SECRETARIOS INTERINOS EN EL FOCO
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Pero no todo han sido victorias para Lobato. En 2016, un juez tomó una decisión inaudita en España. Le declaró una incapacidad para personarse ante la administración de Justicia. Es decir, Lobato es una persona perfectamente cabal excepto para denunciar o interponer recursos contra la administración, en base al informe de un médico forense hecho en ausencia. El abogado que le denunció, quien a su vez es secretario municipal de un municipio cercano, pedía su incapacitación total por ser un peligro para la sociedad, lo que exigiría el cierre de su explotación. El ganadero aportó el informe de un psiquiatra independiente de Valladolid cuya conclusión es clara: "ausencia completa de trastorno psicótico”, "pensamiento completamente coherente y con buena estructuración" y si acaso "ansiedad somatizada" debido a esta cruzada personal.
"No conozco otro caso igual", admite la abogada Ángela de Miguel, socia fundadora de Negotia abogados. De Miguel ha llevado este último recurso del ganadero para invalidar la doble tasa sobre sus ovejas y reconoce que la situación que se vive en Peque es "muy peculiar". "Parece que se le está declarando incapaz de poner recursos contra la administración para que deje tranquilo al ayuntamiento, pero este ha instrumentalizado esa situación en su favor para actuar contra una persona indefensa. Es grave", resume la letrada.
Si bien esta última victoria es una alegría, la lucha definitiva del ganadero rebelde de Peque es dinamitar el sistema de cargos interinos que impera en cientos de pueblos desde hace décadas. La figura clave es el secretario municipal: una persona que ocupa el cargo de forma interina, que muchas veces ha sido puesta a dedo por los alcaldes o sus superiores jerárquicos en el partido político al que pertenece, y que con su firma da validez legal a todo lo que lo apruebe el pleno. La mayoría lleva lustros ocupando el puesto.
En este engranaje que presuntamente sostiene y blanquea el caciquismo en la España rural hay un fallo que Lobato y expertos en la materia como el abogado malagueño Wenceslao Alonso quieren explotar: un secretario interino es cesado por defecto al cabo de dos años de desempeñar su función, tras lo que hay que convocar concurso público para intentar cubrir esa plaza con un funcionario titular. Es decir, todo lo que un secretario firme pasado ese tiempo no tendría validez legal si no ha habido concurso. Lobato tiene este asunto atravesado porque si un tribunal falla en este sentido, los certificados y ordenanzas municipales que le asfixian económicamente serían papel mojado. Como la ordenanza, firmada por la secretaria municipal de Peque, interina en el cargo desde el año 2004, que afirma que el camino de Chanos se encuentra en perfecto estado.
"Los secretarios interinos suelen ser compartidos por varios ayuntamientos cercanos", explica Alonso, experto en derecho administrativo. "Llegan por libre designación y no por concurso público, y eso ya es la primera irregularidad. El ayuntamiento dice 'tengo vacante la plaza de secretario interventor y necesito uno', pero no convoca un concurso de méritos, sino que elige a dedo a una persona que mantiene el cargo durante años si nadie lo denuncia, y el ayuntamiento se ahorra convocar un concurso. Si eres interino firmas lo que te ponga por delante el alcalde, porque él es quien te ha elegido a ti y puede sacarte cuando quiera. Y todos piensan 'mientras nadie denuncie no pasa nada'. Es como si tú y yo robamos un jamón, que si no nos pillan…"."No puede ser, debe ser intolerable, que quien tiene razón sea la víctima ante la pasividad del Estado, la autonomía y el ayuntamiento", expresó el ex diputado Molina en su blog personal, donde desgrana el sinsentido de lo que está padeciendo Lobato y copia las mociones que presentó ante la diputación de Zamora para que alguien arreglase ese camino. El pleno de la diputación, presidida entre 2003 y 2015 por el ex coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, nunca las aceptó.
Casualmente, en 2018 la diputación de Zamora invirtió un millón de euros en asfaltar varios caminos rurales de la comarca. De ellos, 251.000 euros se gastaron solamente en asfaltar el enlace entre Peque y Muelas de los Caballeros. La presidenta de la diputación, Mayte Martín Pozo, y la alcaldesa de Peque, Teresa María Garrao, celebraron la buena nueva dando un paseo por el municipio. Nadie reparó en que allí mismo, subiendo la loma, existe un camino accesible solo en todoterreno, olvidado por todos, que conduce a la explotación ganadera de Rafael Lobato.
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Pero no todo han sido victorias para Lobato. En 2016, un juez tomó una decisión inaudita en España. Le declaró una incapacidad para personarse ante la administración de Justicia. Es decir, Lobato es una persona perfectamente cabal excepto para denunciar o interponer recursos contra la administración, en base al informe de un médico forense hecho en ausencia. El abogado que le denunció, quien a su vez es secretario municipal de un municipio cercano, pedía su incapacitación total por ser un peligro para la sociedad, lo que exigiría el cierre de su explotación. El ganadero aportó el informe de un psiquiatra independiente de Valladolid cuya conclusión es clara: "ausencia completa de trastorno psicótico”, "pensamiento completamente coherente y con buena estructuración" y si acaso "ansiedad somatizada" debido a esta cruzada personal.
"No conozco otro caso igual", admite la abogada Ángela de Miguel, socia fundadora de Negotia abogados. De Miguel ha llevado este último recurso del ganadero para invalidar la doble tasa sobre sus ovejas y reconoce que la situación que se vive en Peque es "muy peculiar". "Parece que se le está declarando incapaz de poner recursos contra la administración para que deje tranquilo al ayuntamiento, pero este ha instrumentalizado esa situación en su favor para actuar contra una persona indefensa. Es grave", resume la letrada.
Si bien esta última victoria es una alegría, la lucha definitiva del ganadero rebelde de Peque es dinamitar el sistema de cargos interinos que impera en cientos de pueblos desde hace décadas. La figura clave es el secretario municipal: una persona que ocupa el cargo de forma interina, que muchas veces ha sido puesta a dedo por los alcaldes o sus superiores jerárquicos en el partido político al que pertenece, y que con su firma da validez legal a todo lo que lo apruebe el pleno. La mayoría lleva lustros ocupando el puesto.
En este engranaje que presuntamente sostiene y blanquea el caciquismo en la España rural hay un fallo que Lobato y expertos en la materia como el abogado malagueño Wenceslao Alonso quieren explotar: un secretario interino es cesado por defecto al cabo de dos años de desempeñar su función, tras lo que hay que convocar concurso público para intentar cubrir esa plaza con un funcionario titular. Es decir, todo lo que un secretario firme pasado ese tiempo no tendría validez legal si no ha habido concurso. Lobato tiene este asunto atravesado porque si un tribunal falla en este sentido, los certificados y ordenanzas municipales que le asfixian económicamente serían papel mojado. Como la ordenanza, firmada por la secretaria municipal de Peque, interina en el cargo desde el año 2004, que afirma que el camino de Chanos se encuentra en perfecto estado.
"Los secretarios interinos suelen ser compartidos por varios ayuntamientos cercanos", explica Alonso, experto en derecho administrativo. "Llegan por libre designación y no por concurso público, y eso ya es la primera irregularidad. El ayuntamiento dice 'tengo vacante la plaza de secretario interventor y necesito uno', pero no convoca un concurso de méritos, sino que elige a dedo a una persona que mantiene el cargo durante años si nadie lo denuncia, y el ayuntamiento se ahorra convocar un concurso. Si eres interino firmas lo que te ponga por delante el alcalde, porque él es quien te ha elegido a ti y puede sacarte cuando quiera. Y todos piensan 'mientras nadie denuncie no pasa nada'. Es como si tú y yo robamos un jamón, que si no nos pillan…"."No puede ser, debe ser intolerable, que quien tiene razón sea la víctima ante la pasividad del Estado, la autonomía y el ayuntamiento", expresó el ex diputado Molina en su blog personal, donde desgrana el sinsentido de lo que está padeciendo Lobato y copia las mociones que presentó ante la diputación de Zamora para que alguien arreglase ese camino. El pleno de la diputación, presidida entre 2003 y 2015 por el ex coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, nunca las aceptó.
Casualmente, en 2018 la diputación de Zamora invirtió un millón de euros en asfaltar varios caminos rurales de la comarca. De ellos, 251.000 euros se gastaron solamente en asfaltar el enlace entre Peque y Muelas de los Caballeros. La presidenta de la diputación, Mayte Martín Pozo, y la alcaldesa de Peque, Teresa María Garrao, celebraron la buena nueva dando un paseo por el municipio. Nadie reparó en que allí mismo, subiendo la loma, existe un camino accesible solo en todoterreno, olvidado por todos, que conduce a la explotación ganadera de Rafael Lobato.