según el relato del Fiscal. Para no dejar nada en manos de otro, él mismo elaboró el proyecto de obra. Le piden multa de 5.400 euros por actividades prohibidas a funcionario público.
reymomo@hotmail. es
El Fiscal pide la inhabilitación del ex alcalde y la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 y que se condene también a un técnico municipal No impidieron urbanizaciones, campamentos y viviendas que sabían ilegales en el mayor parque natural de Andalucía, según la acusación.
El ex alcalde de La Iruela Antonio C. L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V. T., José Ramón G. P., José Luis G. R. y Martín F. L., además del técnico municipal Pablo B. S., serán juzgados el próximo miércoles acusados de permitir desmanes urbanísticos en Arroyo Frío, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. A los políticos, el Fiscal les pedirá penas de inhabilitación, y al técnico una multa. Arroyo Frío es el punto de máximo desarrollo del negocio turístico del mayor parque natural de Andalucía, joya natural reconocida a nivel internacional.
El escrito de acusación del Fiscal relata que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela (de la que formaban parte los cinco políticos acusados) hizo dejación de su obligación de vigilar la legalidad urbanística en el municipio, «permitiendo a pesar de tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas»: edificios más grandes de lo permitido, cambio del uso permitido a la edificación y «especialmente» construcciones levantadas en suelo especialmente protegido.
Casos concretos
El Fiscal señala casos concretos de irregularidades cometidas que debían haber sido impedidas por los acusados: una vivienda de dos plantas totalmente en suelo no urbano en el Parque Natural sin realización de proyecto ni dirección técnica alguna.
También se les acusa de permitir una urbanización de dos locales comerciales, diez apartamentos y doce viviendas unifamiliares que se pasaron un 10% de lo que les correspondía. Esa urbanización está hoy día construida, vendida y habitada. Pese a que ocupa suelo no urbanizable del parque natural, se le concedió el 4 de septiembre de 1998 una licencia municipal de destierro. El proyecto se subdividió en tres partes «con la finalidad de ir autorizando poco a poco, a través de licencias parciales». Al final se construyó toda la urbanización «sin que por los acusados se haya realizado acción alguna para impedirlo».
Otro vecino de la zona realizó en el paraje El Chaparral o El Cantalar, siempre dentro del Parque Natural, seis apartamentos de doble planta en suelo no urbanizable. En ese mismo paraje una empresa levantó un campamento juvenil con su vallado, capilla, dormitorios, oficinas, sala de reuniones, doce pequeñas construcciones para dormitorios y otro inmueble de doble planta con techo abuhardillado. Además, se dotó al complejo de una piscina de grandes dimensiones.
Fiscalía considera a los cinco políticos autores de un delito de omisión intencionada de perseguir delitos de los que como autoridades públicas habían tenido conocimiento, lo que pone en relación además con el artículo 74 del Código Penal que habla de «un plan preconcebido». Les pide dos años de inhabilitación para cargo público.
La 'autolicencia'
Al técnico municipal Pablo B. S. se le considera autor de otro delito: «Intervino y emitió, como técnico municipal, informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío». Él y su esposa son los titulares del hotel. Y las obras las hizo a través de la constructora Orbaucons, de la que el propio Pablo B. S. es administrador, según el relato del Fiscal. Para no dejar nada en manos de otro, él mismo elaboró el proyecto de obra. Le piden multa de 5.400 euros por actividades prohibidas a funcionario público.
reymomo@hotmail. es