(PD).- La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), ambos organismos controlados por el PSOE, ignoraron la Ley de Costas y su propio plan del parque natural del Cabo de Gata al autorizar que se construyese el hotel del Algarrobico, de 20 plantas, a sólo 28 metros del mar.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, ha declarado nula la licencia del hotel y ha pedido al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve serios indicios de corrupción.
Es la primera vez que de forma oficial se apunta a Manuel Chavez y a la Junta controlada por el PSOE, en el "despelote" y "corrupción" que han destrozado las costas andaluzas.
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, al que luego se sumó la Junta, con una caradura antológica. Contra la resolución cabe recurso, pero el juez Rivera ha abierto una vía de agua en la Junta, que puede convertirse en torrente, porque nada -ni siquiera lo ocurrido en Almuñecar o Marbella- hubiera sido posible sin el consentimiento o la complicidad de la Junta.
Como escriben M. J. L. D. y R. M. en El País, que el hotel sea ilegal cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
La sentencia afirma que la Junta manipuló sus planos sobre el parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal, pese a que en la planimetría original, de 1988, el hotel ocupaba una zona imposible de edificar. La Junta defendió durante años que el hotel es legal. Su presidente, Manuel Chaves, sin embargo, declaró ayer que la sentencia "da la razón a la Junta".
El juez insiste en que la obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988, por lo que no podía estar a menos de 100 metros del mar. La Junta insiste aún en que la distancia legal son 50 metros, pese a que desde hace 20 años el ministerio advierte de que son 100 y así lo dictó la Audiencia Nacional.
El magistrado pide a la fiscalía que investigue al ayuntamiento y a la Junta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Junta, según el juez, actuó "de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico" y usó una "burda maniobra" al presentar una cartografía "falsa e insólita". Y concluye que "la abulia y desidia" de estas administraciones "en defensa del interés general" merecen ser investigadas.
http://blogs. periodistadigital. com
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, ha declarado nula la licencia del hotel y ha pedido al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve serios indicios de corrupción.
Es la primera vez que de forma oficial se apunta a Manuel Chavez y a la Junta controlada por el PSOE, en el "despelote" y "corrupción" que han destrozado las costas andaluzas.
La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, al que luego se sumó la Junta, con una caradura antológica. Contra la resolución cabe recurso, pero el juez Rivera ha abierto una vía de agua en la Junta, que puede convertirse en torrente, porque nada -ni siquiera lo ocurrido en Almuñecar o Marbella- hubiera sido posible sin el consentimiento o la complicidad de la Junta.
Como escriben M. J. L. D. y R. M. en El País, que el hotel sea ilegal cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.
La sentencia afirma que la Junta manipuló sus planos sobre el parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal, pese a que en la planimetría original, de 1988, el hotel ocupaba una zona imposible de edificar. La Junta defendió durante años que el hotel es legal. Su presidente, Manuel Chaves, sin embargo, declaró ayer que la sentencia "da la razón a la Junta".
El juez insiste en que la obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de 1988, por lo que no podía estar a menos de 100 metros del mar. La Junta insiste aún en que la distancia legal son 50 metros, pese a que desde hace 20 años el ministerio advierte de que son 100 y así lo dictó la Audiencia Nacional.
El magistrado pide a la fiscalía que investigue al ayuntamiento y a la Junta por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La Junta, según el juez, actuó "de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico" y usó una "burda maniobra" al presentar una cartografía "falsa e insólita". Y concluye que "la abulia y desidia" de estas administraciones "en defensa del interés general" merecen ser investigadas.
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