El Gobierno da vía libre al Decreto que garantiza el consumo de carbón nacional
Aún falta el visto bueno de la Unión Europea para validar la norma que al menos permite dos años de tranquilidad en el sector
Imagen, de archivo, de la central térmica de La Robla que el pasado año llegó a almacenar un millón de toneladas de carbón que no pudo sacar al mercado energético. DIEGO BUENOSVINOS
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Homenaje en la Casa de León en Madrid
Marian García / León
El Consejo de Ministros dio, ayer, luz verde al Real Decreto que establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica la normativa vigente desde 1997 por la que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. O lo que es lo mismo, la garantía del consumo por parte de las centrales térmicas del carbón autóctono hasta un máximo del 15% de la generación energética nacional. Resolución que, por otra parte, se limita a dar cumplimiento a lo estipulado en el actual Plan del Carbón 2006-2012.
Con este paso se da una solución provisional –aún falta el visto bueno de la Unión Europea– para deshacerse de los tres millones de toneladas de carbón nacional –almacenado en Hunosa y en las térmicas leonesas– que no han podido ser quemadas dado el brutal recorte de la demanda energética producida en España como consecuencia de la crisis económica y, también, por los vaivenes del precio de carbón en los mercados internacionales que dejaron durante meses al mineral autóctono en una situación nada competitiva.
A medio plazo puede ocurrir que la Comisión de la Competencia de la UE, que ahora está dirigida por el español Joaquín Almunia, eche para atrás las intenciones del Gobierno, a pesar de que Bruselas ya cuenta con una notificación previa del Real Decreto. Además el Real Decreto ha sido duramente criticado por la Comisión Nacional de la Energía. El propio Ministerio de Economía ha pedido un informe al Consejo de la Competencia para que se pronuncie sobre la ‘legalidad’ de la norma aprobada ayer.
La argumentación dada por el Gobierno para dar vía libre al Real Decreto, que debería haber estar operativo a finales del pasado año, es que “los yacimientos de carbón representan la única reserva fósil ampliamente disponible de España y tienen un gran valor estratégico para el país en términos de reducción de la producción energética del exterior y ayuda a cumplir con los compromisos adquiridos en 2020”.
El mecanismo aprobado, indican desde el Gobierno, no distorsiona la competencia, porque es posterior a la formación del precio y minimiza el impacto medioambiental al sustituir aquellas plantas que más contaminan por las plantas de carbón autóctono. La decisión de qué centrales térmicas contaminan más o menosqueda en manos de la Comisión Nacional de la Energía.
Por otro lado, con el objeto de permitir el desarrollo de los procedimientos operativos y el desarrollo paralelo de los sistemas informáticos necesarios para la puesta en marcha del mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se prorroga el almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono gestionado por la públicaHunosa creado el 31 de julio de 2009.
Aún falta el visto bueno de la Unión Europea para validar la norma que al menos permite dos años de tranquilidad en el sector
Imagen, de archivo, de la central térmica de La Robla que el pasado año llegó a almacenar un millón de toneladas de carbón que no pudo sacar al mercado energético. DIEGO BUENOSVINOS
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El Consejo de Ministros dio, ayer, luz verde al Real Decreto que establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica la normativa vigente desde 1997 por la que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. O lo que es lo mismo, la garantía del consumo por parte de las centrales térmicas del carbón autóctono hasta un máximo del 15% de la generación energética nacional. Resolución que, por otra parte, se limita a dar cumplimiento a lo estipulado en el actual Plan del Carbón 2006-2012.
Con este paso se da una solución provisional –aún falta el visto bueno de la Unión Europea– para deshacerse de los tres millones de toneladas de carbón nacional –almacenado en Hunosa y en las térmicas leonesas– que no han podido ser quemadas dado el brutal recorte de la demanda energética producida en España como consecuencia de la crisis económica y, también, por los vaivenes del precio de carbón en los mercados internacionales que dejaron durante meses al mineral autóctono en una situación nada competitiva.
A medio plazo puede ocurrir que la Comisión de la Competencia de la UE, que ahora está dirigida por el español Joaquín Almunia, eche para atrás las intenciones del Gobierno, a pesar de que Bruselas ya cuenta con una notificación previa del Real Decreto. Además el Real Decreto ha sido duramente criticado por la Comisión Nacional de la Energía. El propio Ministerio de Economía ha pedido un informe al Consejo de la Competencia para que se pronuncie sobre la ‘legalidad’ de la norma aprobada ayer.
La argumentación dada por el Gobierno para dar vía libre al Real Decreto, que debería haber estar operativo a finales del pasado año, es que “los yacimientos de carbón representan la única reserva fósil ampliamente disponible de España y tienen un gran valor estratégico para el país en términos de reducción de la producción energética del exterior y ayuda a cumplir con los compromisos adquiridos en 2020”.
El mecanismo aprobado, indican desde el Gobierno, no distorsiona la competencia, porque es posterior a la formación del precio y minimiza el impacto medioambiental al sustituir aquellas plantas que más contaminan por las plantas de carbón autóctono. La decisión de qué centrales térmicas contaminan más o menosqueda en manos de la Comisión Nacional de la Energía.
Por otro lado, con el objeto de permitir el desarrollo de los procedimientos operativos y el desarrollo paralelo de los sistemas informáticos necesarios para la puesta en marcha del mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se prorroga el almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono gestionado por la públicaHunosa creado el 31 de julio de 2009.