Sin alcalde, con la Corporación en suspenso y una deuda de cuatro millones de euros para 1.943 habitantes. Así se sostiene Valderas, un pequeño municipio del sur de la provincia de León, un Ayuntamiento sin cabeza y con la mayor deuda per cápita relativa de España: 2.060 euros por habitante.
Funciona “de milagro”, reconoce un empleado municipal que rehúye hablar. “Por inercia”, sentencia una vecina en un bar. Y “con el esfuerzo de sus trabajadores”, a los que se les debe un número de nóminas que los consultados no quieren precisar. Todos coinciden en que “menos mal” que no ha pasado nada grave, una simple avería o que se haya precisado adoptar decisiones importantes.
Al no haber gobierno formal no hay capacidad legal. Tampoco la hay económica. Las tasas e impuestos municipales sostienen apenas ese día a día y el mantenimiento básico de infraestructuras, limpieza, recogida de basura y nóminas. Porque hasta el Estado tiene embargadas sus transferencias debido a una deuda de casi 850.000 euros con el ICO y la Seguridad Social.
Nadie parece querer hacerse cargo. Sólo Eloy Rubio, el mismo personaje que aparentemente lo llevó a la quiebra, que repitió como candidato y al que el PP expulsó en noviembre, justo para aplicarle in extremis la ley antitransfuguismo. Iba a ser el único en aceptar el bastón de mando en el pleno que debía sustituir a la dimisionaria alcaldesa socialista Cristina López. Tras destapar la deuda y un año en el puesto, López denunció la falta de ayuda del PSOE y las instituciones y dimitió el 5 de noviembre. Alegó también que las decenas de demandas de acreedores del Ayuntamiento estaban exigiendo garantías de su patrimonio personal como alcaldesa.
Pero López no dejó ni el acta de concejal ni el de diputada provincial en León. Se pasó al grupo mixto con otros dos de los siete ediles socialistas. Ese grupo no adscrito hoy es el más numeroso de la corporación, puesto que con Rubio recalaron otros dos concejales del PP.
La situación es de absoluta ingobernabilidad. La Junta Electoral Central dice que se celebre un pleno y que el PSOE como fuerza más votada nombre alcalde. Pero ha perdido tres ediles y López le ha agravado una crisis que ya tenía en la Diputación Provincial. Además, no tendría una mayoría que está ahora en el grupo mixto.
No hay perspectiva de salida a corto plazo, porque nadie quiere hacerse cargo del desaguisado, por los enfrentamientos internos y porque los intereses de PP y PSOE también juegan su papel. El último teniente de alcalde, Saúl Carriedo –ex socialista en el mixto ahora–, es algo parecido a un regidor en funciones: la Junta Electoral le ha obligado a hacerse cargo de trámites y decisiones menores. Su dimisión en noviembre no se ha tratado en pleno y está obligado a ejercer.
Algún vecino asegura que en las dependencias municipales se amontonan papeles de solicitudes y trámites que precisan de un regidor y una Corporación. El último pleno en febrero se suspendió porque Rubio insiste en que pertenece al PP y es elegible. Carriedo ha consultado a la Junta Electoral con el aval de la secretaria municipal. La secretaria es la cuarta que ocupa el puesto en un año. Sus antecesores han ido renunciando a la plaza.
La Diputación, que preside la también líder del PP en León, Isabel Carrasco, ha pedido a la Junta de Castilla y León que disuelva la Corporación y nombre una gestora, que se haga cargo de una responsabilidad que nadie quiere.
Todos los protagonistas locales se tornan ilocalizables o rehúsan pronunciarse respecto a la situación del pueblo. Valderas es un buen espejo de lo que le pasa al país. Nadie se explica cómo se ha podido permitir a llegar a esta situación. El caso es que ni siquiera ha habido faraónicas obras como en Madrid o Barcelona, megalíticos proyectos culturales y deportivos como en Valencia o aeropuertos sin estrenar como en Castellón.
Un cementerio fantasma
Paradójicamente, el mayor proyecto reciente fue un nuevo cementerio para poder hacer frente a la creciente demanda que dicta el inexorable envejecimiento del mundo rural del noroeste de España. No se hizo, es un camposanto fantasma: el entonces alcalde compró el terreno, cobró a vecinos 50.000 euros por las parcelas para nichos y panteones y… hasta hoy.
La cuantía es similar a los 54.000 euros que reclaman en comilonas restaurantes de Valderas (sólo en uno 20.000 e incluye hasta paquetes de tabaco), no demasiado superior a los 30.000 euros que una empresa de cortinas acaba de ver reconocidos en los tribunales para un despacho de Alcaldía en otras dependencias municipales. Iberdrola llegó a cortar la luz cuatro meses, nada más tomar posesión la nueva Corporación, por una deuda de 100.000 euros. Los acreedores reclaman en unos treinta pleitos otros 300.000 euros.
Un polígono industrial que no se hizo y otras obras para las que se recibió subvención pero que no se ejecutaron –ahora hay que devolverlas–, un sueldo “de lujo” para “una superasesora” en un pueblo de menos de 2.000 personas y que se ha hecho una gran casa en el centro de Valderas, completan el círculo que suman los cuatro millones de euros de deuda.
Valderas es un núcleo agrícola al pie del río Cea, con una vieja fábrica de explosivos, una quesería, una bodega vitivinícola, una cooperativa y negocios de servicios para los pequeños pueblos del entorno y que en el entorno rural miden la importancia aún de una localidad: centro de salud, farmacia, colegio e instituto, oficinas bancarias y hasta cuartel de la Guardia Civil. Salvo milagro, parece abocado a una gestora y a ser el primero en ser disuelto y anexionado a otro mayor cercano, ¿Valencia de Don Juan?, tras ser saneado por Junta, Estado o Diputación.
Funciona “de milagro”, reconoce un empleado municipal que rehúye hablar. “Por inercia”, sentencia una vecina en un bar. Y “con el esfuerzo de sus trabajadores”, a los que se les debe un número de nóminas que los consultados no quieren precisar. Todos coinciden en que “menos mal” que no ha pasado nada grave, una simple avería o que se haya precisado adoptar decisiones importantes.
Al no haber gobierno formal no hay capacidad legal. Tampoco la hay económica. Las tasas e impuestos municipales sostienen apenas ese día a día y el mantenimiento básico de infraestructuras, limpieza, recogida de basura y nóminas. Porque hasta el Estado tiene embargadas sus transferencias debido a una deuda de casi 850.000 euros con el ICO y la Seguridad Social.
Nadie parece querer hacerse cargo. Sólo Eloy Rubio, el mismo personaje que aparentemente lo llevó a la quiebra, que repitió como candidato y al que el PP expulsó en noviembre, justo para aplicarle in extremis la ley antitransfuguismo. Iba a ser el único en aceptar el bastón de mando en el pleno que debía sustituir a la dimisionaria alcaldesa socialista Cristina López. Tras destapar la deuda y un año en el puesto, López denunció la falta de ayuda del PSOE y las instituciones y dimitió el 5 de noviembre. Alegó también que las decenas de demandas de acreedores del Ayuntamiento estaban exigiendo garantías de su patrimonio personal como alcaldesa.
Pero López no dejó ni el acta de concejal ni el de diputada provincial en León. Se pasó al grupo mixto con otros dos de los siete ediles socialistas. Ese grupo no adscrito hoy es el más numeroso de la corporación, puesto que con Rubio recalaron otros dos concejales del PP.
La situación es de absoluta ingobernabilidad. La Junta Electoral Central dice que se celebre un pleno y que el PSOE como fuerza más votada nombre alcalde. Pero ha perdido tres ediles y López le ha agravado una crisis que ya tenía en la Diputación Provincial. Además, no tendría una mayoría que está ahora en el grupo mixto.
No hay perspectiva de salida a corto plazo, porque nadie quiere hacerse cargo del desaguisado, por los enfrentamientos internos y porque los intereses de PP y PSOE también juegan su papel. El último teniente de alcalde, Saúl Carriedo –ex socialista en el mixto ahora–, es algo parecido a un regidor en funciones: la Junta Electoral le ha obligado a hacerse cargo de trámites y decisiones menores. Su dimisión en noviembre no se ha tratado en pleno y está obligado a ejercer.
Algún vecino asegura que en las dependencias municipales se amontonan papeles de solicitudes y trámites que precisan de un regidor y una Corporación. El último pleno en febrero se suspendió porque Rubio insiste en que pertenece al PP y es elegible. Carriedo ha consultado a la Junta Electoral con el aval de la secretaria municipal. La secretaria es la cuarta que ocupa el puesto en un año. Sus antecesores han ido renunciando a la plaza.
La Diputación, que preside la también líder del PP en León, Isabel Carrasco, ha pedido a la Junta de Castilla y León que disuelva la Corporación y nombre una gestora, que se haga cargo de una responsabilidad que nadie quiere.
Todos los protagonistas locales se tornan ilocalizables o rehúsan pronunciarse respecto a la situación del pueblo. Valderas es un buen espejo de lo que le pasa al país. Nadie se explica cómo se ha podido permitir a llegar a esta situación. El caso es que ni siquiera ha habido faraónicas obras como en Madrid o Barcelona, megalíticos proyectos culturales y deportivos como en Valencia o aeropuertos sin estrenar como en Castellón.
Un cementerio fantasma
Paradójicamente, el mayor proyecto reciente fue un nuevo cementerio para poder hacer frente a la creciente demanda que dicta el inexorable envejecimiento del mundo rural del noroeste de España. No se hizo, es un camposanto fantasma: el entonces alcalde compró el terreno, cobró a vecinos 50.000 euros por las parcelas para nichos y panteones y… hasta hoy.
La cuantía es similar a los 54.000 euros que reclaman en comilonas restaurantes de Valderas (sólo en uno 20.000 e incluye hasta paquetes de tabaco), no demasiado superior a los 30.000 euros que una empresa de cortinas acaba de ver reconocidos en los tribunales para un despacho de Alcaldía en otras dependencias municipales. Iberdrola llegó a cortar la luz cuatro meses, nada más tomar posesión la nueva Corporación, por una deuda de 100.000 euros. Los acreedores reclaman en unos treinta pleitos otros 300.000 euros.
Un polígono industrial que no se hizo y otras obras para las que se recibió subvención pero que no se ejecutaron –ahora hay que devolverlas–, un sueldo “de lujo” para “una superasesora” en un pueblo de menos de 2.000 personas y que se ha hecho una gran casa en el centro de Valderas, completan el círculo que suman los cuatro millones de euros de deuda.
Valderas es un núcleo agrícola al pie del río Cea, con una vieja fábrica de explosivos, una quesería, una bodega vitivinícola, una cooperativa y negocios de servicios para los pequeños pueblos del entorno y que en el entorno rural miden la importancia aún de una localidad: centro de salud, farmacia, colegio e instituto, oficinas bancarias y hasta cuartel de la Guardia Civil. Salvo milagro, parece abocado a una gestora y a ser el primero en ser disuelto y anexionado a otro mayor cercano, ¿Valencia de Don Juan?, tras ser saneado por Junta, Estado o Diputación.