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El 12 de marzo el Consejo Nacional de Defensa condenó a muerte a uno de los militares de filiación comunista que se habían opuesto al golpe y dictó medidas urgentes para eliminar la "influencia comunista" en el ejército (abolición de los comisarios políticos, supresión de la estrella roja en el uniforme militar, supresión del puño cerrado como saludo militar, etc.). De inmediato el Consejo intentó llegar a un acuerdo con el gobierno de Burgos para lograr una «paz honrosa», pero el bando sublevado insistía desde febrero en que sólo se admitiría la rendición incondicional de la República.
Además, el 8 de febrero el "Generalísmo" Franco había dictado en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas donde se condenaba de antemano (y de modo retroactivo) a prácticamente todo individuo que hubiera apoyado activamente a la Segunda República Española desde el 1 de octubre de 1934, como civil o militar, sin importar su cargo, partido, o jerarquía. Al conocerse el contenido de esta Ley en la zona republicana creció el miedo a las represalias, pues la norma daba a Franco un poder absoluto y discrecional para ejercer la represión política contra cualquier persona que hubiera prestado servicios a la República, sin importar su filiación política.
El 19 de marzo, Franco aceptó recibir a los enviados republicanos y, en efecto, Casado envió el día 23 unos emisarios a Burgos, el teniente coronel Garijo y el comandante Ortega, para negociar directamente con el bando sublevado; el Consejo Nacional de Defensa esperaba al menos que, si Franco no aceptaba condiciones de paz, por lo menos garantizara la ausencia de represalias.
No obstante, desde que Gran Bretaña y Francia ya habían reconocido al régimen de Franco, y tras la aplastante victoria de la Ofensiva de Cataluña, se reforzaban las ansias del bando sublevado para exigir una capitulación sin condiciones a la República, más aún sabiendo que ésta se reconocía vencida e incapaz de resistir más tiempo. Esto evitaba un compromiso "entre militares" de última hora (similar al Abrazo de Vergara) que legitimara después a los republicanos para formar oposición y entorpeciera la autoridad absoluta del nuevo Caudillo.
Ese mismo día 23 se realizaron las conversaciones, donde los enviados de Franco reiteraron que sólo sería aceptada la rendición sin condiciones de las tropas republicanas, agregando que en un plazo de dos días la aviación de la República debería ser entregada a los franquistas, y que el 27 de marzo se decretaría un alto al fuego en todos los frentes para que las tropas rebeldes avanzaran: ante ello las fuerzas republicanas sólo deberían rendirse y entregar sus armas. Sobre las temidas represalias, Franco tan sólo ofrecía una vaga promesa verbal de «justicia a quienes no hubieran cometido crímenes», sin dar más explicaciones. Tampoco se aceptó la petición de Casado para ejecutar una «rendición por zonas» con el fin de dar tiempo a los refugiados republicanos que desearan salir de España.
Los emisarios de Casado pidieron un total de veinticinco días para cumplir las exigencias, pero ello les fue negado: solo se les permitió redactar un documento que fijase un modo pacífico de proceder a la rendición, pues las tropas franquistas simplemente avanzarían en ofensiva cuando venciera el plazo fijado por Franco. Finalmente, el 25 de marzo los emisarios de Franco protestaron porque la aviación republicana no se había entregado aún, acusando a Casado de «no controlar sus tropas y no estar por tanto en condiciones de negociar» y dando por terminada toda negociación. Los emisarios republicanos volvieron a Madrid en la mañana del día 26 para apurar la entrega de la aviación pero ya era tarde. En la madrugada del 27 de marzo Franco no esperó más y ordenó a sus tropas lanzar la ofensiva.
El 12 de marzo el Consejo Nacional de Defensa condenó a muerte a uno de los militares de filiación comunista que se habían opuesto al golpe y dictó medidas urgentes para eliminar la "influencia comunista" en el ejército (abolición de los comisarios políticos, supresión de la estrella roja en el uniforme militar, supresión del puño cerrado como saludo militar, etc.). De inmediato el Consejo intentó llegar a un acuerdo con el gobierno de Burgos para lograr una «paz honrosa», pero el bando sublevado insistía desde febrero en que sólo se admitiría la rendición incondicional de la República.
Además, el 8 de febrero el "Generalísmo" Franco había dictado en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas donde se condenaba de antemano (y de modo retroactivo) a prácticamente todo individuo que hubiera apoyado activamente a la Segunda República Española desde el 1 de octubre de 1934, como civil o militar, sin importar su cargo, partido, o jerarquía. Al conocerse el contenido de esta Ley en la zona republicana creció el miedo a las represalias, pues la norma daba a Franco un poder absoluto y discrecional para ejercer la represión política contra cualquier persona que hubiera prestado servicios a la República, sin importar su filiación política.
El 19 de marzo, Franco aceptó recibir a los enviados republicanos y, en efecto, Casado envió el día 23 unos emisarios a Burgos, el teniente coronel Garijo y el comandante Ortega, para negociar directamente con el bando sublevado; el Consejo Nacional de Defensa esperaba al menos que, si Franco no aceptaba condiciones de paz, por lo menos garantizara la ausencia de represalias.
No obstante, desde que Gran Bretaña y Francia ya habían reconocido al régimen de Franco, y tras la aplastante victoria de la Ofensiva de Cataluña, se reforzaban las ansias del bando sublevado para exigir una capitulación sin condiciones a la República, más aún sabiendo que ésta se reconocía vencida e incapaz de resistir más tiempo. Esto evitaba un compromiso "entre militares" de última hora (similar al Abrazo de Vergara) que legitimara después a los republicanos para formar oposición y entorpeciera la autoridad absoluta del nuevo Caudillo.
Ese mismo día 23 se realizaron las conversaciones, donde los enviados de Franco reiteraron que sólo sería aceptada la rendición sin condiciones de las tropas republicanas, agregando que en un plazo de dos días la aviación de la República debería ser entregada a los franquistas, y que el 27 de marzo se decretaría un alto al fuego en todos los frentes para que las tropas rebeldes avanzaran: ante ello las fuerzas republicanas sólo deberían rendirse y entregar sus armas. Sobre las temidas represalias, Franco tan sólo ofrecía una vaga promesa verbal de «justicia a quienes no hubieran cometido crímenes», sin dar más explicaciones. Tampoco se aceptó la petición de Casado para ejecutar una «rendición por zonas» con el fin de dar tiempo a los refugiados republicanos que desearan salir de España.
Los emisarios de Casado pidieron un total de veinticinco días para cumplir las exigencias, pero ello les fue negado: solo se les permitió redactar un documento que fijase un modo pacífico de proceder a la rendición, pues las tropas franquistas simplemente avanzarían en ofensiva cuando venciera el plazo fijado por Franco. Finalmente, el 25 de marzo los emisarios de Franco protestaron porque la aviación republicana no se había entregado aún, acusando a Casado de «no controlar sus tropas y no estar por tanto en condiciones de negociar» y dando por terminada toda negociación. Los emisarios republicanos volvieron a Madrid en la mañana del día 26 para apurar la entrega de la aviación pero ya era tarde. En la madrugada del 27 de marzo Franco no esperó más y ordenó a sus tropas lanzar la ofensiva.