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EL PASTOR QUE DIJO NO A LA CAJA B Y CASI LO MATAN POR DENINCIAR LA CORRUPCIÓN RURAL
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Rafael Lobato es ganadero y exalcalde de Peque, Zamora. Lleva diez años de guerra judicial por su supervivencia y por levantar las alfombras del poder local en la España profunda.
Sentado en un despacho, junto a un alto cargo del Partido Popular en la provincia de Zamora, Rafael Lobato tomó una decisión que cambiaría su vida. Dijo que no contaran con él para alimentar la caja B de su partido. Ocurrió en el año 2004. Lobato acababa de ser elegido alcalde de Peque, un pequeño pueblo en el corazón de Sanabria-Carballeda. Su superior le estaba invitando a formar parte de la camarilla de alcaldes que recauda dinero mediante la firma de presupuestos de obra inflados o directamente ficticios. El alto cargo, una persona ya fallecida, quedó sorprendido. No estaba acostumbrado a que un alcalde le dijera que no, y menos aún un simple pastor de ovejas de un pueblo perdido de 100 habitantes. No le volvieron a sugerir que se sumara al juego, pero en ese momento se convirtió en un apestado. En las siguientes elecciones, en 2007, el alcalde ni siquiera figuró en las listas. Fue en ese momento, tras dejar la política y volcarse de nuevo en su explotación ganadera, cuando su vida se convirtió en un infierno.
"Me invitaban a hacer lo siguiente: me daban obras y se certificaban con mi firma, claro. Ya luego harían ellos los chanchullos como les pareciese. Si yo me prestaba, vendrían más obras al pueblo y los vecinos contentos. Yo les dije que a ver qué ganaba yo con poner mi firma, que eso era ilegal, y me respondieron que quien ganaba era el pueblo. Les dije rotundamente que no. Sé que muchos alcaldes han entrado al trapo durante muchos años, en realidad no conozco a ninguno que se haya negado", recuerda Lobato. ¿Le consta que esta práctica se haya sostenido en el tiempo, una vez la caja B del Partido Popular fue destapada y judicializada y el tesorero Luis Bárcenas puesto en prisión? "No puedo afirmarlo, pero en muchos pueblos durante años se han hecho obras presupuestadas por la Junta en las que se han usado máquinas de la Diputación, que son gratuitas. Es decir, que el gasto ha sido muy inferior al presupuestado. Hay un señor que dijo que en todas las provincias había una caja B. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones.
Lejos de amilanarse, Lobato siguió crispando a sus superiores cuando era alcalde: impugnó una selección de personal para la mancomunidad de Sanabria-Carballeda por irregularidades en el proceso y dinamitó otras acciones menores de su partido, que durante tantos años ha gobernado ayuntamientos, diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León a su antojo, un triple anillo de poder que el Partido Popular mantiene en su mayor parte a día de hoy.
Lobato tampoco dudó en agitar el avispero a nivel local y pronto levantó literalmente en armas al grupo social más poderoso, el de los cazadores. "La sociedad de cazadores estaba comercializando para su beneficio las tierras comunales del pueblo. Unas 1.800 hectáreas del total de 3.800 hectáreas que tiene el coto de caza. Ese coto, en aquellos años, tenía un valor de 100.000 euros y el dinero se lo quedaban cuatro o cinco. Era injusto, la mitad de ese dinero tenía que ser para el ayuntamiento, así que intenté segregar esas tierras, que además son las mejores, para hacer otro coto". El exalcalde todavía recuerda el día en que en el bar de Peque un cazador le dijo: "Hoy la escopeta tiene seguro, una bala marcha y puede matar a una persona por menos de nada". Finalmente, fue incapaz de segregar las tierras comunales del coto antes de finalizar su mandato por innumerables trabas legales. Lo único que logró es quedar señalado y aislado.
"Yo lo que quería es hacer las cosas bien, que mi pueblo dejase de ser el cortijo de unos pocos donde todo se hace de cualquier manera", recuerda Lobato. Una licencia que en la España profunda puede ser todo un sacrilegio capaz de costarte la vida. No es una exageración. En octubre de 2016, dos personas abordaron a Lobato en el monte y le dieron una paliza brutal que le generó un coágulo en el cerebro ("me podría haber matado") y varios días de hospitalización. La agresión fue a cargo de un empresario y su hijo, a quienes Lobato ya tenía identificados porque amagaron con atropellarle unos meses antes. Tirado en el monte y malherido, bajó como pudo al pueblo a pedir ayuda.
Para entender ese desenlace, primero hay que comprender cómo comenzó la pesadilla que le persigue hasta el día de hoy y a la cual está empezando a ver la luz. Tras una montaña de procesos judiciales que le han costado los ahorros y la salud, en especial una fuerte depresión que ha durado años, los jueces empiezan a darle la razón. Si consigue su último objetivo, demostrar que la gran mayoría de secretarios municipales rurales son interinos cuyo nombramiento ha expirado y que por lo tanto todo lo que firmen no tiene validez legal, el terremoto en las administraciones puede ser enorme: HUNDIR AL REVELDE
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" ¿Que por qué me persiguen si hace diez años que no soy alcalde de Peque? Pues porque sé muchas cosas que pasan aquí. Y porque me la tienen jurada, supongo", resopla el exalcalde mientras lleva en un carretón una oveja recién fallecida campo abajo. Lobato es un hombre calmado que habla con voz pausada. Es introvertido y no malgasta una sola palabra. Lo único que pide desde hace diez años es que el ayuntamiento o la diputación de Zamora habilite el camino de entrada y salida a su explotación, que fue misteriosamente cortado en 2007, poco después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno de Peque, sus antiguos compañeros del PP. Se trata del camino de Chanos, una vía vecinal que consta en los mapas desde el año 1909. Solo hay que mejorar 600 metros de extensión. Sin ella, el negocio de Lobato queda tocado de muerte, pero el ayuntamiento se niega en redondo a habilitarle un acceso. A cuenta de este camino, que parece (y es) un asunto ridículo, Lobato lleva una década empantanado en una guerra judicial inaudita.
El asunto se resume en algo tan surrealista como esto. Lobato tiene más de 700 cabezas de ovino y hasta hace unos meses era el único empresario del lugar, más allá de los dos bares del pueblo. En agosto de 2007, a poco de dejar la alcaldía, se encontró una mañana con que alguien le había cortado la entrada "por mandato de los vecinos". Con el camino cortado, el camión de recogida de cadáveres de animales no podía acceder a su explotación y los cuerpos se amontonaban. La fiscalía de medioambiente, jaleada por el ayuntamiento, lo denunció por negligencia y por entrañar un peligro para la salud pública. La entonces alcaldesa, Pilar Otero, le dio 48 horas para retirar las ovejas si no quería sufrir represalias, entre ellas la clausura de su negocio.
No es la primera vez que el consistorio aprieta las tuercas al único ganadero del pueblo. En 2008, como parte de la batería de medidas del nuevo gobierno municipal, se aprobó una tasa de 6 euros por cabeza de ganado, "la tasa más alta de España". Una vez más, el afectado tuvo que recurrir a la justicia y pelear todos los recursos interpuestos por el ayuntamiento. Y pagarlos de su bolsillo, claro. El TSJCyL le dio la razón y la declaró ilegal.
CONTINÚA.
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Rafael Lobato es ganadero y exalcalde de Peque, Zamora. Lleva diez años de guerra judicial por su supervivencia y por levantar las alfombras del poder local en la España profunda.
Sentado en un despacho, junto a un alto cargo del Partido Popular en la provincia de Zamora, Rafael Lobato tomó una decisión que cambiaría su vida. Dijo que no contaran con él para alimentar la caja B de su partido. Ocurrió en el año 2004. Lobato acababa de ser elegido alcalde de Peque, un pequeño pueblo en el corazón de Sanabria-Carballeda. Su superior le estaba invitando a formar parte de la camarilla de alcaldes que recauda dinero mediante la firma de presupuestos de obra inflados o directamente ficticios. El alto cargo, una persona ya fallecida, quedó sorprendido. No estaba acostumbrado a que un alcalde le dijera que no, y menos aún un simple pastor de ovejas de un pueblo perdido de 100 habitantes. No le volvieron a sugerir que se sumara al juego, pero en ese momento se convirtió en un apestado. En las siguientes elecciones, en 2007, el alcalde ni siquiera figuró en las listas. Fue en ese momento, tras dejar la política y volcarse de nuevo en su explotación ganadera, cuando su vida se convirtió en un infierno.
"Me invitaban a hacer lo siguiente: me daban obras y se certificaban con mi firma, claro. Ya luego harían ellos los chanchullos como les pareciese. Si yo me prestaba, vendrían más obras al pueblo y los vecinos contentos. Yo les dije que a ver qué ganaba yo con poner mi firma, que eso era ilegal, y me respondieron que quien ganaba era el pueblo. Les dije rotundamente que no. Sé que muchos alcaldes han entrado al trapo durante muchos años, en realidad no conozco a ninguno que se haya negado", recuerda Lobato. ¿Le consta que esta práctica se haya sostenido en el tiempo, una vez la caja B del Partido Popular fue destapada y judicializada y el tesorero Luis Bárcenas puesto en prisión? "No puedo afirmarlo, pero en muchos pueblos durante años se han hecho obras presupuestadas por la Junta en las que se han usado máquinas de la Diputación, que son gratuitas. Es decir, que el gasto ha sido muy inferior al presupuestado. Hay un señor que dijo que en todas las provincias había una caja B. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones.
Lejos de amilanarse, Lobato siguió crispando a sus superiores cuando era alcalde: impugnó una selección de personal para la mancomunidad de Sanabria-Carballeda por irregularidades en el proceso y dinamitó otras acciones menores de su partido, que durante tantos años ha gobernado ayuntamientos, diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León a su antojo, un triple anillo de poder que el Partido Popular mantiene en su mayor parte a día de hoy.
Lobato tampoco dudó en agitar el avispero a nivel local y pronto levantó literalmente en armas al grupo social más poderoso, el de los cazadores. "La sociedad de cazadores estaba comercializando para su beneficio las tierras comunales del pueblo. Unas 1.800 hectáreas del total de 3.800 hectáreas que tiene el coto de caza. Ese coto, en aquellos años, tenía un valor de 100.000 euros y el dinero se lo quedaban cuatro o cinco. Era injusto, la mitad de ese dinero tenía que ser para el ayuntamiento, así que intenté segregar esas tierras, que además son las mejores, para hacer otro coto". El exalcalde todavía recuerda el día en que en el bar de Peque un cazador le dijo: "Hoy la escopeta tiene seguro, una bala marcha y puede matar a una persona por menos de nada". Finalmente, fue incapaz de segregar las tierras comunales del coto antes de finalizar su mandato por innumerables trabas legales. Lo único que logró es quedar señalado y aislado.
"Yo lo que quería es hacer las cosas bien, que mi pueblo dejase de ser el cortijo de unos pocos donde todo se hace de cualquier manera", recuerda Lobato. Una licencia que en la España profunda puede ser todo un sacrilegio capaz de costarte la vida. No es una exageración. En octubre de 2016, dos personas abordaron a Lobato en el monte y le dieron una paliza brutal que le generó un coágulo en el cerebro ("me podría haber matado") y varios días de hospitalización. La agresión fue a cargo de un empresario y su hijo, a quienes Lobato ya tenía identificados porque amagaron con atropellarle unos meses antes. Tirado en el monte y malherido, bajó como pudo al pueblo a pedir ayuda.
Para entender ese desenlace, primero hay que comprender cómo comenzó la pesadilla que le persigue hasta el día de hoy y a la cual está empezando a ver la luz. Tras una montaña de procesos judiciales que le han costado los ahorros y la salud, en especial una fuerte depresión que ha durado años, los jueces empiezan a darle la razón. Si consigue su último objetivo, demostrar que la gran mayoría de secretarios municipales rurales son interinos cuyo nombramiento ha expirado y que por lo tanto todo lo que firmen no tiene validez legal, el terremoto en las administraciones puede ser enorme: HUNDIR AL REVELDE
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" ¿Que por qué me persiguen si hace diez años que no soy alcalde de Peque? Pues porque sé muchas cosas que pasan aquí. Y porque me la tienen jurada, supongo", resopla el exalcalde mientras lleva en un carretón una oveja recién fallecida campo abajo. Lobato es un hombre calmado que habla con voz pausada. Es introvertido y no malgasta una sola palabra. Lo único que pide desde hace diez años es que el ayuntamiento o la diputación de Zamora habilite el camino de entrada y salida a su explotación, que fue misteriosamente cortado en 2007, poco después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno de Peque, sus antiguos compañeros del PP. Se trata del camino de Chanos, una vía vecinal que consta en los mapas desde el año 1909. Solo hay que mejorar 600 metros de extensión. Sin ella, el negocio de Lobato queda tocado de muerte, pero el ayuntamiento se niega en redondo a habilitarle un acceso. A cuenta de este camino, que parece (y es) un asunto ridículo, Lobato lleva una década empantanado en una guerra judicial inaudita.
El asunto se resume en algo tan surrealista como esto. Lobato tiene más de 700 cabezas de ovino y hasta hace unos meses era el único empresario del lugar, más allá de los dos bares del pueblo. En agosto de 2007, a poco de dejar la alcaldía, se encontró una mañana con que alguien le había cortado la entrada "por mandato de los vecinos". Con el camino cortado, el camión de recogida de cadáveres de animales no podía acceder a su explotación y los cuerpos se amontonaban. La fiscalía de medioambiente, jaleada por el ayuntamiento, lo denunció por negligencia y por entrañar un peligro para la salud pública. La entonces alcaldesa, Pilar Otero, le dio 48 horas para retirar las ovejas si no quería sufrir represalias, entre ellas la clausura de su negocio.
No es la primera vez que el consistorio aprieta las tuercas al único ganadero del pueblo. En 2008, como parte de la batería de medidas del nuevo gobierno municipal, se aprobó una tasa de 6 euros por cabeza de ganado, "la tasa más alta de España". Una vez más, el afectado tuvo que recurrir a la justicia y pelear todos los recursos interpuestos por el ayuntamiento. Y pagarlos de su bolsillo, claro. El TSJCyL le dio la razón y la declaró ilegal.
CONTINÚA.
