En marzo de 1888, los diputados de la provincia presentaron en el Congreso una proposición de ley en la que se pretendía declarar de interés general los
puertos de segundo orden de
San Sebastián de La Gomera y Valverde del Hierro, y que para su ejecución se considerase lo establecido en el Real Decreto de 3 de diciembre de 1866, en el que se dictaban las normas para la construcción de obras públicas. La burocracia estatal superó la lentitud habitual de la época en este caso y en 1896 se recibió un telegrama para el estudio del
puerto de San Sebastián. En mayo de 1909 llegó de
Madrid un informe favorable sobre el expediente de la construcción del puerto, aunque el proceso no quedó resuelto hasta 1911, en que se sucedieron las subastas y en mayo de ese año se adjudicaron las obras.
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