A juicio el ex alcalde socialista de La Iruela y cuatro de sus ediles
Cinco ex concejales socialistas de La Iruela, entre los que se encuentra el antiguo alcalde Antonio Castillo Olivares, y un ex aparejador municipal se sentarán, la próxima semana, en el banquillo. Están acusados de permitir irregularidades urbanísticas en Arroyo Frío, en pleno Parque Natura
Las edificaciones del Parque Natural, en el punto de mira.-
El Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas ha estado siempre en el ojo del huracán por las construcciones al margen de la ley, a pesar de ser una zona protegida. Arroyo Frío (en la fotografía) es un núcleo de población de La Iruela surgido al abrigo del turismo y en el que han proliferado las edificaciones ilegales.
Rafael Abolafia / Jaén
La Fiscalía acusa a los ediles de omitir su obligación de perseguir delitos, mientras que al técnico le imputa una infracción penal de negociación prohibida a los funcionarios. El Ministerio Público entiende que todos tenían un “plan preconcebido” para hacer la vista gorda con las edificaciones levantadas en terreno no urbanizable e, incluso, protegido medioambientalmente por formar parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
El escrito de calificación provisional de la Fiscalía asegura que, entre 1995 y 2001, los cinco ediles, que formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de La Iruela, hicieron “dejación de funciones de sus facultades de vigilancia urbanística”. En este sentido, permitieron, “a pesar de tener conocimiento de ello, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas”. Entre ellas, el fiscal cita la elevación de alturas, el cambio de destino de uso y, especialmente, la realización de construcciones en suelo no urbano de especial protección.
Así, la Fiscalía enumera varias promociones de viviendas, urbanizaciones de apartamentos, hoteles e, incluso, un campamento juvenil, levantadas en zonas en las que no se puede edificar. Este procedimiento judicial no va contra sus propietarios, sino que sienta en el banquillo a los políticos que, presuntamente, no hicieron nada por impedir que se construyera sin licencia y en el Parque Natural, a pesar de que sabían que lo que estaba pasando.
Además del ex alcalde, los procesados son Serafín V. T., que ocupó el área de Urbanismo; José Ramón G. P., que fuera concejal de Obras y alcalde pedáneo de Arroyo Frío; José Luis G. R., máximo responsable de la pedanía de Burunchel; y Martín F. L. El fiscal pide para ellos 2 años de inhabilitación para ocupar cargo público, el máximo castigo para el delito de omisión de perseguir una infracción penal.
El sexto acusado es Pablo B. S., que fue aparejador municipal hasta el año 2003. El fiscal le imputa un delito de negociación prohibida a funcionario público. Según la calificación, intervino y emitió, en calidad de técnico municipal, un informe favorable para la concesión de la licencia de construcción de un hotel en Arroyo Frío. Según la Fiscalía, ese establecimiento pertenece al propio Pablo B. S. y a su esposa, fue construido por una empresa de la que él es el administrador y, además, también elaboró el proyecto técnico. Se enfrenta a una petición de pena de 5.400 euros y a un año de inhabilitación.
Este es del diario Jaén,, el otro del Ideal.
“Como estará Sevilla”• para que en el Ideal obvien el color político y en el Jaén NO.
O hace mala tarde o estoy mosco!
reymomo@hotmail. es
Cinco ex concejales socialistas de La Iruela, entre los que se encuentra el antiguo alcalde Antonio Castillo Olivares, y un ex aparejador municipal se sentarán, la próxima semana, en el banquillo. Están acusados de permitir irregularidades urbanísticas en Arroyo Frío, en pleno Parque Natura
Las edificaciones del Parque Natural, en el punto de mira.-
El Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas ha estado siempre en el ojo del huracán por las construcciones al margen de la ley, a pesar de ser una zona protegida. Arroyo Frío (en la fotografía) es un núcleo de población de La Iruela surgido al abrigo del turismo y en el que han proliferado las edificaciones ilegales.
Rafael Abolafia / Jaén
La Fiscalía acusa a los ediles de omitir su obligación de perseguir delitos, mientras que al técnico le imputa una infracción penal de negociación prohibida a los funcionarios. El Ministerio Público entiende que todos tenían un “plan preconcebido” para hacer la vista gorda con las edificaciones levantadas en terreno no urbanizable e, incluso, protegido medioambientalmente por formar parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
El escrito de calificación provisional de la Fiscalía asegura que, entre 1995 y 2001, los cinco ediles, que formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de La Iruela, hicieron “dejación de funciones de sus facultades de vigilancia urbanística”. En este sentido, permitieron, “a pesar de tener conocimiento de ello, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas”. Entre ellas, el fiscal cita la elevación de alturas, el cambio de destino de uso y, especialmente, la realización de construcciones en suelo no urbano de especial protección.
Así, la Fiscalía enumera varias promociones de viviendas, urbanizaciones de apartamentos, hoteles e, incluso, un campamento juvenil, levantadas en zonas en las que no se puede edificar. Este procedimiento judicial no va contra sus propietarios, sino que sienta en el banquillo a los políticos que, presuntamente, no hicieron nada por impedir que se construyera sin licencia y en el Parque Natural, a pesar de que sabían que lo que estaba pasando.
Además del ex alcalde, los procesados son Serafín V. T., que ocupó el área de Urbanismo; José Ramón G. P., que fuera concejal de Obras y alcalde pedáneo de Arroyo Frío; José Luis G. R., máximo responsable de la pedanía de Burunchel; y Martín F. L. El fiscal pide para ellos 2 años de inhabilitación para ocupar cargo público, el máximo castigo para el delito de omisión de perseguir una infracción penal.
El sexto acusado es Pablo B. S., que fue aparejador municipal hasta el año 2003. El fiscal le imputa un delito de negociación prohibida a funcionario público. Según la calificación, intervino y emitió, en calidad de técnico municipal, un informe favorable para la concesión de la licencia de construcción de un hotel en Arroyo Frío. Según la Fiscalía, ese establecimiento pertenece al propio Pablo B. S. y a su esposa, fue construido por una empresa de la que él es el administrador y, además, también elaboró el proyecto técnico. Se enfrenta a una petición de pena de 5.400 euros y a un año de inhabilitación.
Este es del diario Jaén,, el otro del Ideal.
“Como estará Sevilla”• para que en el Ideal obvien el color político y en el Jaén NO.
O hace mala tarde o estoy mosco!
reymomo@hotmail. es