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El bienio de las reformas (1931-1933)
Gobierno de la República en 1931
Entre 1931 y 1933, Manuel Azaña presidió el gobierno de lo que se considera el bienio reformista por excelencia de toda la Segunda República, aunque algunas medidas decisivas ya habían comenzado con el gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora.
La coalición azañista
Azaña accedió por primera vez a la presidencia del gobierno en octubre de 1931, después de las dimisiones de Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Una de sus primeras acciones fue la aprobación en las Cortes de la Ley de Defensa de la República, una medida preventiva frente a cualquier posible ataque al régimen republicano.
Aprobada la Constitución, se acordó la continuidad de las Cortes Constituyentes, así como la elevación a la presidencia de la República de Niceto Alcalá-Zamora.
La composición del gobierno de Azaña se mantuvo en pie hasta finales del verano de 1933. Fue el gobierno más estable de la República y el responsable de las principales acciones de reforma de todo el régimen. Se podrían destacar los siguientes ámbitos:
La política de obras públicas, diseñada por Indalecio Prieto, supuso la recuperación de la tradición de la dictadura de Primo de Rivera en obras hidráulicas y ferroviarias.
La política educativa y cultural del ministro socialista Fernando de los Ríos en Instrucción Pública llevó a cabo acciones tan señaladas como la duplicación del número de escuelas primarias, la creación de las misiones pedagógicas y el apoyo a la expansión universitaria, de la que fue ejemplo la ciudad universitaria de Madrid.
En política económica, el catalanista Jaume Carner desarrolló una importante labor de equilibrio del presupuesto y de saneamiento económico.
En política social, Largo Caballero prosiguió la legislación social iniciada en los primeros meses de la República, con decretos sobre intensificación de cultivos (1932) o la Ley de Contrato de Trabajo (1931).
La reforma agraria
Esta reforma intentaba transformar la estructura agraria española, al crear una numerosa clase de pequeños propietarios dotando de tierra al campesino, y acabar con el latifundismo. Para ello se expropiarían mediante indemnización las grandes propiedades, así como las tierras que eran arrendadas sistemáticamente.
La Ley, aprobada en septiembre de 1932, preveía un ritmo de asentamiento anual de 60.000 a 70.000 campesinos. Pero el Instituto de Reforma Agraria (IRA), creado al efecto, no contó con dinero suficiente para alcanzar esas metas.
Las autonomías: Cataluña, País Vasco y Galicia
En Cataluña las reivindicaciones catalanas se encauzaron de acuerdo con la Constitución, a través del Estatuto de Cataluña, aprobado en septiembre de 1932. Cataluña se convertía en una región autónoma con gobierno propio, la Generalitat, constituida por un Presidente, un Parlamento que elegía al Presidente y un Consejo Ejecutivo. Al gobierno central quedaban reservados el orden público, la defensa nacional y las relaciones exteriores. Macià fue elegido presidente de la Generalitat y Companys lo fue del Parlamento. La aprobación del Estatuto contó con fuerte oposición en las Cortes y en la prensa de derechas, y despertó recelos en los medios militares.
La autonomía del País Vasco siguió un rumbo bastante distinto de la catalana, dada la oposición que la coalición azañista presentó al nacionalismo vasco por su carácter foralista y católico.
También faltaba acuerdo en las sociedades vasca y navarra. A pesar del empeño del Partido Nacionalista Vasco, el estatuto de autonomía no logró ser aprobado en todas las provincias. En 1932 los ayuntamientos de Navarra lo rechazaron, y en el plebiscito de 1933 el apoyo de la población de Álava no alcanzó la mitad del censo.
El proceso se retomó tras la victoria del Frente Popular, en 1936.
La autonomía de Galicia no llegó a concretarse a pesar de haber sido aprobado por los ayuntamientos un texto estatutario en 1932. Su aprobación en plebiscito tuvo lugar en junio de 1936, pero el estallido de la guerra impidió su puesta en vigor.
Sublevación de Sanjurjo y los sucesos de Casas Viejas
En agosto de 1932, la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla evidenció la protesta de los sectores afectados por las reformas del gobierno. El movimiento militar fracasó y sus dirigentes fueron condenados a muerte, pena que fue conmutada por la de cadena perpetua.
En contrapartida, las protestas de la izquierda por la lentitud de la reforma agraria fue causa del alzamiento anarquista que acabó con los sangrientos sucesos de Casas Viejas, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil. Este dramático episodio provocó la dimisión de Manuel Azaña en septiembre de 1933. El presidente de la República disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones.
Gobierno de la República en 1931
Entre 1931 y 1933, Manuel Azaña presidió el gobierno de lo que se considera el bienio reformista por excelencia de toda la Segunda República, aunque algunas medidas decisivas ya habían comenzado con el gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora.
La coalición azañista
Azaña accedió por primera vez a la presidencia del gobierno en octubre de 1931, después de las dimisiones de Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Una de sus primeras acciones fue la aprobación en las Cortes de la Ley de Defensa de la República, una medida preventiva frente a cualquier posible ataque al régimen republicano.
Aprobada la Constitución, se acordó la continuidad de las Cortes Constituyentes, así como la elevación a la presidencia de la República de Niceto Alcalá-Zamora.
La composición del gobierno de Azaña se mantuvo en pie hasta finales del verano de 1933. Fue el gobierno más estable de la República y el responsable de las principales acciones de reforma de todo el régimen. Se podrían destacar los siguientes ámbitos:
La política de obras públicas, diseñada por Indalecio Prieto, supuso la recuperación de la tradición de la dictadura de Primo de Rivera en obras hidráulicas y ferroviarias.
La política educativa y cultural del ministro socialista Fernando de los Ríos en Instrucción Pública llevó a cabo acciones tan señaladas como la duplicación del número de escuelas primarias, la creación de las misiones pedagógicas y el apoyo a la expansión universitaria, de la que fue ejemplo la ciudad universitaria de Madrid.
En política económica, el catalanista Jaume Carner desarrolló una importante labor de equilibrio del presupuesto y de saneamiento económico.
En política social, Largo Caballero prosiguió la legislación social iniciada en los primeros meses de la República, con decretos sobre intensificación de cultivos (1932) o la Ley de Contrato de Trabajo (1931).
La reforma agraria
Esta reforma intentaba transformar la estructura agraria española, al crear una numerosa clase de pequeños propietarios dotando de tierra al campesino, y acabar con el latifundismo. Para ello se expropiarían mediante indemnización las grandes propiedades, así como las tierras que eran arrendadas sistemáticamente.
La Ley, aprobada en septiembre de 1932, preveía un ritmo de asentamiento anual de 60.000 a 70.000 campesinos. Pero el Instituto de Reforma Agraria (IRA), creado al efecto, no contó con dinero suficiente para alcanzar esas metas.
Las autonomías: Cataluña, País Vasco y Galicia
En Cataluña las reivindicaciones catalanas se encauzaron de acuerdo con la Constitución, a través del Estatuto de Cataluña, aprobado en septiembre de 1932. Cataluña se convertía en una región autónoma con gobierno propio, la Generalitat, constituida por un Presidente, un Parlamento que elegía al Presidente y un Consejo Ejecutivo. Al gobierno central quedaban reservados el orden público, la defensa nacional y las relaciones exteriores. Macià fue elegido presidente de la Generalitat y Companys lo fue del Parlamento. La aprobación del Estatuto contó con fuerte oposición en las Cortes y en la prensa de derechas, y despertó recelos en los medios militares.
La autonomía del País Vasco siguió un rumbo bastante distinto de la catalana, dada la oposición que la coalición azañista presentó al nacionalismo vasco por su carácter foralista y católico.
También faltaba acuerdo en las sociedades vasca y navarra. A pesar del empeño del Partido Nacionalista Vasco, el estatuto de autonomía no logró ser aprobado en todas las provincias. En 1932 los ayuntamientos de Navarra lo rechazaron, y en el plebiscito de 1933 el apoyo de la población de Álava no alcanzó la mitad del censo.
El proceso se retomó tras la victoria del Frente Popular, en 1936.
La autonomía de Galicia no llegó a concretarse a pesar de haber sido aprobado por los ayuntamientos un texto estatutario en 1932. Su aprobación en plebiscito tuvo lugar en junio de 1936, pero el estallido de la guerra impidió su puesta en vigor.
Sublevación de Sanjurjo y los sucesos de Casas Viejas
En agosto de 1932, la sublevación del general Sanjurjo en Sevilla evidenció la protesta de los sectores afectados por las reformas del gobierno. El movimiento militar fracasó y sus dirigentes fueron condenados a muerte, pena que fue conmutada por la de cadena perpetua.
En contrapartida, las protestas de la izquierda por la lentitud de la reforma agraria fue causa del alzamiento anarquista que acabó con los sangrientos sucesos de Casas Viejas, donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil. Este dramático episodio provocó la dimisión de Manuel Azaña en septiembre de 1933. El presidente de la República disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones.