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Poyales del Hoyo (Ávila)
La pequeña localidad abulense de Poyales del Hoyo, de apenas 600 habitantes, se encuentra en la misma falda de la sierra de Gredos, ya casi fronteriza con Cáceres. Sus habitantes viven fundamentalmente del higo y, según han confirmado a LA GACETA, “aquí nunca pasa nada. Apenas hay paro, todo el mundo se lleva bien y se respeta”.
Sin embargo, una decisión de Antonio Cerro, alcalde del PP con mayoría absoluta, de abrir una fosa construida en 2002 con restos de 10 vecinos del bando republicano fallecidos durante la Guerra Civil para trasladarlos a la fosa común propiedad del ayuntamiento ha puesto este municipio en boca de todo el mundo. Un acto de protesta convocado por diversas asociaciones de la Memoria Histórica acabó en un enfrentamiento verbal entre los manifestantes y los vecinos del pueblo.
El regidor recibió a LA GACETA y le explicó cómo sucedieron los acontecimientos. Además, mostró la documentación que demuestra que los familiares de los fallecidos que se encontraban en la fosa apoyan totalmente la decisión del alcalde y rechazan las actuaciones y la manipulación de las asociaciones por la Memoria Histórica.
De esta manera, cuatro descendientes de las víctimas han firmado cartas de repulsa a las protestas que protagonizaron los defensores de la ley aprobada por Rodríguez Zapatero.
Los documentos no dejan duda al señalar: “Ante los hechos acaecidos el pasado 30 de julio (...) expreso mi indignación por la tergiversación de lo sucedido y por el daño moral que se está haciendo a los familiares”, en clara alusión a las asociaciones de Memoria Histórica.
Del mismo modo, apoyan las medidas emprendidas por el consistorio, que “se ha ocupado de todos los preparativos para la exhumación”, un acto en el que se personaron “el alcalde y la juez de Paz que fueron testigos de lo allí sucedido”.
Desmienten por escrito que se haya dañado la lápida existente con anterioridad y señaló que “los familiares de Doña Virtudes se hicieron cargo de la citada lápida”.
Consideran que las medidas de urgencia adoptadas por el equipo de Gobierno municipal son las adecuadas, puesto que al levantar la lápida bajo la que se encontraban los cuerpos “se apreciaron las malas condiciones en las que se encontraba la fosa con medio metro de agua en su interior y que no permitía un enterramiento digno. Es por ello por lo que se tuvieron que inhumar en la fosa común”.
Con aviso
El alcalde señala: “El ayuntamiento habló con las familias de todas las víctimas enterradas allí para comunicarles que se va a abrir la fosa y todo el mundo está de acuerdo. Todos menos dos familiares: uno que no hemos localizado; y otro que miente, porque dice que no se ha enterado cuando es amigo de la juez que dio la orden de la exhumación, que nos ha comunicado que se lo dijo. Es un familiar de un enterrado que está en arresto domiciliario por malos tratos”.
El alcalde, para confirmar estas palabras, muestra los cuatro documentos con registro de entrada del ayuntamiento en los que varios familiares de los exhumados señalan su apoyo a las actuaciones. Antonio Cerro explica a este periódico cómo se desarrolló la extracción de los cuerpos y por qué se decidió su traslado: “Quedamos en el cementerio, donde ya estaba Mariano Juan López Díaz, que pertenece a una asociación de la Memoria Historia. Se presenta en todas las elecciones por IU y nunca sale elegido. Me abordó y me dijo que si tengo claro lo que voy a hacer.... Le dije que sí, que me he asesorado y que dentro del cementerio podremos disponer de la tierra, que es nuestra. Esto me lo dice en un tono chulesco, delante de la juez”.
“Accedemos allí y levantamos la fosa, sacamos las siete cajas que estaban encima y las llevamos a la fosa común del ayuntamiento. El traslado se produce por el mal estado en que se encontraban, llenas de agua. Este señor, cuando se sacó el cuerpo que solicitaba la vecina, dice que se marcha, después de sacar muchas fotos”, añade Cerro. Lo que más le duele es que antes de este suceso “había una paz en el pueblo total”. A partir de la exhumación empiezan los problemas. Según el político popular: “Me dicen que me están montando un cirio en el cementerio. Vino La Sexta y se puso a hablar con IU, que empezó a decir mentiras. Ahora están amenazando con boicotear las fiestas. Aprovecharon la ocasión de que la gente salía de misa para montar el escándalo de la manifestación. La gente del pueblo se encaró con ellos y salieron de aquí pitando, porque aquí no queremos broncas de ningún tipo. Los que vinieron eran entre 40 y 50 personas. Todas de fuera del pueblo”, concluye afirmando que: “De facha no tengo nada. No soy político, sólo soy gestor”.
La pequeña localidad abulense de Poyales del Hoyo, de apenas 600 habitantes, se encuentra en la misma falda de la sierra de Gredos, ya casi fronteriza con Cáceres. Sus habitantes viven fundamentalmente del higo y, según han confirmado a LA GACETA, “aquí nunca pasa nada. Apenas hay paro, todo el mundo se lleva bien y se respeta”.
Sin embargo, una decisión de Antonio Cerro, alcalde del PP con mayoría absoluta, de abrir una fosa construida en 2002 con restos de 10 vecinos del bando republicano fallecidos durante la Guerra Civil para trasladarlos a la fosa común propiedad del ayuntamiento ha puesto este municipio en boca de todo el mundo. Un acto de protesta convocado por diversas asociaciones de la Memoria Histórica acabó en un enfrentamiento verbal entre los manifestantes y los vecinos del pueblo.
El regidor recibió a LA GACETA y le explicó cómo sucedieron los acontecimientos. Además, mostró la documentación que demuestra que los familiares de los fallecidos que se encontraban en la fosa apoyan totalmente la decisión del alcalde y rechazan las actuaciones y la manipulación de las asociaciones por la Memoria Histórica.
De esta manera, cuatro descendientes de las víctimas han firmado cartas de repulsa a las protestas que protagonizaron los defensores de la ley aprobada por Rodríguez Zapatero.
Los documentos no dejan duda al señalar: “Ante los hechos acaecidos el pasado 30 de julio (...) expreso mi indignación por la tergiversación de lo sucedido y por el daño moral que se está haciendo a los familiares”, en clara alusión a las asociaciones de Memoria Histórica.
Del mismo modo, apoyan las medidas emprendidas por el consistorio, que “se ha ocupado de todos los preparativos para la exhumación”, un acto en el que se personaron “el alcalde y la juez de Paz que fueron testigos de lo allí sucedido”.
Desmienten por escrito que se haya dañado la lápida existente con anterioridad y señaló que “los familiares de Doña Virtudes se hicieron cargo de la citada lápida”.
Consideran que las medidas de urgencia adoptadas por el equipo de Gobierno municipal son las adecuadas, puesto que al levantar la lápida bajo la que se encontraban los cuerpos “se apreciaron las malas condiciones en las que se encontraba la fosa con medio metro de agua en su interior y que no permitía un enterramiento digno. Es por ello por lo que se tuvieron que inhumar en la fosa común”.
Con aviso
El alcalde señala: “El ayuntamiento habló con las familias de todas las víctimas enterradas allí para comunicarles que se va a abrir la fosa y todo el mundo está de acuerdo. Todos menos dos familiares: uno que no hemos localizado; y otro que miente, porque dice que no se ha enterado cuando es amigo de la juez que dio la orden de la exhumación, que nos ha comunicado que se lo dijo. Es un familiar de un enterrado que está en arresto domiciliario por malos tratos”.
El alcalde, para confirmar estas palabras, muestra los cuatro documentos con registro de entrada del ayuntamiento en los que varios familiares de los exhumados señalan su apoyo a las actuaciones. Antonio Cerro explica a este periódico cómo se desarrolló la extracción de los cuerpos y por qué se decidió su traslado: “Quedamos en el cementerio, donde ya estaba Mariano Juan López Díaz, que pertenece a una asociación de la Memoria Historia. Se presenta en todas las elecciones por IU y nunca sale elegido. Me abordó y me dijo que si tengo claro lo que voy a hacer.... Le dije que sí, que me he asesorado y que dentro del cementerio podremos disponer de la tierra, que es nuestra. Esto me lo dice en un tono chulesco, delante de la juez”.
“Accedemos allí y levantamos la fosa, sacamos las siete cajas que estaban encima y las llevamos a la fosa común del ayuntamiento. El traslado se produce por el mal estado en que se encontraban, llenas de agua. Este señor, cuando se sacó el cuerpo que solicitaba la vecina, dice que se marcha, después de sacar muchas fotos”, añade Cerro. Lo que más le duele es que antes de este suceso “había una paz en el pueblo total”. A partir de la exhumación empiezan los problemas. Según el político popular: “Me dicen que me están montando un cirio en el cementerio. Vino La Sexta y se puso a hablar con IU, que empezó a decir mentiras. Ahora están amenazando con boicotear las fiestas. Aprovecharon la ocasión de que la gente salía de misa para montar el escándalo de la manifestación. La gente del pueblo se encaró con ellos y salieron de aquí pitando, porque aquí no queremos broncas de ningún tipo. Los que vinieron eran entre 40 y 50 personas. Todas de fuera del pueblo”, concluye afirmando que: “De facha no tengo nada. No soy político, sólo soy gestor”.