MALAS NOTICIAS PARA NUESTRA ZONA
La despedida a Isidro y María
Las deudas asfixian a la última empresa minera de la provincia, que se plantea cerrar
El cúmulo de deudas de la empresa Carbones San Isidro y María, última empresa que explota el carbón de la provincia de Palencia, ha hecho a la dirección de la sociedad tomar la decisión de concluir su actividad a partir de este próximo jueves, 31 de octubre. La situación viene de atrás, en parte, fruto del accidente que sufrió el minero Ángel Pérez el 5 de abril de 2011, que le costó la vida tras el hundimiento de una galería de la mina, ya que la empresa debe hacer frente al pago de la responsabilidad civil, lo que ha puesto las cuentas de la sociedad en la cuerda floja.
Así, los mineros dejaron de percibir el importe de sus nóminas en agosto y sus puestos de trabajo entraron en un ERE de extinción de empleo en febrero del año pasado, que tiene vigencia hasta hoy lunes.
A esta situación hay que añadir el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga tiene embargadas las ayudas que pueda recibir la empresa, por lo que el Ministerio de Industria no ha liberado el importe de las mismas. Además, Carbones San Isidro acumula deudas con la Seguridad Social por los seguros de los trabajadores, así como con Hacienda por sus responsabilidades tributarias.
Carbón que no se vende
Finalmente, si a las ayudas que no llegan y a las deudas que la empresa mantiene con las administraciones, se suma el hecho de que no se extrae carbón por la falta de trabajadores en el tajo, así como la falta de facturación por el carbón que no se ha vendido, el cierre se plantea como inminente para la empresa ubicada en Velilla del Río Carrión.
Así, la gerente de la firma, Marta Paz Garay, ha anunciado en asamblea a sus empleados que suspenderá la actividad de la empresa a partir del jueves por la imposibilidad de asumir más deudas, según explicaron mineros que estuvieron presentes en la reunión. En esta misma reunión, según aseguran los trabajadores, el abogado de la empresa comunicó que la familia del fallecido ha percibido ya más de 600.000 euros con una pensión de unos 3.000 euros mensuales y que la firma no puede afrontar una indemnización mayor.
«Quizá haya llegado la hora de decir la verdad sobre el accidente. La explotación era un caos y en ese accidente podíamos haber perdido la vida todos los trabajadores», destacan algunos empleados. Los mineros están dispuestos a hablar ahora sobre aquel suceso, porque consideran que no tienen nada que perder. «Sin embargo, antes éramos muy pocos en la explotación y teníamos miedo de represalias si decíamos algo», explicaba uno de los mineros, José Luis Fernández, que se mostró muy crítico con la situación actual de la empresa.
«Llevamos sin cobrar desde agosto», relata este minero, a la vez que asegura que son varias las familias que lo están pasando muy mal económicamente, «pero entre todos los compañeros podemos ayudarles y aguantaremos sin firmar una indemnización precaria», refiriéndose al acuerdo que puso sobre la mesa la directora gerente de Carbones San Isidro, en la que ofrecía a los trabajadores un despido con la paga del 50% de los salarios adeudados y del 50% del finiquito correspondiente. «No estamos dispuestos a firmar un acuerdo así ahora y que ni siquiera podamos acogernos al nuevo acuerdo del Plan del Carbón 2013-2018 que está a punto de entrar en vigor, menos cuando la explotación estaba en proyecto de ampliación y en esa mina hay carbón para aburrir», asegura José Luis Fernández.
Además, los trabajadores denuncian que se está produciendo la venta de material de empresas filiales de Carbones San Isidro, «lo que puede constituir un delito de alzamiento de bienes». Uno de estos ejemplos es el de la empresa Movitrans León S. L., que tiene como administrador único a la misma persona que San Isidro, Marta Paz Garay. «Están vendiendo las palas y maquinaria de extracción a través de esa empresa», argumentan los trabajadores.
Fueron estos mismos trabajadores quienes denunciaron «movimientos de terceras personas, interesadas en despedirnos para quedarse con una concesión de una mina que va a ser muy rentable en los próximos años».
En este sentido, aseguraron conocer la identidad de tres personas interesadas en la compra de la explotación, que ya podrían haber hecho sus ofertas a la actual dirección, que pretende liquidar la empresa y vender la concesión.
En la actualidad, Carbones San Isidro y María cuenta con trece trabajadores en el interior, cuatro en la oficina, dos en los lavaderos y tres en los talleres, que están esperando dos posibles soluciones. La primera de ellas, la que más desean, que el juzgado permita a la empresa recibir las ayudas, pagar a los trabajadores y que, con los ingresos por la producción se haga frente a las deudas.
En el peor de los casos, una segunda solución pasaría por prorrogar el ERE hasta que se firme el Plan del Carbón y que los trabajadores queden amparados por él.
La despedida a Isidro y María
Las deudas asfixian a la última empresa minera de la provincia, que se plantea cerrar
El cúmulo de deudas de la empresa Carbones San Isidro y María, última empresa que explota el carbón de la provincia de Palencia, ha hecho a la dirección de la sociedad tomar la decisión de concluir su actividad a partir de este próximo jueves, 31 de octubre. La situación viene de atrás, en parte, fruto del accidente que sufrió el minero Ángel Pérez el 5 de abril de 2011, que le costó la vida tras el hundimiento de una galería de la mina, ya que la empresa debe hacer frente al pago de la responsabilidad civil, lo que ha puesto las cuentas de la sociedad en la cuerda floja.
Así, los mineros dejaron de percibir el importe de sus nóminas en agosto y sus puestos de trabajo entraron en un ERE de extinción de empleo en febrero del año pasado, que tiene vigencia hasta hoy lunes.
A esta situación hay que añadir el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga tiene embargadas las ayudas que pueda recibir la empresa, por lo que el Ministerio de Industria no ha liberado el importe de las mismas. Además, Carbones San Isidro acumula deudas con la Seguridad Social por los seguros de los trabajadores, así como con Hacienda por sus responsabilidades tributarias.
Carbón que no se vende
Finalmente, si a las ayudas que no llegan y a las deudas que la empresa mantiene con las administraciones, se suma el hecho de que no se extrae carbón por la falta de trabajadores en el tajo, así como la falta de facturación por el carbón que no se ha vendido, el cierre se plantea como inminente para la empresa ubicada en Velilla del Río Carrión.
Así, la gerente de la firma, Marta Paz Garay, ha anunciado en asamblea a sus empleados que suspenderá la actividad de la empresa a partir del jueves por la imposibilidad de asumir más deudas, según explicaron mineros que estuvieron presentes en la reunión. En esta misma reunión, según aseguran los trabajadores, el abogado de la empresa comunicó que la familia del fallecido ha percibido ya más de 600.000 euros con una pensión de unos 3.000 euros mensuales y que la firma no puede afrontar una indemnización mayor.
«Quizá haya llegado la hora de decir la verdad sobre el accidente. La explotación era un caos y en ese accidente podíamos haber perdido la vida todos los trabajadores», destacan algunos empleados. Los mineros están dispuestos a hablar ahora sobre aquel suceso, porque consideran que no tienen nada que perder. «Sin embargo, antes éramos muy pocos en la explotación y teníamos miedo de represalias si decíamos algo», explicaba uno de los mineros, José Luis Fernández, que se mostró muy crítico con la situación actual de la empresa.
«Llevamos sin cobrar desde agosto», relata este minero, a la vez que asegura que son varias las familias que lo están pasando muy mal económicamente, «pero entre todos los compañeros podemos ayudarles y aguantaremos sin firmar una indemnización precaria», refiriéndose al acuerdo que puso sobre la mesa la directora gerente de Carbones San Isidro, en la que ofrecía a los trabajadores un despido con la paga del 50% de los salarios adeudados y del 50% del finiquito correspondiente. «No estamos dispuestos a firmar un acuerdo así ahora y que ni siquiera podamos acogernos al nuevo acuerdo del Plan del Carbón 2013-2018 que está a punto de entrar en vigor, menos cuando la explotación estaba en proyecto de ampliación y en esa mina hay carbón para aburrir», asegura José Luis Fernández.
Además, los trabajadores denuncian que se está produciendo la venta de material de empresas filiales de Carbones San Isidro, «lo que puede constituir un delito de alzamiento de bienes». Uno de estos ejemplos es el de la empresa Movitrans León S. L., que tiene como administrador único a la misma persona que San Isidro, Marta Paz Garay. «Están vendiendo las palas y maquinaria de extracción a través de esa empresa», argumentan los trabajadores.
Fueron estos mismos trabajadores quienes denunciaron «movimientos de terceras personas, interesadas en despedirnos para quedarse con una concesión de una mina que va a ser muy rentable en los próximos años».
En este sentido, aseguraron conocer la identidad de tres personas interesadas en la compra de la explotación, que ya podrían haber hecho sus ofertas a la actual dirección, que pretende liquidar la empresa y vender la concesión.
En la actualidad, Carbones San Isidro y María cuenta con trece trabajadores en el interior, cuatro en la oficina, dos en los lavaderos y tres en los talleres, que están esperando dos posibles soluciones. La primera de ellas, la que más desean, que el juzgado permita a la empresa recibir las ayudas, pagar a los trabajadores y que, con los ingresos por la producción se haga frente a las deudas.
En el peor de los casos, una segunda solución pasaría por prorrogar el ERE hasta que se firme el Plan del Carbón y que los trabajadores queden amparados por él.