Luz ahora 0,12893 €/kWh
Nada es tan transparente, tan luminoso y tan claro como la luz, y, curiosamente, pocas cosas hay más opacas y confusas que la factura del consumo de energía. Desde hace ya mucho tiempo, los españoles ponen el grito en el cielo por el precio al que se les carga la electricidad, el más alto de nuestro entorno, y por el desconocimiento del precio que les van a exigir por el kilovatio a consumir. Los usuarios se indignan porque no entienden cómo, con el escaso empleo que hacen de la electricidad, la facturación no desciende. Nadie entiende por qué se paga casi lo mismo cuando se está consumiendo luz que cuando la vivienda está cerrada, así que se exige la transparencia necesaria antes de tomar decisiones sobre su consumo y, a cambio, se recibe el silencio, cuando no la complejidad de lo abstracto; y pese a las interminables quejas a las empresas, a las instituciones y al defensor del consumidor, la oscuridad sigue imperando en algo que debiera ser tan nítido como la luz.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, hace ya tiempo que emprendió una cruzada contra las compañías eléctricas, responsabilizándolas del disparadero del elevado coste del suministro de energía, mientras que éstas se quejan de los sistemas empleados para establecer el precio. Los procedimientos basados en las subastas o ahora en el de acudir al precio del mercado mayorista eléctrico, cuya metodología ha rechazado la patronal eléctrica (Unesa) por «absolutamente inadecuada», rayan lo psicodélico y encallan con la necesidad de conocer su coste anticipado por todos y, especialmente, por los empresarios. Como no es así, se vulnera la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
A las quejas del ministro, que tacha de aberrantes las frecuentes e imparables subidas, y llegó a calificar de burda manipulación a una subasta, cuyo resultado anuló, las compañías responden bien de forma ingrata, como Iberdrola en Londres, que, ante sus inversionistas internacionales, nos ha tachado de país bananero, informando que reducirá las inversiones, pese a haberse lucrado sin límites y sin competencia en nuestro país, o dando cumplida información y detalle del contenido de una factura media en cualquier hogar, en la que se aprecia el disparatado coste de los conceptos ajenos a la electricidad. También se han facilitado los datos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y resulta que, de cada 100 euros facturados, 37,5 euros corresponden al consumo, 21,4 euros a impuestos (IVA e impuesto sobre la electricidad) y el resto, 41,10 euros, a una variopinta panoplia de extravagancias: peajes por subvenciones a energía eólica, fotovoltaica y solar, cogeneración de energías renovables, distribución, deuda, compensaciones extrapeninsulares por subvención para que los ciudadanos isleños paguen lo mismo que los peninsulares, transporte hasta las poblaciones, deudas contraídas en los años anteriores por el déficit tarifario, etc. Ante tan alarmante retahíla que nos viene impuesta, es evidente que han tomado la factura de la luz por el pito del sereno, pese a la importancia del producto para empresas y hogares.
Si tan básico es para el país que el coste de la luz no se dispare, ¿por qué no se le libera de tantas cargas que se arraciman por su consumo y hasta sin consumirla? Los ministros Soria y Montoro deberían saber que la carga fiscal que soporta un bien tan esencial es excesiva, que no es de justicia que sufran el tipo superior de IVA y, además, el impuesto especial sobre la electricidad, como si alumbrarse, fabricar o comercializar fuesen una frivolidad para el país.
¿Cómo pueden sorprenderse nuestros ministros ante el coste de la electricidad si de sus departamentos parten las cargas más abusivas de la facturación? ¿Cómo no se ruborizan nuestros políticos por mantener un sistema que se conoce como «puertas giratorias», ya que en un plis plas los lleva del Gobierno una vez cesantes a las empresas que muchas veces ellos mismos habían regulado? ¿Cómo pueden permitir el expolio que supone para miles de familias tal carestía? ¿Cómo no se abochornan porque provocan el cierre de miles de pequeñas industrias? ¿Por qué se incorporan a estas compañías, con sueldos astronómicos, sin contar con conocimientos específicos ni funciones que justifiquen sus desproporcionados salarios? ¿Cómo se atreve el ministro Soria a anunciar como remedio del mal la implantación de contadores inteligentes que supondrá cambiar más de 20 millones de medidores sin que haya garantías de éxito?
A la lista interminable de políticos como Felipe González, José María Aznar, Pedro Solbes, Ángel Acebes, Elena Salgado y tantos otros vinculados a las empresas de energía, se acaban de unir otros cinco históricos del PP en el consejo de administración de Enagás. Son Ana Palacio, Isabel Tocino, Hernández Mancha, Gonzalo Solana y Luis Valero. La empresa al parecer puede permitirse el dispendio, porque incrementó sus beneficios un 6,2% respecto al año anterior, y eso que la demanda descendió un 4%. La conclusión es fácil: ¿Qué empresa no integrada en un oligopolio puede ganar más vendiendo menos? Sólo aquellas que establecen los precios a sus productos arbitrariamente y cuyo consumo es obligado.
Dad de beber al sediento
Y si esto pasa con la luz, ¿qué ocurre con el agua, todavía más necesaria y básica si cabe? También en su consumo se producen abusos en el tratamiento fiscal y un no menos escabroso conjunto de conceptos son facturados por las compañías, que suelen actuar en el ámbito municipal como monopolios.
Del detalle de una factura del suministro de agua a un hogar, resulta que del importe total facturado, 48,43 euros, el consumo de agua sólo representa 1,77 euros, la cuota de servicio asciende a 21,96 euros, el servicio de contador a 1,71 euros, la cuota de servicio de alcantarillado a 4,56 euros, el consumo de alcantarillado a 0,39 euros, y en concepto de impuestos, por IVA, son 3,23 euros. Por si fuera poco, a tales cuantías se le añaden las que se destinan a la Comunidad Autónoma: por el canon de saneamiento, se facturan 10,06 euros de cuota de servicio y 4,75 euros por el consumo. Así que, del total importe, tan solo corresponde al consumo de agua 1,947 euros. Siendo más preciso: del gasto medio diario de 0,526 euros por día, tan solo 0,021 euros corresponden al agua consumida. Los números muestran, de nuevo, la escasa incidencia que en el coste del servicio tiene la moderación en el consumo del agua, un bien preciado, escaso, que necesita protección en un planeta cada vez más carente de este recurso. Muestran, en fin, lo imposible que le resultará a cualquier ciudadano reducir su factura aun cerrando el grifo.
Los ciudadanos exigen saber por qué los precios del agua, de la electricidad y del gas siguen infectados por tantos conceptos espurios sin que los políticos los supriman. Por qué, éstos, tras haber pasado por la política y contar con prebendas retributivas posteriores, desembarcan en las grandes compañías a cambio de remuneraciones desmedidas. Por qué, ocupando altos cargos, no impiden estos expolios, no hacen comprensibles las facturas, no suprimen de ellas tanta broza, no procuran que su importe tenga que ver con el consumo. Si algún día lo lograsen, exclamaríamos, como el físico griego Arquímedes, « ¡eureka!». De momento, lo mejor es no sumergirnos en la bañera y decir: « ¡Apaga y vámonos!».
Un abrazo
Juan
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, hace ya tiempo que emprendió una cruzada contra las compañías eléctricas, responsabilizándolas del disparadero del elevado coste del suministro de energía, mientras que éstas se quejan de los sistemas empleados para establecer el precio. Los procedimientos basados en las subastas o ahora en el de acudir al precio del mercado mayorista eléctrico, cuya metodología ha rechazado la patronal eléctrica (Unesa) por «absolutamente inadecuada», rayan lo psicodélico y encallan con la necesidad de conocer su coste anticipado por todos y, especialmente, por los empresarios. Como no es así, se vulnera la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
A las quejas del ministro, que tacha de aberrantes las frecuentes e imparables subidas, y llegó a calificar de burda manipulación a una subasta, cuyo resultado anuló, las compañías responden bien de forma ingrata, como Iberdrola en Londres, que, ante sus inversionistas internacionales, nos ha tachado de país bananero, informando que reducirá las inversiones, pese a haberse lucrado sin límites y sin competencia en nuestro país, o dando cumplida información y detalle del contenido de una factura media en cualquier hogar, en la que se aprecia el disparatado coste de los conceptos ajenos a la electricidad. También se han facilitado los datos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y resulta que, de cada 100 euros facturados, 37,5 euros corresponden al consumo, 21,4 euros a impuestos (IVA e impuesto sobre la electricidad) y el resto, 41,10 euros, a una variopinta panoplia de extravagancias: peajes por subvenciones a energía eólica, fotovoltaica y solar, cogeneración de energías renovables, distribución, deuda, compensaciones extrapeninsulares por subvención para que los ciudadanos isleños paguen lo mismo que los peninsulares, transporte hasta las poblaciones, deudas contraídas en los años anteriores por el déficit tarifario, etc. Ante tan alarmante retahíla que nos viene impuesta, es evidente que han tomado la factura de la luz por el pito del sereno, pese a la importancia del producto para empresas y hogares.
Si tan básico es para el país que el coste de la luz no se dispare, ¿por qué no se le libera de tantas cargas que se arraciman por su consumo y hasta sin consumirla? Los ministros Soria y Montoro deberían saber que la carga fiscal que soporta un bien tan esencial es excesiva, que no es de justicia que sufran el tipo superior de IVA y, además, el impuesto especial sobre la electricidad, como si alumbrarse, fabricar o comercializar fuesen una frivolidad para el país.
¿Cómo pueden sorprenderse nuestros ministros ante el coste de la electricidad si de sus departamentos parten las cargas más abusivas de la facturación? ¿Cómo no se ruborizan nuestros políticos por mantener un sistema que se conoce como «puertas giratorias», ya que en un plis plas los lleva del Gobierno una vez cesantes a las empresas que muchas veces ellos mismos habían regulado? ¿Cómo pueden permitir el expolio que supone para miles de familias tal carestía? ¿Cómo no se abochornan porque provocan el cierre de miles de pequeñas industrias? ¿Por qué se incorporan a estas compañías, con sueldos astronómicos, sin contar con conocimientos específicos ni funciones que justifiquen sus desproporcionados salarios? ¿Cómo se atreve el ministro Soria a anunciar como remedio del mal la implantación de contadores inteligentes que supondrá cambiar más de 20 millones de medidores sin que haya garantías de éxito?
A la lista interminable de políticos como Felipe González, José María Aznar, Pedro Solbes, Ángel Acebes, Elena Salgado y tantos otros vinculados a las empresas de energía, se acaban de unir otros cinco históricos del PP en el consejo de administración de Enagás. Son Ana Palacio, Isabel Tocino, Hernández Mancha, Gonzalo Solana y Luis Valero. La empresa al parecer puede permitirse el dispendio, porque incrementó sus beneficios un 6,2% respecto al año anterior, y eso que la demanda descendió un 4%. La conclusión es fácil: ¿Qué empresa no integrada en un oligopolio puede ganar más vendiendo menos? Sólo aquellas que establecen los precios a sus productos arbitrariamente y cuyo consumo es obligado.
Dad de beber al sediento
Y si esto pasa con la luz, ¿qué ocurre con el agua, todavía más necesaria y básica si cabe? También en su consumo se producen abusos en el tratamiento fiscal y un no menos escabroso conjunto de conceptos son facturados por las compañías, que suelen actuar en el ámbito municipal como monopolios.
Del detalle de una factura del suministro de agua a un hogar, resulta que del importe total facturado, 48,43 euros, el consumo de agua sólo representa 1,77 euros, la cuota de servicio asciende a 21,96 euros, el servicio de contador a 1,71 euros, la cuota de servicio de alcantarillado a 4,56 euros, el consumo de alcantarillado a 0,39 euros, y en concepto de impuestos, por IVA, son 3,23 euros. Por si fuera poco, a tales cuantías se le añaden las que se destinan a la Comunidad Autónoma: por el canon de saneamiento, se facturan 10,06 euros de cuota de servicio y 4,75 euros por el consumo. Así que, del total importe, tan solo corresponde al consumo de agua 1,947 euros. Siendo más preciso: del gasto medio diario de 0,526 euros por día, tan solo 0,021 euros corresponden al agua consumida. Los números muestran, de nuevo, la escasa incidencia que en el coste del servicio tiene la moderación en el consumo del agua, un bien preciado, escaso, que necesita protección en un planeta cada vez más carente de este recurso. Muestran, en fin, lo imposible que le resultará a cualquier ciudadano reducir su factura aun cerrando el grifo.
Los ciudadanos exigen saber por qué los precios del agua, de la electricidad y del gas siguen infectados por tantos conceptos espurios sin que los políticos los supriman. Por qué, éstos, tras haber pasado por la política y contar con prebendas retributivas posteriores, desembarcan en las grandes compañías a cambio de remuneraciones desmedidas. Por qué, ocupando altos cargos, no impiden estos expolios, no hacen comprensibles las facturas, no suprimen de ellas tanta broza, no procuran que su importe tenga que ver con el consumo. Si algún día lo lograsen, exclamaríamos, como el físico griego Arquímedes, « ¡eureka!». De momento, lo mejor es no sumergirnos en la bañera y decir: « ¡Apaga y vámonos!».
Un abrazo
Juan