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El aumento laboral afectará a los más de 14.000 funcionarios de la Junta en León

Ical / Valladolid
Además del ‘céntimo sanitario’, que a partir de mañana subirá el precio del combustible en 5,6 céntimos de euro (IVA incluido), la ley de Medidas aprobada ayer por las Cortes de Castilla y León con los votos de la mayoría del Grupo Popular y en contra de la oposición –PSOE, IU y UPL– incluye además un tributo medioambiental a las empresas eléctricas y eliminación de residuos y se aumenta la jornada de los 87.000 empleados públicos (más de 14.000 en la provincia de León) en 2,5 horas, hasta 37,5, si bien esto será desde abril, excepto para los docentes, que será con el inicio del próximo curso.
La ley pasó el tramite de la sesión plenaria sin ningún retoque de importancia, ya que el Grupo Popular rechazó las 154 enmiendas que seguían vivas para el debate y sólo se transaccionó una de UPL –con la abstención del Grupo Socialista por entender que el acuerdo sólo es con un sindicato, el médico– y otra técnica firmada por los tres grupos –relativa a la redacción de Cylog y Sotur–. En la transacción se recogen los acuerdos sobre la regulación de la jornada laboral de los empleados públicos conforme se aprobó en la mesa sectorial y mesa de la función pública, que flexibiliza cómo cumplen los sanitarios las 2,5 horas más, y la el carácter temporal de las 37,5 horas hasta que el PIB crezca un 2,5%.
En el texto sí han tenido entrada las 51 enmiendas del Grupo Popular, donde se incluye la devolución del 50% del IVA del combustible para el sector del transporte, la fusión de la empresa pública Sotur con la Fundación Siglo o la retirada de limitar en 25 metros la distancia entre bares.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, subió a la tribuna, al inicio del debate, para defender el carácter coyuntural de algunas de las medidas e insistir que su objetivo es contribuir a la sostenibilidad de los servicios públicos, sin que tengan un carácter puramente económico como será el próximo presupuesto. Del Olmo recalcó cómo está el escenario económico, en referencia a la recesión que apunta la Comisión Europea para España, que se puede agravar con la evolución de la deuda soberana, aunque precisó que no quería alarmar, sino reconocer la situación especial que vivimos.
Ante el plenario, la consejera rechazó “posiciones inmovilistas” y desgranó datos para comparar como eran los presupuestos y los ingresos en 2007 y como fueron los últimos de 2011. Las entregas a cuenta de 5.931 millones de 2007 se convirtieron en 5.612 en 2011, a lo que se une la caída por tributos cedidos que de 1.167 millones han pasado a 799 millones el último ejercicio. Pero la consejera recordó que el presupuesto de 2011 eleva en casi 400 millones los gastos con un descenso de 685 millones en los ingresos. Del Olmo mantuvo que aunque sabían que era difícil el acuerdo lo han intentado y defendió que “la obligación de un Gobierno es decidir, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, sin agravar más de lo necesario y evitando hipotecar el futuro”.