La sociedad, y las instituciones destinadas a esa tarea, están llamadas a abrir a los ancianos espacios adecuados de formación y de participación, y a garantizar formas de asistencia social y sanitaria adecuadas a las distintas exigencias y que respondan a la necesidad de la persona humana de vivir con dignidad, en la justicia y en la libertad. Con ese objeto, junto a un compromiso del Estado en favor de la promoción y tutela del bien común, hay que sostener y valorizar —respetando el principio de subsidiariedad— la acción del voluntariado y la aportación de las iniciativas inspiradas en la caridad cristiana.