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• La reforma agraria en interés del bienestar público
En los 1760 España vivía una situación parecida a la de México antes de la Revolución Mexicana de 1910. Toda una sexta parte de la tierra de León y las dos Castillas, tanto la Nueva como la Vieja, estaba en manos de varias instituciones religiosas, y el clero podía vender su cosecha sin pagar el impuesto de la "alcabala".
Los economistas contemporáneos lamentaban que el aumento de las tierras en manos feudales, tanto los "mayorazgos" (propiedades privadas heredadas) como las de "manos muertas" (propiedades de propiedad eclesiástica a perpetuidad), había vuelto ociosa mucha tierra.
Es más, grandes rebaños de borregos merinos propiedad del monopolio oficial de los nobles, llamado la Mesta, tenían permitido pasar por tierras cultivadas, destruyendo tanto las cosechas de las granjas locales como su ganado. Esta situación la había descrito Cervantes dos siglos antes, y también Tomás Moro de Inglaterra, en su Utopía.
Carlos III, al igual que sus dos predecesores borbones, hizo bando con los pequeños agricultores y propietarios, y favoreció el cultivo de granos por sobre la crianza del ganado lanar de la Mesta.
En 1760 Carlos decretó la creación de una comisión especial del Concejo de Castilla, conocida como la Contaduría General de Propios y Arbitrios, para supervisar las finanzas municipales. En 1766 cada concejo municipal contó con dos nuevos grupos de funcionarios, a quienes los contribuyentes locales debían elegir. Recibieron los nombres de "procuradores síndico personeros del público" y "diputados del común", y eran responsables del abasto de comida a las ciudades y poblados.
Tras los disturbios de 1766 instigados por los jesuitas, Carlos impulsó más el cultivo del trigo. El Concejo de Castilla, entonces presidido por Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798), y asesorado por Campomanes, ordenó darles tierras a los lugareños por una renta fija muy baja.
En 1771 Campomanes y Moñino (Floridablanca) propusieron, de ser necesario, la distribución de las tierras de pastoreo privadas para beneficio del "bien común". El objetivo de estas reformas era repoblar los vastos pastizales y tierras ociosas con los campesinos y moradores que eran víctimas de explotación bajo el sistema de propiedad feudal.
En 1779 Campomanes recibió el nombramiento de presidente de la Mesta, y durante el resto del reinado de Carlos III aprovechó su autoridad para debilitar esta institución aboliendo de forma gradual la prohibición de cercar los terrenos.
Para darle marcha atrás a la horrenda despoblación que crearon los Habsburgo, empezaron a repoblarse las regiones deshabitadas con colonos extranjeros. Los Estados alemanes habían empleado este método por un siglo, y un empresario prusiano llamado Juan Gaspar de Turriegel le propuso al Concejo de Castilla llevar católicos alemanes a España con este fin. Campomanes recomendó el plan, y Turrigel fue comisionado para echarlo a andar. La decisión fue que los nuevos pobladores colonizaran la Sierra Morena, una cordillera de montañas que separa La Mancha de Andalucía. El Gobierno le encomendó los nuevos asentamientos al peruano don Pablo de Olavide. En pocos años florecieron 44 villas y 11 pueblos de inmigrantes franceses y alemanes, extendiéndose por más de 1.500 kilómetros cuadrados.
Este asentamiento devino en un laboratorio para ensayar varias reformas, y luego llevarlas al resto de España. Por ejemplo, la libertad de elegir a los funcionarios municipales, el derecho a cercar los terrenos y las reformas educativas primero se probaron en Sierra Morena, antes de extenderlas a toda la nación en 1788.
En los 1760 España vivía una situación parecida a la de México antes de la Revolución Mexicana de 1910. Toda una sexta parte de la tierra de León y las dos Castillas, tanto la Nueva como la Vieja, estaba en manos de varias instituciones religiosas, y el clero podía vender su cosecha sin pagar el impuesto de la "alcabala".
Los economistas contemporáneos lamentaban que el aumento de las tierras en manos feudales, tanto los "mayorazgos" (propiedades privadas heredadas) como las de "manos muertas" (propiedades de propiedad eclesiástica a perpetuidad), había vuelto ociosa mucha tierra.
Es más, grandes rebaños de borregos merinos propiedad del monopolio oficial de los nobles, llamado la Mesta, tenían permitido pasar por tierras cultivadas, destruyendo tanto las cosechas de las granjas locales como su ganado. Esta situación la había descrito Cervantes dos siglos antes, y también Tomás Moro de Inglaterra, en su Utopía.
Carlos III, al igual que sus dos predecesores borbones, hizo bando con los pequeños agricultores y propietarios, y favoreció el cultivo de granos por sobre la crianza del ganado lanar de la Mesta.
En 1760 Carlos decretó la creación de una comisión especial del Concejo de Castilla, conocida como la Contaduría General de Propios y Arbitrios, para supervisar las finanzas municipales. En 1766 cada concejo municipal contó con dos nuevos grupos de funcionarios, a quienes los contribuyentes locales debían elegir. Recibieron los nombres de "procuradores síndico personeros del público" y "diputados del común", y eran responsables del abasto de comida a las ciudades y poblados.
Tras los disturbios de 1766 instigados por los jesuitas, Carlos impulsó más el cultivo del trigo. El Concejo de Castilla, entonces presidido por Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719-1798), y asesorado por Campomanes, ordenó darles tierras a los lugareños por una renta fija muy baja.
En 1771 Campomanes y Moñino (Floridablanca) propusieron, de ser necesario, la distribución de las tierras de pastoreo privadas para beneficio del "bien común". El objetivo de estas reformas era repoblar los vastos pastizales y tierras ociosas con los campesinos y moradores que eran víctimas de explotación bajo el sistema de propiedad feudal.
En 1779 Campomanes recibió el nombramiento de presidente de la Mesta, y durante el resto del reinado de Carlos III aprovechó su autoridad para debilitar esta institución aboliendo de forma gradual la prohibición de cercar los terrenos.
Para darle marcha atrás a la horrenda despoblación que crearon los Habsburgo, empezaron a repoblarse las regiones deshabitadas con colonos extranjeros. Los Estados alemanes habían empleado este método por un siglo, y un empresario prusiano llamado Juan Gaspar de Turriegel le propuso al Concejo de Castilla llevar católicos alemanes a España con este fin. Campomanes recomendó el plan, y Turrigel fue comisionado para echarlo a andar. La decisión fue que los nuevos pobladores colonizaran la Sierra Morena, una cordillera de montañas que separa La Mancha de Andalucía. El Gobierno le encomendó los nuevos asentamientos al peruano don Pablo de Olavide. En pocos años florecieron 44 villas y 11 pueblos de inmigrantes franceses y alemanes, extendiéndose por más de 1.500 kilómetros cuadrados.
Este asentamiento devino en un laboratorio para ensayar varias reformas, y luego llevarlas al resto de España. Por ejemplo, la libertad de elegir a los funcionarios municipales, el derecho a cercar los terrenos y las reformas educativas primero se probaron en Sierra Morena, antes de extenderlas a toda la nación en 1788.