La corrupción también SE PRESENTó A LAS ELECCIONES " UNA COSA ES LO QUE DICE EL PSOE Y OTRA LO QUE HACEN"
26-5-2007 03:00:01
POR FERNANDO ROJO
MADRID. Si por algo pasarán a la historia los últimos cuatro años en los ayuntamientos de media España será sin duda por los escándalos urbanísticos. Pese a que los casos de corrupción han terminado salpicando tanto al PSOE como al PP, lejos de escarmentar, ambos partidos vuelven a acoger en sus listas a decenas de alcaldes imputados.
Los populares consideran que el hecho de que un político esté envuelto en un proceso judicial no es suficiente para impedirle que se presente a las elecciones. En Génova sólo han apartado a aquellos alcaldes o concejales que están condenados en sentencia firme o que hayan cometido un delito flagrante. Una doctrina que contrasta con la del PSOE, que parecía que iba a ser bastante más inflexible, y que, sin embargo, a la hora de la verdad, es el partido que más candidatos a alcalde imputados presenta a la reelección del próximo domingo.
El propio secretario general socialista, José Blanco, anunció que el código ético de su partido borraría de sus listas a aquellos candidatos imputados por cualquier tipo de delitos y en especial por los urbanísticos. Una promesa que se ha terminado incumpliendo en decenas de ayuntamientos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias o Castilla-La Mancha.
Andalucía
Veinte imputados del PSOE y dos del PP
El caso andaluz es el que más claramente demuestra el incumplimiento por parte del PSOE de su códico ético, pues una veintena de regidores imputados, e incluso algunos condenados en sentencia firme, podrán ser reelegidos mañana. El Partido Popular también incluye a al menos cuatro alcaldes envueltos en escándalos urbanísticos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ex alcalde almeriense de Carboneras, el socialista Cristobal Fernández, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo por coacción al voto. Ahora vuelve a ser candidato por el PSOE, pese a estar imputado por seis delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la venta de unos terrenos en el Cabo de Gata, cercanos al polémico hotel El Agarrobico.
Otros alcaldes o candidatos socialistas imputados por diversos delitos urbanísticos en la provincia de Almería son los socialistas de Garrucha (Andrés Segura), Oria (José Pérez Pérez), Partaloa (Federico Molina Mora), Huercal Overa (Luis García Collado) y Níjar (Joaquín García Fernández).
También repetirá como candidato el alcalde socialista del municipio granadino de Armilla, José Antonio Morales, imputado por corrupción urbanística por una operación con el empresario Tomás Olivo, acusado también en la «Malaya» marbellí. Este mismo escándalo obligó a dimitir al concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, a quien se acusa de haber obtenido un millón de euros de forma fraudulenta, lo que él niega alegando que le tocó la lotería. Otros alcaldes granadinos envueltos en irregularidades urbanísticas son los socialistas de Freila (Alejandro Vico), Cenes de la Vega (Emilio Carrasco), Albolote (Vicente Marcial) y Otura (Francisco Chaves).
Y si a Granada llegan las ramificaciones de la «Malaya», en Cádiz también han tenido operaciones con nombre propio, como la «Pinsapar», en la que está implicada la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, y que ya provocó la dimisión del anterior alcalde y cinco ediles. Otros regidores gaditanos salpicados por irregularidades urbanísticas son los de Medina Sidonia (Francisco Carrera), Jimena de la Frontera (Ildefonso Gómez) y Tarifa (Miguel Manella).
En la provincia de Córdoba, se vuelve a presentar Antonio Guisado, ex alcalde socialista y ahora asesor del presidente de la Diputación, imputados según el PP junto a la ex concejal de Urbanismo y el ex secretario por 18 actuaciones urbanísticas. Y en Huelva, el alcalde de Ayamonte, Rafael González, tiene abiertas diligencias por la construcción de 250 viviendas en terreno protegido. Sin salir de esa provincia, en Valverde del Camino, es el propio alcalde y presidente de la Diputación, José Cejudo, en que está en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros.
Jaén no se libra. Por ejemplo, en La Guardia, el ex alcalde y candidato ahora por el PSOE fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación. También están envueltos en presuntos delitos urbanísticos los alcaldes de Torre del Campo (Blas Sabalete), Baños de la Encina (Miguel Campillo) y Marmolejo (Cristóbal José Relaño).
En la provincia de Málaga, sólo hay un alcalde o candidato socialista en cuestión. Se trata del regidor de Coín, Gabriel Jesús Clavijo, imputado, según el PP, por construir dos viviendas ilegales en zona rústica. En esa provincia, la peor parte se la lleva el PP, que vuelve a presentar a la alcaldía a Juan Martín Serón en Alhaurín de la Torre y a José Guerrero en Alhendín. El primero está imputado por cohecho y prevaricación, y el segundo, que presentó su dimisión al destaparse el escándalo, también está acusado de corrupción urbanística.
Ya en Sevilla, el caso más flagrante por parte del PSOE es el del ex alcalde de Mairena del Aljarafe, que está acusado por el Tribunal de Cuentas por falsedad documental y delitos contra Hacienda. Otros candidatos sevillanos bajo sospecha son los alcaldes socialistas de Las Navas de la Concepción (Antonio Gutiérrez Lora), Villaverde del Río (Rufino Campos Cabeza), Guillena (Justo Padilla), Burguillos (José Juan López) e Isla Mayor.
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26-5-2007 03:00:01
POR FERNANDO ROJO
MADRID. Si por algo pasarán a la historia los últimos cuatro años en los ayuntamientos de media España será sin duda por los escándalos urbanísticos. Pese a que los casos de corrupción han terminado salpicando tanto al PSOE como al PP, lejos de escarmentar, ambos partidos vuelven a acoger en sus listas a decenas de alcaldes imputados.
Los populares consideran que el hecho de que un político esté envuelto en un proceso judicial no es suficiente para impedirle que se presente a las elecciones. En Génova sólo han apartado a aquellos alcaldes o concejales que están condenados en sentencia firme o que hayan cometido un delito flagrante. Una doctrina que contrasta con la del PSOE, que parecía que iba a ser bastante más inflexible, y que, sin embargo, a la hora de la verdad, es el partido que más candidatos a alcalde imputados presenta a la reelección del próximo domingo.
El propio secretario general socialista, José Blanco, anunció que el código ético de su partido borraría de sus listas a aquellos candidatos imputados por cualquier tipo de delitos y en especial por los urbanísticos. Una promesa que se ha terminado incumpliendo en decenas de ayuntamientos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias o Castilla-La Mancha.
Andalucía
Veinte imputados del PSOE y dos del PP
El caso andaluz es el que más claramente demuestra el incumplimiento por parte del PSOE de su códico ético, pues una veintena de regidores imputados, e incluso algunos condenados en sentencia firme, podrán ser reelegidos mañana. El Partido Popular también incluye a al menos cuatro alcaldes envueltos en escándalos urbanísticos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del ex alcalde almeriense de Carboneras, el socialista Cristobal Fernández, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Tribunal Supremo por coacción al voto. Ahora vuelve a ser candidato por el PSOE, pese a estar imputado por seis delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la venta de unos terrenos en el Cabo de Gata, cercanos al polémico hotel El Agarrobico.
Otros alcaldes o candidatos socialistas imputados por diversos delitos urbanísticos en la provincia de Almería son los socialistas de Garrucha (Andrés Segura), Oria (José Pérez Pérez), Partaloa (Federico Molina Mora), Huercal Overa (Luis García Collado) y Níjar (Joaquín García Fernández).
También repetirá como candidato el alcalde socialista del municipio granadino de Armilla, José Antonio Morales, imputado por corrupción urbanística por una operación con el empresario Tomás Olivo, acusado también en la «Malaya» marbellí. Este mismo escándalo obligó a dimitir al concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, a quien se acusa de haber obtenido un millón de euros de forma fraudulenta, lo que él niega alegando que le tocó la lotería. Otros alcaldes granadinos envueltos en irregularidades urbanísticas son los socialistas de Freila (Alejandro Vico), Cenes de la Vega (Emilio Carrasco), Albolote (Vicente Marcial) y Otura (Francisco Chaves).
Y si a Granada llegan las ramificaciones de la «Malaya», en Cádiz también han tenido operaciones con nombre propio, como la «Pinsapar», en la que está implicada la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, y que ya provocó la dimisión del anterior alcalde y cinco ediles. Otros regidores gaditanos salpicados por irregularidades urbanísticas son los de Medina Sidonia (Francisco Carrera), Jimena de la Frontera (Ildefonso Gómez) y Tarifa (Miguel Manella).
En la provincia de Córdoba, se vuelve a presentar Antonio Guisado, ex alcalde socialista y ahora asesor del presidente de la Diputación, imputados según el PP junto a la ex concejal de Urbanismo y el ex secretario por 18 actuaciones urbanísticas. Y en Huelva, el alcalde de Ayamonte, Rafael González, tiene abiertas diligencias por la construcción de 250 viviendas en terreno protegido. Sin salir de esa provincia, en Valverde del Camino, es el propio alcalde y presidente de la Diputación, José Cejudo, en que está en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros.
Jaén no se libra. Por ejemplo, en La Guardia, el ex alcalde y candidato ahora por el PSOE fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación. También están envueltos en presuntos delitos urbanísticos los alcaldes de Torre del Campo (Blas Sabalete), Baños de la Encina (Miguel Campillo) y Marmolejo (Cristóbal José Relaño).
En la provincia de Málaga, sólo hay un alcalde o candidato socialista en cuestión. Se trata del regidor de Coín, Gabriel Jesús Clavijo, imputado, según el PP, por construir dos viviendas ilegales en zona rústica. En esa provincia, la peor parte se la lleva el PP, que vuelve a presentar a la alcaldía a Juan Martín Serón en Alhaurín de la Torre y a José Guerrero en Alhendín. El primero está imputado por cohecho y prevaricación, y el segundo, que presentó su dimisión al destaparse el escándalo, también está acusado de corrupción urbanística.
Ya en Sevilla, el caso más flagrante por parte del PSOE es el del ex alcalde de Mairena del Aljarafe, que está acusado por el Tribunal de Cuentas por falsedad documental y delitos contra Hacienda. Otros candidatos sevillanos bajo sospecha son los alcaldes socialistas de Las Navas de la Concepción (Antonio Gutiérrez Lora), Villaverde del Río (Rufino Campos Cabeza), Guillena (Justo Padilla), Burguillos (José Juan López) e Isla Mayor.
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