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ALCONCHEL DE LA ESTRELLA: Los servicios que necesitan las víctimas dejan corren...

Los servicios que necesitan las víctimas dejan corren el riesgo de dejar de ser una prioridad en muchos entornos, incluidos los refugios, los servicios de atención médica, los servicios policiales y de justicia. Esta pandemia afecta gravemente la prestación de servicios médicos, psicosociales y legales necesarios para apoyar a las vítimas. Algunos informes revelaron el cierre de refugios para supervivientes de violencia de género y se cancelaron clínicas móviles y servicios de asesoramiento y se desviaron recursos. Otro obstáculo para acceder a los servicios es el miedo a la propagación del virus. Los proveedores de servicios de salud y los equipos de respuesta de emergencia suelen ser el primer punto de contacto para las víctimas. Sin embargo, las mujeres, entre ellas las sobrevivientes de violencia sexual, pueden estar menos dispuestas a buscar ayuda, sobre todo en los servicios sanitarios porque temen poden contraer el COVID-19 y transmitirlo a sus familias.

Stay-at-home restrictions and other measures inhibiting the movement of people have contributed to an increase in domestic and gender-based violence. Women and girls already in abusive situations are more exposed to increased control and restrictions by their abusers, with little or no recourse to seek support. Accessing help can also be more difficult due to confinement with the abuser.

Las restricciones por el confinamiento obligado en los hogares y otras medidas tomadas debido a la pandemia, inhiben el movimiento de personas lo que contribuye a un aumento de la violencia doméstica y de género. Las mujeres y niñas que ya viven en situación de abuso están más expuestas a un mayor control y restricciones por parte de sus abusadores, con pocos o ningún recurso para buscar apoyo.

Por último, las cuarentenas y otras restricciones a la circulación también han frenado el trabajo de supervisión, presentación de informes y divulgación de los Asesores superiores de protección de las mujeres, los Asesores de protección de la infancia y las entidades de las Naciones Unidas, que tienen el mandato de recopilar información, verificar violaciones y mejorar el cumplimiento, por parte tanto del Estado y de terceros, con las obligaciones internacionales, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.