Grandes chimeneas han empezado a surgir en el paisaje urbano de nuestras ciudades. A su lado, inmensos vertederos nos recuerdan la imparable producción de basura que es capaz de generar el ser humano. Para hacerla desaparecer han nacido las incineradoras, provocando la desesperación de quienes apuestan por su reutilización.
Unos y otros están desde 1990 inmersos en la guerra más sucia del medio ambiente español, con las dioxinas como principal frente de batalla. La previsible victoria del PP el próximo 3 de marzo, puede de todos modos inclinar la balanza del lado de quienes prefieren quemar la basura, frente a la postura ambigua de PSOE, que ha optado durante los últimos cinco años por un cómodo «dejar hacer».
Una gran ciudad como Madrid o Valencia deposita cada día en sus afueras más de 3.000 toneladas de basura, a razón de unos 300 kilos por ciudadano. Este inmenso volumen ha obligado a los políticos a buscar soluciones y, salvo excepciones, se han decantado por esos gigantescos hornos crematorios llamados incineradoras a pesar de su elevado coste, nunca inferior a los 15.000 millones de pesetas. Las más modernas, sin embargo, las que pueden presumir de aplicar la «esctricta» normativa alemana, elevan su coste por encima de los 50.000 millones de pesetas.
Para los residuos urbanos hay ya en funcionamiento algo más de 20 incineradoras, buena parte de ellas en Cataluña, y hay proyectos para construir otras tantas; para los industriales hay apenas tres o cuatro; dos para fangos de depuradoras, y en cuanto a los de origen hospitalario, prácticamente una por cada gran hospital.
Los ecologistas -ayudados por las plataformas ciudadanas creadas por los vecindarios afectados- creen que esta política es como intentar apagar un incendio con gasolina. Las incineradoras, en primer lugar, no eliminan las basuras sino que reducen su volumen transformándolas en cenizas, una nueva basura, pero con el agravante de ser muy tóxica.
Sólo la polémica planta de Valdemingómez (Madrid) producirá -si llega a funcionar algún día- 30.000 toneladas anuales que es preciso guardar en almecenes de seguridad ya bautizados como «ceniceros». Su impacto ambiental queda fuera de toda duda como ha puesto de relieve, en el caso madrileño, la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma: se pretende instalar sobre un acuífero que filtrará las cenizas directamente al cauce del río Manzanares y, en última instancia, al mismo Tajo.
Las dioxinas son el otro gran frente de batalla, como bien ha puesto de manifiesto la Fiscalía de Madrid en su actuación contra la planta de Valdemingómez. Los propios científicos no se ponen de acuerdo sobre estas sustancias, casi imperceptibles en el humo que expulsan las chimeneas pero que aún así podrían provocar cáncer. Alemania, por ejemplo, exige que sus emisiones sean inferiores a 0, 1 nanogramos, pero también hay quien afirma que los vertederos y hasta una simple hoguera produce más cantidad de dioxinas que las mismas incineradoras.
Mientras se dirime esta cuestión, los grupos ecologistas siguen su lucha por las alternativas al fuego: prevenir, reutilizar y reciclar son sus tres mandamientos para la gestión de los residuos, como explica Theo Oberhuber, de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA). Destacan además las virtudes del compostaje de la materia orgánica, un abono que además de eliminar basuras serviría para paliar nuestro déficit de suelo fértil.
Asimismo, frente al argumento de la generación de energía que argumentan los defensores de las incineradoras, ellos contraponen el ahorro que supone producir menos basuras y su reutilización.
La reacción social, por su parte, ha contribuido de forma sustancial a paralizar numerosos proyectos, casi una treintena desde 1990. Ahí esta por ejemplo la incineradora de residuos industriales que se pretendía levantar en 1992 en Almadén (Ciudad Real).
La normativa europea trata de ordenar este sector y ha impuesto duras condiciones para su instalación. Ello ha servido para que la incineradora de Mondragón, en Guipuzcoa, Deva cerrar sus hornos antes del próximo diciembre, pero no para ganar esta batalla: La Diputación provincial ya ha puesto en marcha el proceso para construir una nueva.
Farero.
Unos y otros están desde 1990 inmersos en la guerra más sucia del medio ambiente español, con las dioxinas como principal frente de batalla. La previsible victoria del PP el próximo 3 de marzo, puede de todos modos inclinar la balanza del lado de quienes prefieren quemar la basura, frente a la postura ambigua de PSOE, que ha optado durante los últimos cinco años por un cómodo «dejar hacer».
Una gran ciudad como Madrid o Valencia deposita cada día en sus afueras más de 3.000 toneladas de basura, a razón de unos 300 kilos por ciudadano. Este inmenso volumen ha obligado a los políticos a buscar soluciones y, salvo excepciones, se han decantado por esos gigantescos hornos crematorios llamados incineradoras a pesar de su elevado coste, nunca inferior a los 15.000 millones de pesetas. Las más modernas, sin embargo, las que pueden presumir de aplicar la «esctricta» normativa alemana, elevan su coste por encima de los 50.000 millones de pesetas.
Para los residuos urbanos hay ya en funcionamiento algo más de 20 incineradoras, buena parte de ellas en Cataluña, y hay proyectos para construir otras tantas; para los industriales hay apenas tres o cuatro; dos para fangos de depuradoras, y en cuanto a los de origen hospitalario, prácticamente una por cada gran hospital.
Los ecologistas -ayudados por las plataformas ciudadanas creadas por los vecindarios afectados- creen que esta política es como intentar apagar un incendio con gasolina. Las incineradoras, en primer lugar, no eliminan las basuras sino que reducen su volumen transformándolas en cenizas, una nueva basura, pero con el agravante de ser muy tóxica.
Sólo la polémica planta de Valdemingómez (Madrid) producirá -si llega a funcionar algún día- 30.000 toneladas anuales que es preciso guardar en almecenes de seguridad ya bautizados como «ceniceros». Su impacto ambiental queda fuera de toda duda como ha puesto de relieve, en el caso madrileño, la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma: se pretende instalar sobre un acuífero que filtrará las cenizas directamente al cauce del río Manzanares y, en última instancia, al mismo Tajo.
Las dioxinas son el otro gran frente de batalla, como bien ha puesto de manifiesto la Fiscalía de Madrid en su actuación contra la planta de Valdemingómez. Los propios científicos no se ponen de acuerdo sobre estas sustancias, casi imperceptibles en el humo que expulsan las chimeneas pero que aún así podrían provocar cáncer. Alemania, por ejemplo, exige que sus emisiones sean inferiores a 0, 1 nanogramos, pero también hay quien afirma que los vertederos y hasta una simple hoguera produce más cantidad de dioxinas que las mismas incineradoras.
Mientras se dirime esta cuestión, los grupos ecologistas siguen su lucha por las alternativas al fuego: prevenir, reutilizar y reciclar son sus tres mandamientos para la gestión de los residuos, como explica Theo Oberhuber, de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA). Destacan además las virtudes del compostaje de la materia orgánica, un abono que además de eliminar basuras serviría para paliar nuestro déficit de suelo fértil.
Asimismo, frente al argumento de la generación de energía que argumentan los defensores de las incineradoras, ellos contraponen el ahorro que supone producir menos basuras y su reutilización.
La reacción social, por su parte, ha contribuido de forma sustancial a paralizar numerosos proyectos, casi una treintena desde 1990. Ahí esta por ejemplo la incineradora de residuos industriales que se pretendía levantar en 1992 en Almadén (Ciudad Real).
La normativa europea trata de ordenar este sector y ha impuesto duras condiciones para su instalación. Ello ha servido para que la incineradora de Mondragón, en Guipuzcoa, Deva cerrar sus hornos antes del próximo diciembre, pero no para ganar esta batalla: La Diputación provincial ya ha puesto en marcha el proceso para construir una nueva.
Farero.