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El camino hacia Europa
Felipe González firma el Tratado de Adhesión a la CEE
El desarrollo económico experimentado por la economía española en la década de los sesenta, hacía necesario romper el aislamiento del país e integrarlo en el Mercado Común Europeo (CEE), que se había convertido, desde su fundación (1957, Tratado de Roma), en el eje de la economía de Europa occidental.
Durante la dictadura franquista, España solicitó la apertura de negociaciones para estudiar una plena integración, a pesar de que, en enero de 1962, el Parlamento Europeo había establecido que ésta no sería posible si los países aspirantes no contaban con un sistema político democrático. De este modo, las relaciones entre el régimen y la CEE se mantuvieron solo en el terreno comercial. En este sentido, la CEE ofreció a España en 1967 un acuerdo preferencial, que, tras las negociaciones, se firmó en Luxemburgo en 1970. En 1973, al acuerdo preferencial se añadió un protocolo adicional.
Con la instauración de la democracia, la solicitud española de adhesión a la Comunidad quedó desbloqueada, y comenzaron a plantearse conversaciones y plazos. Sin embargo, la Comunidad de los seis países fundadores (Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y la República Federal de Alemania), ampliada a nueve en 1972 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda) y a diez en 1981 (Grecia), necesitaba adaptar sus propios mecanismos antes de aceptar a los nuevos candidatos: España y Portugal.
Las negociaciones del Tratado de Adhesión fueron al principio difíciles, sobre todo por las reticencias francesas. Este país estaba presionado por los intereses de sus campesinos, que veían en la agricultura española una amenaza para la salida de sus productos al mercado europeo. Alemania, sin embargo, vinculó el aumento de los fondos comunitarios a la entrada de España y Portugal, y a partir de 1982, con la subida del socialista Mitterrand al poder en Francia, las relaciones entre ambos gobiernos mejoraron considerablemente. El proceso se aceleró así entre los años 1983-1985 y el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión, en vigor desde el 1 de enero de 1986.
La adhesión a la CEE
El Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea otorgó a España, en proporción a su población, el derecho a tener dos miembros en la Comisión Europea (gobierno de la CE) y 60 diputados en el Parlamento Europeo, que fueron elegidos, por primera vez, en las elecciones generales europeas de 1989. España es miembro del Tribunal de Justicia y de los diversos consejos y organismos comunitarios. En el primer semestre de 1989 ejerció la presidencia de la Comunidad.
La incorporación española a la Europa política y económica supuso un cambio histórico que rompía la tendencia aislacionista del país en los últimos dos siglos. Suponía asimismo un reto a la capacidad productiva de la economía que debió competir sin protección con las de sus vecinos.
La adhesión a la CEE implicó hacer más competitiva la economía española para adaptarla al resto de los países, que en general tenían un mayor nivel de desarrollo. Las medidas para la incorporación a la CEE más importantes fueron:
La continuación de la reconversión industrial con el cierre de industrias no competitivas, la concentración de empresas y el desarrollo de la inversión en nuevas tecnologías.
La contención de la inflación, mediante la limitación de las subidas salariales y el control del gasto público.
La disminución del déficit público, posible gracias a la generalización de los impuestos.
A consecuencia de estas medidas, el paro se mantuvo por encima del 15 % durante la década siguiente a la entrada del país en la UE.
Por ello, a pesar de los problemas de adaptación que el tratado creó en algunos sectores concretos (lácteos, cítricos, pesca), la pertenencia a la UE fue considerada como una apuesta para el progreso económico y una garantía para la estabilidad política. Además, la política comunitaria destinaba importantes recursos para disminuir las diferencias de desarrollo entre España y los países más avanzados de Europa.
Felipe González firma el Tratado de Adhesión a la CEE
El desarrollo económico experimentado por la economía española en la década de los sesenta, hacía necesario romper el aislamiento del país e integrarlo en el Mercado Común Europeo (CEE), que se había convertido, desde su fundación (1957, Tratado de Roma), en el eje de la economía de Europa occidental.
Durante la dictadura franquista, España solicitó la apertura de negociaciones para estudiar una plena integración, a pesar de que, en enero de 1962, el Parlamento Europeo había establecido que ésta no sería posible si los países aspirantes no contaban con un sistema político democrático. De este modo, las relaciones entre el régimen y la CEE se mantuvieron solo en el terreno comercial. En este sentido, la CEE ofreció a España en 1967 un acuerdo preferencial, que, tras las negociaciones, se firmó en Luxemburgo en 1970. En 1973, al acuerdo preferencial se añadió un protocolo adicional.
Con la instauración de la democracia, la solicitud española de adhesión a la Comunidad quedó desbloqueada, y comenzaron a plantearse conversaciones y plazos. Sin embargo, la Comunidad de los seis países fundadores (Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y la República Federal de Alemania), ampliada a nueve en 1972 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda) y a diez en 1981 (Grecia), necesitaba adaptar sus propios mecanismos antes de aceptar a los nuevos candidatos: España y Portugal.
Las negociaciones del Tratado de Adhesión fueron al principio difíciles, sobre todo por las reticencias francesas. Este país estaba presionado por los intereses de sus campesinos, que veían en la agricultura española una amenaza para la salida de sus productos al mercado europeo. Alemania, sin embargo, vinculó el aumento de los fondos comunitarios a la entrada de España y Portugal, y a partir de 1982, con la subida del socialista Mitterrand al poder en Francia, las relaciones entre ambos gobiernos mejoraron considerablemente. El proceso se aceleró así entre los años 1983-1985 y el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión, en vigor desde el 1 de enero de 1986.
La adhesión a la CEE
El Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea otorgó a España, en proporción a su población, el derecho a tener dos miembros en la Comisión Europea (gobierno de la CE) y 60 diputados en el Parlamento Europeo, que fueron elegidos, por primera vez, en las elecciones generales europeas de 1989. España es miembro del Tribunal de Justicia y de los diversos consejos y organismos comunitarios. En el primer semestre de 1989 ejerció la presidencia de la Comunidad.
La incorporación española a la Europa política y económica supuso un cambio histórico que rompía la tendencia aislacionista del país en los últimos dos siglos. Suponía asimismo un reto a la capacidad productiva de la economía que debió competir sin protección con las de sus vecinos.
La adhesión a la CEE implicó hacer más competitiva la economía española para adaptarla al resto de los países, que en general tenían un mayor nivel de desarrollo. Las medidas para la incorporación a la CEE más importantes fueron:
La continuación de la reconversión industrial con el cierre de industrias no competitivas, la concentración de empresas y el desarrollo de la inversión en nuevas tecnologías.
La contención de la inflación, mediante la limitación de las subidas salariales y el control del gasto público.
La disminución del déficit público, posible gracias a la generalización de los impuestos.
A consecuencia de estas medidas, el paro se mantuvo por encima del 15 % durante la década siguiente a la entrada del país en la UE.
Por ello, a pesar de los problemas de adaptación que el tratado creó en algunos sectores concretos (lácteos, cítricos, pesca), la pertenencia a la UE fue considerada como una apuesta para el progreso económico y una garantía para la estabilidad política. Además, la política comunitaria destinaba importantes recursos para disminuir las diferencias de desarrollo entre España y los países más avanzados de Europa.