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Los obispos acusan al Gobierno socialista de reabrir heridas de la Guerra Civil con su proyecto de ley sobre la memoria histórica. Ellos llevan décadas empeñados en elevar a los altares a miles de muertos, todas de un bando, en aquella contienda incivil.
La Conferencia Episcopal Española sostiene que la II República (1931-1939) significó para la Iglesia católica "la última persecución religiosa", con 6.832 mártires, entre ellos 4.184 sacerdotes y 12 obispos. Los obispos excluyen de la relación a los curas fusilados por los fascistas en el País Vasco.
La ofensiva de la jerarquía católica para elevar a los altares a sus víctimas se inició apenas proclamada la victoria del sublevado general Franco, el 1 de abril de 1939. Pío XII, elegido Papa un mes antes, lo proclamó en un radiomensaje 15 días después (16 de abril): "La nación elegida por Dios acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista la prueba de que, por encima de todo, están los valores de la religión". El pontífice rubricó esa admiración nombrando al implacable dictador español protocanónigo de la romana basílica de Santa María la Mayor.
Los obispos de la época reclamaron de Roma una "beatificación colectiva". Los acontecimientos posteriores abortaron la operación. La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 obligó al Vaticano a retrasar una proclamación semejante, temeroso de que la ceremonia se interpretase como una beatificación de la dictadura criminal de Franco. Y más tarde, muerto Pío XII, el obstáculo fue la evolución de catolicismo, impulsada por el Concilio Vaticano II y, sobre todo, por los papas Pablo VI y Juan XXIII, antifranquistas declarados. Este último llegó a prohibir que se pronunciara la palabra cruzada en su presencia.
Ninguno de los jerarcas del catolicismo en aquel trágico período de la historia figura entre los santificables. No el cardenal Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca en 1936. Bendijo el ajuste de cuentas en una pastoral que apelaba, en metáfora repugnante, a las dos ciudades de san Agustín, es decir, a una cruzada a muerte de Abel contra Caín. Ni tampoco el cardenal de Toledo y primado de España, Isidro Gomá. Suya fue la idea y el texto de la Carta colectiva del episcopado, de 1937. Sin miramiento alguno, la pastoral se puso de parte de los militares golpistas y proclamó "el sentido cristiano de la guerra".
Memoria por memoria, conviene que se conozcan todas. Los obispos se enfadan si se les recuerda que Franco utilizó a placer a la Iglesia católica. Víctimas, pero también verdugos, se dejaron querer durante décadas por aquel caudillo, del que obtuvieron generosos beneficios en años de terribles penurias -fusilamientos, cárcel, exilio, hambre y falta de libertades- para el pueblo español.
La Conferencia Episcopal Española sostiene que la II República (1931-1939) significó para la Iglesia católica "la última persecución religiosa", con 6.832 mártires, entre ellos 4.184 sacerdotes y 12 obispos. Los obispos excluyen de la relación a los curas fusilados por los fascistas en el País Vasco.
La ofensiva de la jerarquía católica para elevar a los altares a sus víctimas se inició apenas proclamada la victoria del sublevado general Franco, el 1 de abril de 1939. Pío XII, elegido Papa un mes antes, lo proclamó en un radiomensaje 15 días después (16 de abril): "La nación elegida por Dios acaba de dar a los prosélitos del ateísmo materialista la prueba de que, por encima de todo, están los valores de la religión". El pontífice rubricó esa admiración nombrando al implacable dictador español protocanónigo de la romana basílica de Santa María la Mayor.
Los obispos de la época reclamaron de Roma una "beatificación colectiva". Los acontecimientos posteriores abortaron la operación. La derrota del nazismo y el fascismo en 1945 obligó al Vaticano a retrasar una proclamación semejante, temeroso de que la ceremonia se interpretase como una beatificación de la dictadura criminal de Franco. Y más tarde, muerto Pío XII, el obstáculo fue la evolución de catolicismo, impulsada por el Concilio Vaticano II y, sobre todo, por los papas Pablo VI y Juan XXIII, antifranquistas declarados. Este último llegó a prohibir que se pronunciara la palabra cruzada en su presencia.
Ninguno de los jerarcas del catolicismo en aquel trágico período de la historia figura entre los santificables. No el cardenal Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca en 1936. Bendijo el ajuste de cuentas en una pastoral que apelaba, en metáfora repugnante, a las dos ciudades de san Agustín, es decir, a una cruzada a muerte de Abel contra Caín. Ni tampoco el cardenal de Toledo y primado de España, Isidro Gomá. Suya fue la idea y el texto de la Carta colectiva del episcopado, de 1937. Sin miramiento alguno, la pastoral se puso de parte de los militares golpistas y proclamó "el sentido cristiano de la guerra".
Memoria por memoria, conviene que se conozcan todas. Los obispos se enfadan si se les recuerda que Franco utilizó a placer a la Iglesia católica. Víctimas, pero también verdugos, se dejaron querer durante décadas por aquel caudillo, del que obtuvieron generosos beneficios en años de terribles penurias -fusilamientos, cárcel, exilio, hambre y falta de libertades- para el pueblo español.