Luz ahora: 0,00392 €/kWh
ZUARES DEL PÁRAMO
La Junta abre una investigación por la gestión de la contaminación del agua
Sanidad ha incoado un expediente administrativo por no haber sido informada
24/09/2010 a. medina / m. rabanillo | león
El Servicio Territorial de Sanidad de León ha abierto una investigación sobre la manera en que se ha gestionado la contaminación del agua en Zuares del Páramo, según confirmaron ayer fuentes de la delegación territorial de la Junta que añadieron que ya está en marcha un expediente administrativo para aclarar las circunstancias que han provocado que la localidad haya permanecido casi un año con el agua contaminada sin que las autoridades sanitarias conocieran este extremo.
De hecho, los problemas detectados en la traída del agua deberían haber sido comunicados a la autoridad sanitaria antes de 24 horas, según se recoge en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Según el texto, una vez confirmada una alteración en los niveles «notificarán antes de 24 horas a la autoridad sanitaria las características de la situación». Será en ese momento cuando Sanidad «valorará la apertura o no de una -˜situación de alerta-™» y «estimará la importancia del incumplimiento, la repercusión sobre la salud de la población afectada y la realización de un estudio de evaluciación del riesgo debido al episodio de incumplimiento, si lo considera necesario».
La Junta Vecinal de Zuares del Páramo detectó el pasado octubre a través de unos análisis rutinarios realizados por orden del Ayuntamiento que el agua de la traída presentaba niveles de nitritos por encima de lo autorizado y hace cuatro meses, al repetir los análisis, detectaron que los niveles de nitritos habían vuelto a la normalidad y que, en cambio, se detectaba exceso de amonio (fecales), lo que convertía el agua en no apta para el consumo humano. Los vecinos comenzaron a recibir agua embotellada el pasado 6 de agosto. Según afirmó el presidente de la Junta Vecinal, Herminio Medina, informó de la situación al servicio de Medio Ambiente y a la Diputación hace dos meses.
Las autoridades sanitarias no han tenido constancia del resultado de estos análisis hasta esta misma semana, cuando la situación del pueblo salió publicada en este periódico. La ausencia de notificación a las autoridades sanitarias puede conllevar una «infracción administrativa en materia de sanidad», según se recoge en el artículo 28 del Real Decreto, que añade que «serán objeto de una sanción administrativa». De momento, el Servicio Territorial de Sanidad ha instruido el expediente administrativo que puede conllevar la mencionada sanción.
Si las anomalías en los análisis realizados hubieran sido notificadas a Sanidad, sería la Junta la que valorara la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar las técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, «con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presentación de riesgos potenciales para la salud de la población», según se estipula en el artículo 27.4 del Real Decreto antes mencionado.
La Junta abre una investigación por la gestión de la contaminación del agua
Sanidad ha incoado un expediente administrativo por no haber sido informada
24/09/2010 a. medina / m. rabanillo | león
El Servicio Territorial de Sanidad de León ha abierto una investigación sobre la manera en que se ha gestionado la contaminación del agua en Zuares del Páramo, según confirmaron ayer fuentes de la delegación territorial de la Junta que añadieron que ya está en marcha un expediente administrativo para aclarar las circunstancias que han provocado que la localidad haya permanecido casi un año con el agua contaminada sin que las autoridades sanitarias conocieran este extremo.
De hecho, los problemas detectados en la traída del agua deberían haber sido comunicados a la autoridad sanitaria antes de 24 horas, según se recoge en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Según el texto, una vez confirmada una alteración en los niveles «notificarán antes de 24 horas a la autoridad sanitaria las características de la situación». Será en ese momento cuando Sanidad «valorará la apertura o no de una -˜situación de alerta-™» y «estimará la importancia del incumplimiento, la repercusión sobre la salud de la población afectada y la realización de un estudio de evaluciación del riesgo debido al episodio de incumplimiento, si lo considera necesario».
La Junta Vecinal de Zuares del Páramo detectó el pasado octubre a través de unos análisis rutinarios realizados por orden del Ayuntamiento que el agua de la traída presentaba niveles de nitritos por encima de lo autorizado y hace cuatro meses, al repetir los análisis, detectaron que los niveles de nitritos habían vuelto a la normalidad y que, en cambio, se detectaba exceso de amonio (fecales), lo que convertía el agua en no apta para el consumo humano. Los vecinos comenzaron a recibir agua embotellada el pasado 6 de agosto. Según afirmó el presidente de la Junta Vecinal, Herminio Medina, informó de la situación al servicio de Medio Ambiente y a la Diputación hace dos meses.
Las autoridades sanitarias no han tenido constancia del resultado de estos análisis hasta esta misma semana, cuando la situación del pueblo salió publicada en este periódico. La ausencia de notificación a las autoridades sanitarias puede conllevar una «infracción administrativa en materia de sanidad», según se recoge en el artículo 28 del Real Decreto, que añade que «serán objeto de una sanción administrativa». De momento, el Servicio Territorial de Sanidad ha instruido el expediente administrativo que puede conllevar la mencionada sanción.
Si las anomalías en los análisis realizados hubieran sido notificadas a Sanidad, sería la Junta la que valorara la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar las técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, «con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presentación de riesgos potenciales para la salud de la población», según se estipula en el artículo 27.4 del Real Decreto antes mencionado.