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La modernización de la sociedad ha acompañado al progreso económico. La Constitución de 1978 estableció la igualdad legal de hombres y mujeres y acabó con una secular discriminación que dificultaba la incorporación de la mujer al mundo laboral, político y social.
En los años ochenta se prosiguió con la regulación de los derechos y libertades, entre los que destacan la aprobación del divorcio en 1981, la regulación del derecho a la educación en 1984, la legalización del aborto en 1985 y el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2005.
Fruto del progreso económico y social y del desarrollo de los derechos y libertades se han producido importantes cambios demográficos.
La natalidad ha caído por debajo de la tasa de reproducción, lo que amenaza con paralizar el crecimiento demográfico natural del país. Además, la esperanza de vida ha aumentado, por la extensión de la atención a la tercera edad. Ambos factores han provocado el envejecimiento demográfico de España.
El desarrollo económico ha convertido España en un país de acogida de inmigrantes desde finales de los años ochenta. Estos aumentan a un ritmo elevado, pasando de 30.000 inmigrantes registrados en 1996 a cerca de medio millón de personas en 2002. Esto ha planteado el problema de la necesaria integración.
Sin embargo, a pesar de los avances, subsisten notables desigualdades y problemas sociales:
Las diferencias regionales son elevadas, pues Madrid (la Comunidad con una renta per cápita más elevada) dobla la renta de la más pobre.
Los desequilibrios de ingresos entre los distintos sectores de la población son igualmente grandes; por ejemplo, en el año 2000 la renta media del grupo más desfavorecido, los jubilados, solo era un tercio del promedio de los ingresos familiares.
Subsisten minorías marginadas que permanecen excluidas en gran parte. Es el caso de la etnia gitana, los crecientes inmigrantes ilegales o muchos hogares encabezados por mujeres con ingresos inferiores a los de los varones, que viven en la indigencia.
El desempleo y la inestabilidad en el puesto de trabajo condenan a la pobreza y a la dependencia económica a muchos jóvenes.
La violencia doméstica, normalmente ejercida por los varones contra las personas más desprotegidas, las mujeres, los niños o los ancianos.
En los años ochenta se prosiguió con la regulación de los derechos y libertades, entre los que destacan la aprobación del divorcio en 1981, la regulación del derecho a la educación en 1984, la legalización del aborto en 1985 y el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2005.
Fruto del progreso económico y social y del desarrollo de los derechos y libertades se han producido importantes cambios demográficos.
La natalidad ha caído por debajo de la tasa de reproducción, lo que amenaza con paralizar el crecimiento demográfico natural del país. Además, la esperanza de vida ha aumentado, por la extensión de la atención a la tercera edad. Ambos factores han provocado el envejecimiento demográfico de España.
El desarrollo económico ha convertido España en un país de acogida de inmigrantes desde finales de los años ochenta. Estos aumentan a un ritmo elevado, pasando de 30.000 inmigrantes registrados en 1996 a cerca de medio millón de personas en 2002. Esto ha planteado el problema de la necesaria integración.
Sin embargo, a pesar de los avances, subsisten notables desigualdades y problemas sociales:
Las diferencias regionales son elevadas, pues Madrid (la Comunidad con una renta per cápita más elevada) dobla la renta de la más pobre.
Los desequilibrios de ingresos entre los distintos sectores de la población son igualmente grandes; por ejemplo, en el año 2000 la renta media del grupo más desfavorecido, los jubilados, solo era un tercio del promedio de los ingresos familiares.
Subsisten minorías marginadas que permanecen excluidas en gran parte. Es el caso de la etnia gitana, los crecientes inmigrantes ilegales o muchos hogares encabezados por mujeres con ingresos inferiores a los de los varones, que viven en la indigencia.
El desempleo y la inestabilidad en el puesto de trabajo condenan a la pobreza y a la dependencia económica a muchos jóvenes.
La violencia doméstica, normalmente ejercida por los varones contra las personas más desprotegidas, las mujeres, los niños o los ancianos.