El supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo es la nueva línea de investigación que está siguiendo la jueza Mercedes Alaya y lo que ha dado con los huesos en la cárcel del ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, que se han unido, entre otros, a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que ingresó en prisión un día antes. Pero hay que recordar que el escándalo estalló cuando se destapó la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas que se beneficiaron de un fondo público de la Junta, el llamado fondo de reptiles, dotado con 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo y en 42 de ellas se han detectado irregularidades.
Esas actuaciones irregulares se produjeron durante diez años y, supuestamente, los principales responsable de la Junta no se percataron de nada.
Esas actuaciones irregulares se produjeron durante diez años y, supuestamente, los principales responsable de la Junta no se percataron de nada.
