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LA CAIDA DE LA MONARQUIA (CAPITULO 1ª)
El rechazo del comportamiento político por la opinión pública, a pesar de los intentos de reformismo del último gobierno liberal, la espiral terrorista, la decepción por la anarquía existente y la incapacidad militar en Marruecos, habían producido una brecha en el sistema político que se auguraba la necesidad de un redentor, que no había otro motivo que garantizar, la permanencia de la hegemonía conservadora en el poder político, sin los riesgos de una alternancia democrática.
La restauración del orden en Cataluña y la revancha en Marruecos, con una prensa controlada con una apariencia en la opinión pública, fortaleció la imagen primera de Primo de Rivera, cuya intervención estaba legitimada por respaldo político en general, al rey Alfonso XIII.
Así también, de las ilusiones perdidas, nacían rencores de los catalanistas, los católicos de los sindicatos agrarios y de la enseñanza privada, por los privilegios conseguidos por la UGT, los militares junteros, irritados por el favoritismo con que se trataba a sus Instituciones y a sus jefes, así como otros grupos, como los sindicalistas de la CNT, los comunistas, izquierda catalana y republicanos, que fueron objeto de represión, más o menos severa.
La dictadura, no logró crear una corriente de opinión positiva, pues los políticos conservadores y liberales, separados y alejados del juego político, a excepción de algunos mauristas como Juan de la Cierva, de la necesidad de volver al orden constitucional.
Algunos elementos, democristianos como Gil Robles y Giménez Fernández, no ven la posibilidad de la aplicación de sus principios que introdujeron en el Estatuto Municipal y Provincial, respecto al voto femenino, escrutinio proporcional y autonomía municipal.
Otras fuerzas políticas, como la derecha catalana, después la creación del gran partido, Unión Patriótica, ven impotente su desvió político y su fracaso organizativo.
La Iglesia, no encuentra en Primo de Rivera, a pesar de sus alardes sobre la moral católica, un candidato ideal, porque encuentra en sus gustos y costumbres, afinidad con las ideas regeneracionistas afín a la laicidad.
La coyuntura económica favorable de las primeras etapas del Directorio militar, no planteaba la necesidad de buscar otras fuerzas políticas en opinión, para ocupar el poder o ser atendido.
En septiembre de 1926, se convoca un Referéndum, para disfrazar el vacío político y un año más tarde, se convoca una Asamblea deliberante de designación corporativa o gubernamental, para elaborar unas leyes constituyentes.
Posteriormente, el rey firmaba por Decreto, la abolición definitiva en España, del régimen constitucional y del Parlamento.
En julio del 1929, se presenta en el pleno de la Asamblea Nacional Consultiva, un proyecto de Constitución, elaborado por mauristas: Gabriel Maura, La Cierva, Goicoechea, y tradicionalistas como: Víctor Pradera, Ramiro de Maeztu y José María Pemán.
El proyecto creaba, una Asamblea única, con doble representación, individual y corporativa y un Consejo del Reino, consultado por el rey, para la designación del Jefe de Gobierno.
El espíritu del documento, representaba un retroceso comparado con las disposiciones de Aunos y de Calvo Sotelo.
Mientras se reducía la base política del poder, la oposición al nuevo régimen demostró su división ideológica, su incapacidad fáctica y su pobre estrategia para combatirla.
En el extranjero, campaña de exiliados políticos como Blasco Ibáñez y Unamuno, irritan, pero no inquietan al sistema.
El rechazo del comportamiento político por la opinión pública, a pesar de los intentos de reformismo del último gobierno liberal, la espiral terrorista, la decepción por la anarquía existente y la incapacidad militar en Marruecos, habían producido una brecha en el sistema político que se auguraba la necesidad de un redentor, que no había otro motivo que garantizar, la permanencia de la hegemonía conservadora en el poder político, sin los riesgos de una alternancia democrática.
La restauración del orden en Cataluña y la revancha en Marruecos, con una prensa controlada con una apariencia en la opinión pública, fortaleció la imagen primera de Primo de Rivera, cuya intervención estaba legitimada por respaldo político en general, al rey Alfonso XIII.
Así también, de las ilusiones perdidas, nacían rencores de los catalanistas, los católicos de los sindicatos agrarios y de la enseñanza privada, por los privilegios conseguidos por la UGT, los militares junteros, irritados por el favoritismo con que se trataba a sus Instituciones y a sus jefes, así como otros grupos, como los sindicalistas de la CNT, los comunistas, izquierda catalana y republicanos, que fueron objeto de represión, más o menos severa.
La dictadura, no logró crear una corriente de opinión positiva, pues los políticos conservadores y liberales, separados y alejados del juego político, a excepción de algunos mauristas como Juan de la Cierva, de la necesidad de volver al orden constitucional.
Algunos elementos, democristianos como Gil Robles y Giménez Fernández, no ven la posibilidad de la aplicación de sus principios que introdujeron en el Estatuto Municipal y Provincial, respecto al voto femenino, escrutinio proporcional y autonomía municipal.
Otras fuerzas políticas, como la derecha catalana, después la creación del gran partido, Unión Patriótica, ven impotente su desvió político y su fracaso organizativo.
La Iglesia, no encuentra en Primo de Rivera, a pesar de sus alardes sobre la moral católica, un candidato ideal, porque encuentra en sus gustos y costumbres, afinidad con las ideas regeneracionistas afín a la laicidad.
La coyuntura económica favorable de las primeras etapas del Directorio militar, no planteaba la necesidad de buscar otras fuerzas políticas en opinión, para ocupar el poder o ser atendido.
En septiembre de 1926, se convoca un Referéndum, para disfrazar el vacío político y un año más tarde, se convoca una Asamblea deliberante de designación corporativa o gubernamental, para elaborar unas leyes constituyentes.
Posteriormente, el rey firmaba por Decreto, la abolición definitiva en España, del régimen constitucional y del Parlamento.
En julio del 1929, se presenta en el pleno de la Asamblea Nacional Consultiva, un proyecto de Constitución, elaborado por mauristas: Gabriel Maura, La Cierva, Goicoechea, y tradicionalistas como: Víctor Pradera, Ramiro de Maeztu y José María Pemán.
El proyecto creaba, una Asamblea única, con doble representación, individual y corporativa y un Consejo del Reino, consultado por el rey, para la designación del Jefe de Gobierno.
El espíritu del documento, representaba un retroceso comparado con las disposiciones de Aunos y de Calvo Sotelo.
Mientras se reducía la base política del poder, la oposición al nuevo régimen demostró su división ideológica, su incapacidad fáctica y su pobre estrategia para combatirla.
En el extranjero, campaña de exiliados políticos como Blasco Ibáñez y Unamuno, irritan, pero no inquietan al sistema.