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Poco después de la llegada de José María Aznar (1989) a la presidencia del Partido Popular salta a la prensa el llamado Caso Naseiro. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido.
El procesamiento de estos miembros del Partido Popular tuvo lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, el concejal de Valencia Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de algunos implicados.
El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar que, teniendo un precedente de lo sucedido en el PSOE, realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. La crisis hizo que varios miembros del Partido Popular fueran expulsados de éste, e incluso se pidió la expulsión de Eduardo Zaplana1 el cual posteriormente llegaría a ser presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del último gobierno de Aznar.
El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de Ángel Sanchis Perales y de Pedro Agramunt, Presidente del PPCV, donde quedó archivado a causa de algunas irregularidades en la instrucción del sumario: Las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados. No obstante, las grabaciones se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio.
A pesar de este asunto, la imagen de José María Aznar en la política nacional no se vio deteriorada, al no tener él mismo implicación conocida en el asunto. Se consolidaron su poder dentro del Partido Popular, su imagen como líder de la oposición y la de su partido como alternativa de gobierno, no quedando jurídicamente manchadas por el escándalo.
La escuchas telefónicas anuladas por la ilegalidad cometida al obtenerlas, y determinada frase Estoy en la política para forrarme de Vicente Sanz (ex-presidente de la Diputación de Valencia por el PP) en una conversación con Eduardo Zaplana, continúan utilizándose como arma arrojadiza por los adversarios políticos del ya retirado político valenciano. 2
El procesamiento de estos miembros del Partido Popular tuvo lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, el concejal de Valencia Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de algunos implicados.
El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar que, teniendo un precedente de lo sucedido en el PSOE, realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. La crisis hizo que varios miembros del Partido Popular fueran expulsados de éste, e incluso se pidió la expulsión de Eduardo Zaplana1 el cual posteriormente llegaría a ser presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del último gobierno de Aznar.
El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de Ángel Sanchis Perales y de Pedro Agramunt, Presidente del PPCV, donde quedó archivado a causa de algunas irregularidades en la instrucción del sumario: Las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados. No obstante, las grabaciones se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio.
A pesar de este asunto, la imagen de José María Aznar en la política nacional no se vio deteriorada, al no tener él mismo implicación conocida en el asunto. Se consolidaron su poder dentro del Partido Popular, su imagen como líder de la oposición y la de su partido como alternativa de gobierno, no quedando jurídicamente manchadas por el escándalo.
La escuchas telefónicas anuladas por la ilegalidad cometida al obtenerlas, y determinada frase Estoy en la política para forrarme de Vicente Sanz (ex-presidente de la Diputación de Valencia por el PP) en una conversación con Eduardo Zaplana, continúan utilizándose como arma arrojadiza por los adversarios políticos del ya retirado político valenciano. 2