Un millón de fianza por impulsar un parque eólico en zona de urogallos
Un juez leonés acusa a un directivo de Enel por no respetar un hábitat protegido
Una pareja de urogallo, ave que actualmente se encuentra en pleno periodo de apareamiento.
David Rubio / León
El Juzgado de Instrucción Número 3 de León ha impuesto una fianza de 1.046.000 euros a Rafael González Sánchez, un directivo de Enel-Endesa por un proceso actualmente en curso en el que se le acusa de impulsar la construcción del parque eólico de San Feliz (que finalmente no se construirá puesto que la Junta ha revocado el permiso) en la comarca de Omaña, concretamente en un paraje habitado por la colonia de urogallos más meridional de Europa y donde pueden residir hasta 40 de los 400 que actualmente se calcula que puede haber en España.
Según publicaba ayer el diario El País, la compañía Eufer fue la que puso en marcha este parque eólico en 2008, aunque hoy pertenece a Enel Green Power, que heredó los activos de aquéllas y que pertenece en un 60% a Enel y en un 40% a Endesa. Las máquinas de esta empresa comenzaron a realizar los caminos de acceso a lo que sería el parque eólico en mayo de aquel año, en plena época de cría del urogallo. En la zona, la Junta concedió en su día hasta 14 licencias para levantar parques eólicos, siempre en zonas limítrofes a las que protegen a este peculiar ave, aunque la mitad de ellos no se ha construido, en parte porque la propia administración autonómica ha retirado permisos y en parque porque los promotores no han podido obtener la financiación que esperaban.
El abogado de la Sociedad Española de Ornitología, (SEO) Carlos González Antón, señaló ayer a a Efe que la fianza impuesta por el Juzgado al mencionado como directivo tiene como objetivo cubrir la responsabilidad civil que se puede derivar si se demuestra la comisión de un delito contra el medio ambiente y hacer frente a los gastos para la recuperación de los daños ocasionados en el hábitat de estas aves en peligro de extinción. González Antón indicó que el litigio contra la empresa comenzó en 2008, después de que ésta iniciara “a las bravas” la construcción del parque en una zona en la que había constancia de un asentamiento de urogallos, ya que el departamento de Biodiversidad de la Universidad de León estaba haciendo un seguimiento de una hembra a través de un transmisor de radio. Ante la amenaza a los animales y a la vista de que no tenían las licencias necesarias SEO denunció los hechos ante la Fiscalía y consiguió que se paralizaran las obras de instalación de 23 aerogeneradores.
Un juez leonés acusa a un directivo de Enel por no respetar un hábitat protegido
Una pareja de urogallo, ave que actualmente se encuentra en pleno periodo de apareamiento.
David Rubio / León
El Juzgado de Instrucción Número 3 de León ha impuesto una fianza de 1.046.000 euros a Rafael González Sánchez, un directivo de Enel-Endesa por un proceso actualmente en curso en el que se le acusa de impulsar la construcción del parque eólico de San Feliz (que finalmente no se construirá puesto que la Junta ha revocado el permiso) en la comarca de Omaña, concretamente en un paraje habitado por la colonia de urogallos más meridional de Europa y donde pueden residir hasta 40 de los 400 que actualmente se calcula que puede haber en España.
Según publicaba ayer el diario El País, la compañía Eufer fue la que puso en marcha este parque eólico en 2008, aunque hoy pertenece a Enel Green Power, que heredó los activos de aquéllas y que pertenece en un 60% a Enel y en un 40% a Endesa. Las máquinas de esta empresa comenzaron a realizar los caminos de acceso a lo que sería el parque eólico en mayo de aquel año, en plena época de cría del urogallo. En la zona, la Junta concedió en su día hasta 14 licencias para levantar parques eólicos, siempre en zonas limítrofes a las que protegen a este peculiar ave, aunque la mitad de ellos no se ha construido, en parte porque la propia administración autonómica ha retirado permisos y en parque porque los promotores no han podido obtener la financiación que esperaban.
El abogado de la Sociedad Española de Ornitología, (SEO) Carlos González Antón, señaló ayer a a Efe que la fianza impuesta por el Juzgado al mencionado como directivo tiene como objetivo cubrir la responsabilidad civil que se puede derivar si se demuestra la comisión de un delito contra el medio ambiente y hacer frente a los gastos para la recuperación de los daños ocasionados en el hábitat de estas aves en peligro de extinción. González Antón indicó que el litigio contra la empresa comenzó en 2008, después de que ésta iniciara “a las bravas” la construcción del parque en una zona en la que había constancia de un asentamiento de urogallos, ya que el departamento de Biodiversidad de la Universidad de León estaba haciendo un seguimiento de una hembra a través de un transmisor de radio. Ante la amenaza a los animales y a la vista de que no tenían las licencias necesarias SEO denunció los hechos ante la Fiscalía y consiguió que se paralizaran las obras de instalación de 23 aerogeneradores.