Aquí os dejo este articulo del diario de Burgos publicado el día de hoy, merece la pena leerlo
En enero el Gobierno aún dudaba sobre la prórroga. Hoy ni el PP se posiciona con rotundidad
Valdivielso H. Jiménez / Burgos
El accidente de Fukushima ha reabierto en canal el debate sobre los riesgos de la energía nuclear, que en España se focaliza sobre la continuidad de la planta del valle de Tobalina.
Sus detractores están crecidos y los defensores optan por la prudencia ante una opinión pública conmocionada.
Dice el proverbio chino que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Que cualquier cambio, por pequeño e insignificante que parezca, tiene consecuencias en el conjunto del planeta mediante un proceso multiplicador. Y puede que nada lo ejemplifique tan bien como los efectos, todavía hoy imprevisibles, del brutal terremoto que en la madrugada del viernes día 11 sacudió el noroeste de Japón.
Aquel temblor de tierra fue seguido de un tsunami, una ola gigante que se llevó por delante coches, casas, industrias... y hasta una central nuclear. La planta de Fukushima, construida en 1971, resultó seriamente dañada por la fuerza de las aguas y posteriores fallos en el suministro eléctrico y los sistemas de refrigeración han ido agravando la situación hasta llegar a niveles críticos.
Durante los primeros días el gobierno nipón trató de agarrarse un mensaje de calma, pero el primer discurso público de su emperador desde 1945 y las desconfianzas de la Unión Europea, que ha llegado incluso a emplear incluso el término «apocalipsis», acabaron por revelar al mundo entero la gravedad de los hechos.
La crisis de Fukushima no es un accidente nuclear como el que sacudió Chernóbil (Rusia) en 1986. El origen no está en un fallo de la propia central, sino en el doble desastre natural compuesto por el terremoto y el posterior tsunami. Pero ha vuelto a poner el foco sobre el peligro que entrañan las centrales nucleares, en las que pese a todas las precauciones y medidas de seguridad el riesgo cero no existe.
El melón del debate se ha abierto para todos los países independientemente de la ideología de sus gobernantes y de si antes de este incidente eran pro o anti nucleares. Hasta la canciller alemana Angela Merkel, en muchos aspectos un ejemplo para el PP, ha dado un viraje en su política nuclear y aplazará 3 meses la prolongación de la vida útil de las centrales del país.
Y en España, claro, todos los ojos se han vuelto inmediatamente hacia Santa María de Garoña. La planta burgalesa fue construida en el mismo año que Fukushima y muy pronto los anti nucleares recalcaron que se trataba poco menos que de una ‘gemela’ buscando un impacto mediático que parecen haber conseguido. Pese a que los riesgos sísmicos del norte de la provincia de Burgos distan años luz de los del archipiélago nipón, hoy nadie es capaz de defender la energía nuclear con la misma vehemencia que hace 10 días.
En julio de 2009, el Gobierno español anunció su decisión de clausurar las instalaciones del Valle de Tobalina en el año 2013 en lugar de respetar los 10 años de prórroga de la vida útil que había autorizado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En la provincia, el cierre generó un intenso debate antes, durante y después debido a sus consecuencias laborales y económicas e incluso generó la puesta en marcha del llamado Plan Garoña para tratar de diversificar la actividad en la zona y fomentar inversiones.
Ante esto, el Partido Popular reaccionó siguiendo su filosofía tradicionalmente más proclive a lo nuclear. Mariano Rajoy se comprometió a prolongar el funcionamiento de Garoña si se convierte en presidente del Gobierno a partir de 2012, y siempre que las cuestiones de seguridad estén garantizadas. A finales del mes de febrero, cuando nadie podía prever lo que ocurriría solo unos días después en Japón, la Fundación FAES presidida por José María Aznar emitía un nuevo informe en el que pedía rectificar el cierre.
Incluso el Gobierno, en medio de una gran crisis económica en la que las dificultades energéticas se ponen más en evidencia que nunca, dio muestras de dudar sobre su propia decisión en torno a la central burgalesa.
El 19 de enero el Ejecutivo incluyó la posible marcha atrás en su decisión en la negociación con sindicatos y patronal sobre el futuro de las pensiones pero inmediatamente se rectificó a sí mismo. En cuestión de horas el ministro de Industria, Miguel Sebastián y el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, ofrecieron versiones distintas en torno a la posibilidad de prolongar la vida de la central, aunque la propuesta nunca llegó a cuajar.
Pero entonces la tierra tembló a 12.000 kilómetros de distancia de la Península Ibérica, y el efecto mariposa se dejó notar con toda su fuerza. Los anti nucleares elevaron sus voces, Zapatero anunció que revisará la seguridad de las centrales españolas y mantuvo que Garoña cerraría en 2013, e incluso el parlamento vasco, con el apoyo entre otros del Partido Socialista de Euskadi, pidió su cese inmediato de actividad. El PP no ha fijado rotundamente su nueva postura pero en plena precampaña electoral de cara a las municipales y autonómicas no le ha quedado más remedio que optar por la prudencia y pedir un debate sosegado, sin aclarar si mantiene su apuesta por prolongar el funcionamiento de la planta del Valle de Tobalina.
A Nuclenor, la propietaria de Garoña, el tsunami le ha pillado en plenas celebraciones del 40 aniversario de la central. El acto principal, previsto este jueves en el Museo de la Evolución Humana, fue suspendido ante la tragedia humana de Japón y «como muestra de solidaridad con la población y los trabajadores afectados», pues la empresa mantiene con las instalaciones niponas afectadas «lazos de amistad y relación profesional».
La empresa mantendrá su recurso en los tribunales para impedir el cierre político de las instalaciones. Su director general, Martín Regaño, subrayó el jueves en una conferencia en Burgos que el análisis del futuro de la energía nuclear debe llevarse a cabo «de forma serena», y recordó que la central cuenta con medidas de seguridad en prevención de movimientos sísmicos, incendios o inundaciones.
Ante la naturaleza, por muy incontenibles que sean sus fuerzas, se pueden adoptar técnicas de prevención. Lo que nadie sabría como parar es la ola de una opinión pública en contra y unos partidos que se vieran obligados por sus votantes a no apostar por la renovación de la energía
En enero el Gobierno aún dudaba sobre la prórroga. Hoy ni el PP se posiciona con rotundidad
Valdivielso H. Jiménez / Burgos
El accidente de Fukushima ha reabierto en canal el debate sobre los riesgos de la energía nuclear, que en España se focaliza sobre la continuidad de la planta del valle de Tobalina.
Sus detractores están crecidos y los defensores optan por la prudencia ante una opinión pública conmocionada.
Dice el proverbio chino que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Que cualquier cambio, por pequeño e insignificante que parezca, tiene consecuencias en el conjunto del planeta mediante un proceso multiplicador. Y puede que nada lo ejemplifique tan bien como los efectos, todavía hoy imprevisibles, del brutal terremoto que en la madrugada del viernes día 11 sacudió el noroeste de Japón.
Aquel temblor de tierra fue seguido de un tsunami, una ola gigante que se llevó por delante coches, casas, industrias... y hasta una central nuclear. La planta de Fukushima, construida en 1971, resultó seriamente dañada por la fuerza de las aguas y posteriores fallos en el suministro eléctrico y los sistemas de refrigeración han ido agravando la situación hasta llegar a niveles críticos.
Durante los primeros días el gobierno nipón trató de agarrarse un mensaje de calma, pero el primer discurso público de su emperador desde 1945 y las desconfianzas de la Unión Europea, que ha llegado incluso a emplear incluso el término «apocalipsis», acabaron por revelar al mundo entero la gravedad de los hechos.
La crisis de Fukushima no es un accidente nuclear como el que sacudió Chernóbil (Rusia) en 1986. El origen no está en un fallo de la propia central, sino en el doble desastre natural compuesto por el terremoto y el posterior tsunami. Pero ha vuelto a poner el foco sobre el peligro que entrañan las centrales nucleares, en las que pese a todas las precauciones y medidas de seguridad el riesgo cero no existe.
El melón del debate se ha abierto para todos los países independientemente de la ideología de sus gobernantes y de si antes de este incidente eran pro o anti nucleares. Hasta la canciller alemana Angela Merkel, en muchos aspectos un ejemplo para el PP, ha dado un viraje en su política nuclear y aplazará 3 meses la prolongación de la vida útil de las centrales del país.
Y en España, claro, todos los ojos se han vuelto inmediatamente hacia Santa María de Garoña. La planta burgalesa fue construida en el mismo año que Fukushima y muy pronto los anti nucleares recalcaron que se trataba poco menos que de una ‘gemela’ buscando un impacto mediático que parecen haber conseguido. Pese a que los riesgos sísmicos del norte de la provincia de Burgos distan años luz de los del archipiélago nipón, hoy nadie es capaz de defender la energía nuclear con la misma vehemencia que hace 10 días.
En julio de 2009, el Gobierno español anunció su decisión de clausurar las instalaciones del Valle de Tobalina en el año 2013 en lugar de respetar los 10 años de prórroga de la vida útil que había autorizado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En la provincia, el cierre generó un intenso debate antes, durante y después debido a sus consecuencias laborales y económicas e incluso generó la puesta en marcha del llamado Plan Garoña para tratar de diversificar la actividad en la zona y fomentar inversiones.
Ante esto, el Partido Popular reaccionó siguiendo su filosofía tradicionalmente más proclive a lo nuclear. Mariano Rajoy se comprometió a prolongar el funcionamiento de Garoña si se convierte en presidente del Gobierno a partir de 2012, y siempre que las cuestiones de seguridad estén garantizadas. A finales del mes de febrero, cuando nadie podía prever lo que ocurriría solo unos días después en Japón, la Fundación FAES presidida por José María Aznar emitía un nuevo informe en el que pedía rectificar el cierre.
Incluso el Gobierno, en medio de una gran crisis económica en la que las dificultades energéticas se ponen más en evidencia que nunca, dio muestras de dudar sobre su propia decisión en torno a la central burgalesa.
El 19 de enero el Ejecutivo incluyó la posible marcha atrás en su decisión en la negociación con sindicatos y patronal sobre el futuro de las pensiones pero inmediatamente se rectificó a sí mismo. En cuestión de horas el ministro de Industria, Miguel Sebastián y el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, ofrecieron versiones distintas en torno a la posibilidad de prolongar la vida de la central, aunque la propuesta nunca llegó a cuajar.
Pero entonces la tierra tembló a 12.000 kilómetros de distancia de la Península Ibérica, y el efecto mariposa se dejó notar con toda su fuerza. Los anti nucleares elevaron sus voces, Zapatero anunció que revisará la seguridad de las centrales españolas y mantuvo que Garoña cerraría en 2013, e incluso el parlamento vasco, con el apoyo entre otros del Partido Socialista de Euskadi, pidió su cese inmediato de actividad. El PP no ha fijado rotundamente su nueva postura pero en plena precampaña electoral de cara a las municipales y autonómicas no le ha quedado más remedio que optar por la prudencia y pedir un debate sosegado, sin aclarar si mantiene su apuesta por prolongar el funcionamiento de la planta del Valle de Tobalina.
A Nuclenor, la propietaria de Garoña, el tsunami le ha pillado en plenas celebraciones del 40 aniversario de la central. El acto principal, previsto este jueves en el Museo de la Evolución Humana, fue suspendido ante la tragedia humana de Japón y «como muestra de solidaridad con la población y los trabajadores afectados», pues la empresa mantiene con las instalaciones niponas afectadas «lazos de amistad y relación profesional».
La empresa mantendrá su recurso en los tribunales para impedir el cierre político de las instalaciones. Su director general, Martín Regaño, subrayó el jueves en una conferencia en Burgos que el análisis del futuro de la energía nuclear debe llevarse a cabo «de forma serena», y recordó que la central cuenta con medidas de seguridad en prevención de movimientos sísmicos, incendios o inundaciones.
Ante la naturaleza, por muy incontenibles que sean sus fuerzas, se pueden adoptar técnicas de prevención. Lo que nadie sabría como parar es la ola de una opinión pública en contra y unos partidos que se vieran obligados por sus votantes a no apostar por la renovación de la energía