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Estimado Sr. Director y queridos lectores
Sirva el presente para participarles los principales motivos que, desde otro punto de vista no recogido en sus crónicas, resultaban de interés local en la polémica solicitud de instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en mi localidad, Lomas de Campos. Se trata de un ejemplo más de los grandes esfuerzos “ex aequo et bono” a los que se ven abocados los valientes regidores de los pequeños Municipios (Melgar de Arriba, Santervás de Campos, Torrubia de Soria…) en la búsqueda de soluciones no sólo para paliar los ínfimos recursos de su Tesorería, sino también y, sobre todo, para atender la situación de muchas carencias de estas mismas localidades y de la Comarca de su entorno, pretendiendo un futuro con mejores perspectivas que las que nos brindan los tiempos actuales.
Me refiero no sólo a grandes problemas territoriales de esta región, el desempleo y la fijación de población en localidades agrícolas como la mía, sino a problemas más cotidianos relacionados con la prestación de servicios mínimos de competencia municipal, las dotaciones y el equipamiento municipal, la red de infraestructuras… y, para aquéllos que desconozcan el significado de estas palabras, las traduzco en mi localidad en la inversión que significa la renovación de la pavimentación de calles, el acondicionamiento de jardines y el saneamiento de diversas zonas, la rehabilitación del Centro de Convivencia y de otro local de titularidad pública, la reparación de goteras de la Iglesia de San Cristóbal, las retribuciones del funcionario habilitado de carácter nacional y el puntual cumplimiento en las obligaciones con la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad Social… es decir, “actuaciones responsables” que inciden en el propósito de mejorar nuestra calidad de vida y para las que no alcanza la participación de las Instituciones Provinciales y Autonómicas.
La solicitud de nuestro Municipio del polémico ATC con arreglo a la Resolución, de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Energía por la que se efectuaba la convocatoria pública (publicada en el B. O. E. nº 313 del martes, 29 de diciembre de 2009), se practicó desde la convicción personal “ex aequo et bono” en que el proyecto de emplazamiento resultaba del máximo interés tanto para nuestra localidad como para la Comarca y, permítanme decirlo, para nuestra región.
En la convocatoria se recogían sucintamente la descripción del proyecto y, entre otros, los aspectos medioambientales y socioeconómicos de interés, con el procedimiento y las bases de selección, pero la trascendencia del proyecto hace leer pormenorizadamente los informes refrendados por la Comisión Interministerial creada por Real Decreto del Gobierno 775/2006, de 23 de junio, de la que forman parte, entre otros; el Secretario de Estado de Energía, el Secretario General para la Prevención de la Contaminación, los Directores Generales de Salud Pública, del Ciemat, de Política Económica y de Cooperación Local, y publicados por la Comisión Técnica integrada por Catedráticos de Botánica, Ecología, de la Cátedra Superior Ambiental, profesores de la E. T. S. de Ingenieros Industriales, Secretarios de Administración Local de categoría superior, es decir reputados profesionales en ámbitos de actividad directamente vinculados con el proyecto del ATC.
Las conclusiones de estos informes desprenden las máximas garantías para la ausencia de riesgos tanto para las personas del entorno de la instalación como para el Medio Ambiente, y, abundando en este extremo, el actual diseño del proyecto consta de sendos estudios “genéricos” de seguridad y de impacto ambiental, los cuales concluyen que la instalación cumple con todo tipo de requisitos de seguridad aplicables y que el impacto global producido por la instalación será compatible con el respeto al Medio Ambiente.
Para reforzar esta seguridad jurídica, de acuerdo con la legislación vigente, el emplazamiento definitivo de la instalación del ATC debería cumplir con todos los requisitos, trámites y licencias de ls diferentes administraciones competentes, entre ellos, los relacionados con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, previa a la autorización de las obras de construcción definitivas.
También el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su reunión de 29 de junio de 2006 emitió una apreciación favorable del proyecto técnico de diseño genérico de un ATC, sin perjuicio de que, fijado un emplazamiento definitivo el proyecto de detalle será reevaluado.
Y en el mismo sentido las publicaciones y consultas de la Empresa Pública Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA), responsable de la construcción y gestión del futuro ATC, especialmente en el dossier informativo que representa el nº 93 de su revista corporativa “Estratos” difuminan falsas supercherías en la cuestión de la implantación del ATC, señalando las soluciones de países de nuestro entorno Francia (La Hague), Bélgica (Dessel), Reino Unido (Sellafield), Suiza (ZZL-Zwilag), Suecia (instalación CLAB).
Por su parte agencias de prensa nacional como EuropaPress recogían la postura del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Coiim) y la Asociación de Ingenieros Industriales, organización, que engloba también a los ingenieros industriales de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora, expresando que “bajo su criterio el ATC es una solución "ampliamente compartida" por los países europeos que cuentan con centrales nucleares en operación y que "cumple con todos los requisitos tecnológicos, de protección ambiental y de seguridad que cabe exigir".
Sobre la cuestión de la seguridad del transporte de los materiales radioactivos y las sustancias nucleares, señalar que el mismo esta sujeto a autorización por la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe preceptivo y vinculante de CSN, realizándose por personal especializado, sometido a un régimen de declaración lo que implica su inscripción en el Registro creado a tal fin en la Dirección General citada. Y, nuevamente de los informes de la Comisión Técnica ya aludidos, “los riesgos por accidentes resultan varios ordenes de magnitud inferiores a los derivados de la operación normal que ya eran insignificantes”.
Si a estas consideraciones objetivas añadimos que, el proyecto de instalación conlleva no sólo la instalación o estructura integral sino que va acompañado de un Centro Tecnológico de caracterización e I+D y de un Parque Empresarial, con un volumen de instalaciones que requerirá una superficie aproximada de 23 Hectáreas en total, no resulta descabellado considerar que este proyecto representa no sólo un número indeterminado de puestos de trabajo para mis vecinos sino también para otros desempleados de los pueblos del entorno, una solución de empleo que según las previsiones señaladas en la publicación “Estratos” se cifra en “no menos de 150 personas de alta cualificación técnica trabajarán en la instalación y durante la fase de construcción se prevé la participación de 500 trabajadores diarios”.
A este respecto, el Centro Tecnológico de caracterización e I+D, opinión que comparto con la Asociación de Ingenieros Industriales, brinda una oportunidad en el ámbito de las nuevas tecnologías a toda la región y ayudará a adquirir posiciones preponderantes en el sector de la energía a todo el país.
Por otra parte, la inversión estimada es de 700 millones de euros y más allá de las asignaciones a los Municipios del entorno de las instalaciones nucleares con cargo al “Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos” que no resultan desdeñables en modo alguno, representaría un incremento del consumo y, por ende, de los recursos municipales destinados a prestación de servicios mínimos, dotaciones y equipamiento, infraestructuras….
Lamentando que las consideraciones expuestas no hayan sido compartidas por parte de mis convecinos, pero respetando, en todo momento, las opciones personales y la decisión adoptada en el marco democrático al que más de uno acudía por primera vez en esta legislatura y con propósitos nada relacionados con el asunto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Lomas de Campos no recurrirá su exclusión de la lista provisional de candidatos admitidos para albergar el proyectado ATC.
Finalmente, lejos de amedrentarme la crítica personal vertida desde el anonimato que han recogido las publicaciones de su periódico, traslado mi máxima consideración al resto de regidores castellanos que optan a este procedimiento de adjudicación del emplazamiento y a los vecinos que, compartiendo los criterios expuestos en estas líneas, han alcanzado a ver alguna otra intención solapada a la solicitud de nuestra pequeña localidad, como la de que las Instituciones Autonómicas y Provinciales se impliquen con mayor ímpetu en la colaboración de los proyectos de intervención municipales y no medren las posibilidades de desarrollo de una localidad, Lomas de Campos, con igual importancia y trascendencia que cualquier otra de las de esta provincia.
Sin otro particular, me despido de Vd. agradeciendo, si lo estima oportuno la publicación de estas líneas.
En Lomas de Campos, a 12 de febrero de 2010
EL ALCALDE
Fdo. Andrés Antolín Castrilllo
Sirva el presente para participarles los principales motivos que, desde otro punto de vista no recogido en sus crónicas, resultaban de interés local en la polémica solicitud de instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en mi localidad, Lomas de Campos. Se trata de un ejemplo más de los grandes esfuerzos “ex aequo et bono” a los que se ven abocados los valientes regidores de los pequeños Municipios (Melgar de Arriba, Santervás de Campos, Torrubia de Soria…) en la búsqueda de soluciones no sólo para paliar los ínfimos recursos de su Tesorería, sino también y, sobre todo, para atender la situación de muchas carencias de estas mismas localidades y de la Comarca de su entorno, pretendiendo un futuro con mejores perspectivas que las que nos brindan los tiempos actuales.
Me refiero no sólo a grandes problemas territoriales de esta región, el desempleo y la fijación de población en localidades agrícolas como la mía, sino a problemas más cotidianos relacionados con la prestación de servicios mínimos de competencia municipal, las dotaciones y el equipamiento municipal, la red de infraestructuras… y, para aquéllos que desconozcan el significado de estas palabras, las traduzco en mi localidad en la inversión que significa la renovación de la pavimentación de calles, el acondicionamiento de jardines y el saneamiento de diversas zonas, la rehabilitación del Centro de Convivencia y de otro local de titularidad pública, la reparación de goteras de la Iglesia de San Cristóbal, las retribuciones del funcionario habilitado de carácter nacional y el puntual cumplimiento en las obligaciones con la AEAT y con la Tesorería General de la Seguridad Social… es decir, “actuaciones responsables” que inciden en el propósito de mejorar nuestra calidad de vida y para las que no alcanza la participación de las Instituciones Provinciales y Autonómicas.
La solicitud de nuestro Municipio del polémico ATC con arreglo a la Resolución, de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaria de Estado de Energía por la que se efectuaba la convocatoria pública (publicada en el B. O. E. nº 313 del martes, 29 de diciembre de 2009), se practicó desde la convicción personal “ex aequo et bono” en que el proyecto de emplazamiento resultaba del máximo interés tanto para nuestra localidad como para la Comarca y, permítanme decirlo, para nuestra región.
En la convocatoria se recogían sucintamente la descripción del proyecto y, entre otros, los aspectos medioambientales y socioeconómicos de interés, con el procedimiento y las bases de selección, pero la trascendencia del proyecto hace leer pormenorizadamente los informes refrendados por la Comisión Interministerial creada por Real Decreto del Gobierno 775/2006, de 23 de junio, de la que forman parte, entre otros; el Secretario de Estado de Energía, el Secretario General para la Prevención de la Contaminación, los Directores Generales de Salud Pública, del Ciemat, de Política Económica y de Cooperación Local, y publicados por la Comisión Técnica integrada por Catedráticos de Botánica, Ecología, de la Cátedra Superior Ambiental, profesores de la E. T. S. de Ingenieros Industriales, Secretarios de Administración Local de categoría superior, es decir reputados profesionales en ámbitos de actividad directamente vinculados con el proyecto del ATC.
Las conclusiones de estos informes desprenden las máximas garantías para la ausencia de riesgos tanto para las personas del entorno de la instalación como para el Medio Ambiente, y, abundando en este extremo, el actual diseño del proyecto consta de sendos estudios “genéricos” de seguridad y de impacto ambiental, los cuales concluyen que la instalación cumple con todo tipo de requisitos de seguridad aplicables y que el impacto global producido por la instalación será compatible con el respeto al Medio Ambiente.
Para reforzar esta seguridad jurídica, de acuerdo con la legislación vigente, el emplazamiento definitivo de la instalación del ATC debería cumplir con todos los requisitos, trámites y licencias de ls diferentes administraciones competentes, entre ellos, los relacionados con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, previa a la autorización de las obras de construcción definitivas.
También el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su reunión de 29 de junio de 2006 emitió una apreciación favorable del proyecto técnico de diseño genérico de un ATC, sin perjuicio de que, fijado un emplazamiento definitivo el proyecto de detalle será reevaluado.
Y en el mismo sentido las publicaciones y consultas de la Empresa Pública Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA), responsable de la construcción y gestión del futuro ATC, especialmente en el dossier informativo que representa el nº 93 de su revista corporativa “Estratos” difuminan falsas supercherías en la cuestión de la implantación del ATC, señalando las soluciones de países de nuestro entorno Francia (La Hague), Bélgica (Dessel), Reino Unido (Sellafield), Suiza (ZZL-Zwilag), Suecia (instalación CLAB).
Por su parte agencias de prensa nacional como EuropaPress recogían la postura del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Coiim) y la Asociación de Ingenieros Industriales, organización, que engloba también a los ingenieros industriales de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora, expresando que “bajo su criterio el ATC es una solución "ampliamente compartida" por los países europeos que cuentan con centrales nucleares en operación y que "cumple con todos los requisitos tecnológicos, de protección ambiental y de seguridad que cabe exigir".
Sobre la cuestión de la seguridad del transporte de los materiales radioactivos y las sustancias nucleares, señalar que el mismo esta sujeto a autorización por la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe preceptivo y vinculante de CSN, realizándose por personal especializado, sometido a un régimen de declaración lo que implica su inscripción en el Registro creado a tal fin en la Dirección General citada. Y, nuevamente de los informes de la Comisión Técnica ya aludidos, “los riesgos por accidentes resultan varios ordenes de magnitud inferiores a los derivados de la operación normal que ya eran insignificantes”.
Si a estas consideraciones objetivas añadimos que, el proyecto de instalación conlleva no sólo la instalación o estructura integral sino que va acompañado de un Centro Tecnológico de caracterización e I+D y de un Parque Empresarial, con un volumen de instalaciones que requerirá una superficie aproximada de 23 Hectáreas en total, no resulta descabellado considerar que este proyecto representa no sólo un número indeterminado de puestos de trabajo para mis vecinos sino también para otros desempleados de los pueblos del entorno, una solución de empleo que según las previsiones señaladas en la publicación “Estratos” se cifra en “no menos de 150 personas de alta cualificación técnica trabajarán en la instalación y durante la fase de construcción se prevé la participación de 500 trabajadores diarios”.
A este respecto, el Centro Tecnológico de caracterización e I+D, opinión que comparto con la Asociación de Ingenieros Industriales, brinda una oportunidad en el ámbito de las nuevas tecnologías a toda la región y ayudará a adquirir posiciones preponderantes en el sector de la energía a todo el país.
Por otra parte, la inversión estimada es de 700 millones de euros y más allá de las asignaciones a los Municipios del entorno de las instalaciones nucleares con cargo al “Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos” que no resultan desdeñables en modo alguno, representaría un incremento del consumo y, por ende, de los recursos municipales destinados a prestación de servicios mínimos, dotaciones y equipamiento, infraestructuras….
Lamentando que las consideraciones expuestas no hayan sido compartidas por parte de mis convecinos, pero respetando, en todo momento, las opciones personales y la decisión adoptada en el marco democrático al que más de uno acudía por primera vez en esta legislatura y con propósitos nada relacionados con el asunto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Lomas de Campos no recurrirá su exclusión de la lista provisional de candidatos admitidos para albergar el proyectado ATC.
Finalmente, lejos de amedrentarme la crítica personal vertida desde el anonimato que han recogido las publicaciones de su periódico, traslado mi máxima consideración al resto de regidores castellanos que optan a este procedimiento de adjudicación del emplazamiento y a los vecinos que, compartiendo los criterios expuestos en estas líneas, han alcanzado a ver alguna otra intención solapada a la solicitud de nuestra pequeña localidad, como la de que las Instituciones Autonómicas y Provinciales se impliquen con mayor ímpetu en la colaboración de los proyectos de intervención municipales y no medren las posibilidades de desarrollo de una localidad, Lomas de Campos, con igual importancia y trascendencia que cualquier otra de las de esta provincia.
Sin otro particular, me despido de Vd. agradeciendo, si lo estima oportuno la publicación de estas líneas.
En Lomas de Campos, a 12 de febrero de 2010
EL ALCALDE
Fdo. Andrés Antolín Castrilllo
