Los incumplimientos del Gobierno dejan en papel mojado el plan de cierre de la minería.
Las ayudas a la producción previstas en el programa no se corresponden con las concedidas.
No cuadran los números. El plan de cierre de la minería que ahora mismo está sobre la mesa de las autoridades europeas parte de premisas erróneas sobre las producciones y ayudas que han de sostener al sector hasta que pueda ser competitivo el 1 de enero de 2019.
El documento al que ha tenido acceso este periódico –fechado en febrero de 2012 y remitido por el actual Ejecutivo después de hacer unos pequeños retoques al plan prenotificado por los socialistas en agosto de 2011– no contempla el cierre de ninguna de las empresas de la provincia de León. Únicamente se concreta el cierre de dos explotaciones mineras que dependen de la pública Hunosa.
Según reconocen voces de la propia Junta de Castilla y León el plan de cierre “se aparta” de las exigencias de la Comisión Europea desde el momento en que para 2012 y 2013 ya se adelanta la reducción de ayudas, extremo que no era obigatorio. Ya en 2011, con el anterior Gobierno, el plan de cierre prenotificiado incluyó reducciones de ayudas del 10% en 2012 y del 14,5% en 2013. La ocurrido después deja en papel mojado lo marcado en el plan de cierre, desde el momento en que las ayudas a la producción se redujeron en más de un 60% en 2012 dejando al sector con la percepción de 111 millones de euros –aún no pagados– en lugar de los 186 que estaban previstos. La ‘triquiñuela’ consumada para reducir las ayudas se explica por los 75 millones de euros que el actual Gobierno no pagó a las empresas y que correspondían a 2011. Otra forma de verlo, según la propia valoración de la administración autónomica, es que la reducción desde 270 millones de euros –lo previsto en el plan de cierre– hasta 186 millones –lo presupuestado– era un 31%, que con salvedades podría haber sido asumido por las empreas, si no hubieran faltado los 75 millones de euros de 2011, lo que lleva a una reducción real del 59% sobre lo previsto en el plan de cierre.
En el propio plan de cierre se contempla el pago de 344 millones de euros para las empresas en 2012. A partir de ahí se contemplan 327 millones para 2013 –en los Presupuestos Generales del Estado hay aprobados 154 millones–. En 2014 –siempre según el plan de cierre– percibirían 287 millones, la misma cantidad que en 2015. En el año 2016, las ayudas llegarían hasta 229 millones, en 2017 serían 153 millones de euros y en 2018 –último año del plan del cierre– se pagarían 95 millones de euros a las empresas.
En cuanto a las producciones, sobre lo marcado en 2012 se contempla una reducción de las cantidades mínimas del 58%. En el plan de cierre se parten de producciones máximas y mínimas –con uno márgenes amplísimos–. “En los primeros años del período, las empresas deben liberar stocks y aliviar sus deudas financieras por lo que la producción se acercará más al mínimo considerado. A partir del año 2015, sí estarían más cerca de la media, ya que el factor determinante será por un lado la disminución de las ayudas, que haría tender a bajar la producción y, por otro lado, el mantenimiento de una producción mínima que produzca las menores pérdidas posibles, que tendería a aumentar la producción”.
Partiendo de esta premisa, en el año 2013, se estima una producción máxima de 7,4 millones de toneladas y una mínima de 6,2. En 2014, la producción máxima se fija en 7,1 millones y la mínima en 6,2. En 2015 se proyecta una producción máxima de 7,1 millones de toneladas y una mínima de 5,1 millones. Para 2016, se prevé una producción máxima de 6,9 millones de toneladas y una mínima de 5,1. En 2017, la máxima está en 6,9 millones y la mínima en 4,2. En el último año del plan de cierre, se prevé una producción máxima de 6,9 millones y una mínima de 2,5 millones de toneladas.
Las ayudas a la producción previstas en el programa no se corresponden con las concedidas.
No cuadran los números. El plan de cierre de la minería que ahora mismo está sobre la mesa de las autoridades europeas parte de premisas erróneas sobre las producciones y ayudas que han de sostener al sector hasta que pueda ser competitivo el 1 de enero de 2019.
El documento al que ha tenido acceso este periódico –fechado en febrero de 2012 y remitido por el actual Ejecutivo después de hacer unos pequeños retoques al plan prenotificado por los socialistas en agosto de 2011– no contempla el cierre de ninguna de las empresas de la provincia de León. Únicamente se concreta el cierre de dos explotaciones mineras que dependen de la pública Hunosa.
Según reconocen voces de la propia Junta de Castilla y León el plan de cierre “se aparta” de las exigencias de la Comisión Europea desde el momento en que para 2012 y 2013 ya se adelanta la reducción de ayudas, extremo que no era obigatorio. Ya en 2011, con el anterior Gobierno, el plan de cierre prenotificiado incluyó reducciones de ayudas del 10% en 2012 y del 14,5% en 2013. La ocurrido después deja en papel mojado lo marcado en el plan de cierre, desde el momento en que las ayudas a la producción se redujeron en más de un 60% en 2012 dejando al sector con la percepción de 111 millones de euros –aún no pagados– en lugar de los 186 que estaban previstos. La ‘triquiñuela’ consumada para reducir las ayudas se explica por los 75 millones de euros que el actual Gobierno no pagó a las empresas y que correspondían a 2011. Otra forma de verlo, según la propia valoración de la administración autónomica, es que la reducción desde 270 millones de euros –lo previsto en el plan de cierre– hasta 186 millones –lo presupuestado– era un 31%, que con salvedades podría haber sido asumido por las empreas, si no hubieran faltado los 75 millones de euros de 2011, lo que lleva a una reducción real del 59% sobre lo previsto en el plan de cierre.
En el propio plan de cierre se contempla el pago de 344 millones de euros para las empresas en 2012. A partir de ahí se contemplan 327 millones para 2013 –en los Presupuestos Generales del Estado hay aprobados 154 millones–. En 2014 –siempre según el plan de cierre– percibirían 287 millones, la misma cantidad que en 2015. En el año 2016, las ayudas llegarían hasta 229 millones, en 2017 serían 153 millones de euros y en 2018 –último año del plan del cierre– se pagarían 95 millones de euros a las empresas.
En cuanto a las producciones, sobre lo marcado en 2012 se contempla una reducción de las cantidades mínimas del 58%. En el plan de cierre se parten de producciones máximas y mínimas –con uno márgenes amplísimos–. “En los primeros años del período, las empresas deben liberar stocks y aliviar sus deudas financieras por lo que la producción se acercará más al mínimo considerado. A partir del año 2015, sí estarían más cerca de la media, ya que el factor determinante será por un lado la disminución de las ayudas, que haría tender a bajar la producción y, por otro lado, el mantenimiento de una producción mínima que produzca las menores pérdidas posibles, que tendería a aumentar la producción”.
Partiendo de esta premisa, en el año 2013, se estima una producción máxima de 7,4 millones de toneladas y una mínima de 6,2. En 2014, la producción máxima se fija en 7,1 millones y la mínima en 6,2. En 2015 se proyecta una producción máxima de 7,1 millones de toneladas y una mínima de 5,1 millones. Para 2016, se prevé una producción máxima de 6,9 millones de toneladas y una mínima de 5,1. En 2017, la máxima está en 6,9 millones y la mínima en 4,2. En el último año del plan de cierre, se prevé una producción máxima de 6,9 millones y una mínima de 2,5 millones de toneladas.