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La semana pasada, el Movimiento contra el paro y la precariedad registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) a favor de la creación de una renta básica universal e incondicional para todos los ciudadanos que viven en España, con el objetivo de garantizar sus “necesidades básicas”.
Esta propuesta no es nueva y de hecho está pendiente de un referéndum en Suiza, donde los promotores exigen una renta básica de 2.000 euros mensuales para cada ciudadano. En España, sin embargo, dada nuestra realidad económica y social, las exigencias son mucho menores. Concretamente, se propone una cuantía de 645,3 euros mensuales, que se corresponde con el salario mínimo interprofesional.
Además, este salario coincide con el límite del umbral de la pobreza, que es el estándar que se fija en la Unión Europea para fijar este tipo de rentas. Ahora bien, la clave para responder a la pregunta de si esta propuesta es viable hay que buscarla en los números.
El coste de implantarla en España para todos los ciudadanos (casi 47 millones de personas) sería de 361.000 millones de euros anuales, una cantidad que desborda los ingresos tributarios totales de las comunidades autónomas y el Estado, por lo que se antoja imposible adoptar la medida.
Sin embargo, los Técnicos de Hacienda barajamos la opción de una renta básica limitada a las personas en riesgo de pobreza, para lo que se necesitarían más de 72.000 millones de euros anuales. Esta cifra, pese a ser mucho más baja que la anterior, tampoco sería viable a nivel nacional porque supone casi el 40% de la recaudación global, aunque sí sería posible, al menos su planteamiento, Navarra y, aunque en menor medida, en el País Vasco, gracias a sus bajas tasas de pobreza y al excedente de recaudación obtenida de los regímenes forales.
En el resto de comunidades, el coste supera sus ingresos y, en el mejor de los casos, deja escaso margen para seguir prestando los servicios públicos que se ofrecen en la actualidad, lo que crearía una situación de inestabilidad social y económica. Por tanto, para adoptar medidas de este tipo, primero habría que mejorar la eficacia de nuestro sistema tributario y reducir al menos a la mitad nuestro volumen de economía sumergida para contar con más recursos públicos.
Esta propuesta no es nueva y de hecho está pendiente de un referéndum en Suiza, donde los promotores exigen una renta básica de 2.000 euros mensuales para cada ciudadano. En España, sin embargo, dada nuestra realidad económica y social, las exigencias son mucho menores. Concretamente, se propone una cuantía de 645,3 euros mensuales, que se corresponde con el salario mínimo interprofesional.
Además, este salario coincide con el límite del umbral de la pobreza, que es el estándar que se fija en la Unión Europea para fijar este tipo de rentas. Ahora bien, la clave para responder a la pregunta de si esta propuesta es viable hay que buscarla en los números.
El coste de implantarla en España para todos los ciudadanos (casi 47 millones de personas) sería de 361.000 millones de euros anuales, una cantidad que desborda los ingresos tributarios totales de las comunidades autónomas y el Estado, por lo que se antoja imposible adoptar la medida.
Sin embargo, los Técnicos de Hacienda barajamos la opción de una renta básica limitada a las personas en riesgo de pobreza, para lo que se necesitarían más de 72.000 millones de euros anuales. Esta cifra, pese a ser mucho más baja que la anterior, tampoco sería viable a nivel nacional porque supone casi el 40% de la recaudación global, aunque sí sería posible, al menos su planteamiento, Navarra y, aunque en menor medida, en el País Vasco, gracias a sus bajas tasas de pobreza y al excedente de recaudación obtenida de los regímenes forales.
En el resto de comunidades, el coste supera sus ingresos y, en el mejor de los casos, deja escaso margen para seguir prestando los servicios públicos que se ofrecen en la actualidad, lo que crearía una situación de inestabilidad social y económica. Por tanto, para adoptar medidas de este tipo, primero habría que mejorar la eficacia de nuestro sistema tributario y reducir al menos a la mitad nuestro volumen de economía sumergida para contar con más recursos públicos.