Hidrocantábrico pide levantar la suspensión del decreto y cifra sus pérdidas en 54 millones
La empresa se persona en los recursos de las eléctricas y exige un aval a Endesa por perder 127.000 euros diarios.
A la guerra de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra el real decreto de incentivos al consumo de carbón autóctono le ha surgido un nuevo frente, esta vez desde el mismo sector eléctrico: Hidrocantábrico ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el recurso de Endesa por el que solicitó la suspensión de la medida que esperan las empresas mineras para desbloquear la dramática situación del sector. La eléctrica con sede en Oviedo solicita al tribunal que deniegue la medida cautelar solicitada por Endesa (la suspensión de la aplicación del Real Decreto) porque considera que le está causando un daño económico irreparable.
En caso de que el decreto siga sin aplicarse, la eléctrica calcula que el recurso judicial podría prolongarse durante al menos 14 meses. Un tiempo en el que acumularía unas pérdidas de casi 54 millones de euros, ya que calcula en 126.702,03 euros la pérdida que sufre por cada día que se retrasa la aplicación del real decreto.
A mayores, Hidrocantábrico solicita al Tribunal Supremo que exija a Endesa una caución, en forma de aval bancario, por esos 54 millones de euros, «para responder de los elevadísimos perjuicios que dicha inaplicación» causaría a la eléctrica asturiana. Las pérdidas calculadas corresponden a la suma de los dos últimos meses de este año y los 365 días del 2011.
A favor del real decreto. En el recurso, Hidrocantábrico matiza que aunque inicialmente pudiera parecer que sus intereses podrían coincidir con los de Endesa, ya que ambas tienen térmicas que funcionan con carbón autóctono y también «un relevante porcentaje de instalaciones eventualmente desplazables del mercado diario de producción en aplicación de la norma impugnada», Hidrocantábrico considera que el real decreto de incentivos «hace posible que las limitaciones a la participación de las centrales desplazadas del mercado diario quede superada con la participación de dichas instalaciones en los mercados intradiarios, en los que pueden presentar ofertas de venta».
Una posibilidad que se incluyó en el real decreto y que no estaba prevista inicialmente, que además hace en opinión de Hidrocantábrico injustificado el recurso de las otras eléctricas.
Además, el recurso presentado por la eléctrica ante el Supremo considera que no se justifica la suspensión del real decreto porque, en caso de tener razón las eléctricas que se consideran perjudicadas por él, «todos los perjuicios que pudiera causar serían fácilmente reparables, porque son cuantificables». Un supuesto que, aunque considera «poco probable», las cantidades no percibidas podrían compensarse en el futuro.
Respecto a las cartas de compromiso de adquisición de carbón autóctono, cuyo requerimiento precipitó el recurso de las tres grandes eléctricas, el recurso de Hidrocantábrico considera que los precios que se acuerden en los contratos «no tienen impacto en las cuentas de las empresas eléctricas, a diferencia de lo que acontece en las empresas mineras, sobre las que dicho impacto es directo». Es así porque a las eléctricas se les termina reintegrando la diferencia de precio del carbón nacional.
La medida solicitada por Endesa también pone en peligro el interés público, ya que retrasa la garantía del suministro eléctrico, uno de los puntos fundamentales en los que se apoyan los argumentos para defender las ayudas al carbón nacional (el mantenimiento del acceso a las reservas estratégicas).
La empresa se persona en los recursos de las eléctricas y exige un aval a Endesa por perder 127.000 euros diarios.
A la guerra de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra el real decreto de incentivos al consumo de carbón autóctono le ha surgido un nuevo frente, esta vez desde el mismo sector eléctrico: Hidrocantábrico ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el recurso de Endesa por el que solicitó la suspensión de la medida que esperan las empresas mineras para desbloquear la dramática situación del sector. La eléctrica con sede en Oviedo solicita al tribunal que deniegue la medida cautelar solicitada por Endesa (la suspensión de la aplicación del Real Decreto) porque considera que le está causando un daño económico irreparable.
En caso de que el decreto siga sin aplicarse, la eléctrica calcula que el recurso judicial podría prolongarse durante al menos 14 meses. Un tiempo en el que acumularía unas pérdidas de casi 54 millones de euros, ya que calcula en 126.702,03 euros la pérdida que sufre por cada día que se retrasa la aplicación del real decreto.
A mayores, Hidrocantábrico solicita al Tribunal Supremo que exija a Endesa una caución, en forma de aval bancario, por esos 54 millones de euros, «para responder de los elevadísimos perjuicios que dicha inaplicación» causaría a la eléctrica asturiana. Las pérdidas calculadas corresponden a la suma de los dos últimos meses de este año y los 365 días del 2011.
A favor del real decreto. En el recurso, Hidrocantábrico matiza que aunque inicialmente pudiera parecer que sus intereses podrían coincidir con los de Endesa, ya que ambas tienen térmicas que funcionan con carbón autóctono y también «un relevante porcentaje de instalaciones eventualmente desplazables del mercado diario de producción en aplicación de la norma impugnada», Hidrocantábrico considera que el real decreto de incentivos «hace posible que las limitaciones a la participación de las centrales desplazadas del mercado diario quede superada con la participación de dichas instalaciones en los mercados intradiarios, en los que pueden presentar ofertas de venta».
Una posibilidad que se incluyó en el real decreto y que no estaba prevista inicialmente, que además hace en opinión de Hidrocantábrico injustificado el recurso de las otras eléctricas.
Además, el recurso presentado por la eléctrica ante el Supremo considera que no se justifica la suspensión del real decreto porque, en caso de tener razón las eléctricas que se consideran perjudicadas por él, «todos los perjuicios que pudiera causar serían fácilmente reparables, porque son cuantificables». Un supuesto que, aunque considera «poco probable», las cantidades no percibidas podrían compensarse en el futuro.
Respecto a las cartas de compromiso de adquisición de carbón autóctono, cuyo requerimiento precipitó el recurso de las tres grandes eléctricas, el recurso de Hidrocantábrico considera que los precios que se acuerden en los contratos «no tienen impacto en las cuentas de las empresas eléctricas, a diferencia de lo que acontece en las empresas mineras, sobre las que dicho impacto es directo». Es así porque a las eléctricas se les termina reintegrando la diferencia de precio del carbón nacional.
La medida solicitada por Endesa también pone en peligro el interés público, ya que retrasa la garantía del suministro eléctrico, uno de los puntos fundamentales en los que se apoyan los argumentos para defender las ayudas al carbón nacional (el mantenimiento del acceso a las reservas estratégicas).