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B.- Crisis del Bajo Imperio y sus repercusiones. Se sitúa a finales del S. II. Debido a sus propias contradicciones internas hay una profunda crisis política evidenciada desde el S. II a través del deterioro de las instituciones políticas unida a otra crisis militar provocada en el S. III por la penetración, más o menos pacífica, de los pueblos bárbaros dentro del limes del Imperio y que acarrearía transformaciones radicales en el propio ejército romano que culmina en una crisis económica y social.
Dicha crisis se inicia en el año 301 con la promulgación por Diocleciano del Edicto “del máximo precio de las cosas” y finaliza en el año 410 (agosto) con el saqueo de Roma por parte del caudillo visigodo Alarico I.
Los efectos de la crisis tuvieron inmediatas repercusiones en la vida de las provincias y fundamentalmente en las ciudades, sobre las que el Estado ejerció una extraordinaria presión fiscal para paliar el deterioro del sistema. Esta presión acabaría provocando la huída de sus habitantes al campo, la consiguiente decadencia de la organización municipal y el desarrollo del régimen señorial como sistema de organización de la vida en el medio rural, en definitiva, una notable ruralización de la sociedad hispana.
Diocleciano intenta fijar el precio de las cosas para evitar el desmoronamiento del mercado. De esta manera, los colonos, aparceros y arrendatarios en general quedarían adscritos a la tierra que cultivaban para asegurar con ello la permanencia en los campos de mano de obra y la continuidad del cultivo aún en el caso de que la tierra fuera transferida.
Los colonos quedaron adscritos al trabajo de la tierra y al predio mismo que cultivaban y también quedaron adscritos al campo los hombres libres antiguos poseedores de pequeñas tierras que se habían visto obligados a cederlas a un latifundista al que con frecuencia se encomendaron a cambio de protección. La condición de no poder abandonar los campos hacía que estos colonos y su descendencia pasara de hecho a una situación de falta de libertad de movimientos muy próxima a la servidumbre, aunque jurídicamente fueran libres.
De igual manera la adscripción al oficio pretendía asegurar la producción en las ciudades y frenar la huida de sus habitantes al medio rural donde era más fácil esquivar la acción de los recaudadores de impuestos. Artesanos, comerciantes, oficiales, etc quedaron encerrados en sus profesiones quedando obligados a ejercer su oficio tanto en la ciudad de origen como hereditariamente. Como consecuencia de esto muchos huyeron al campo fingiéndose esclavos, fugitivos o forzando una situación de colonato.
También los cargos municipales se convirtieron en obligatorios e irrenunciables y dadas las dificultades para cobrar impuestos fueron obligados a responder con su propio patrimonio de las cantidades que se les asignaba recaudar. Las magistraturas municipales dejaron de ser un honor para convertirse en una pesada carga que obligó con frecuencia a los magistrados a corromperse, a entrar en lazos de clientela, o a huir al campo, siendo ésta otra causa de la destrucción del Estado.
Ante estas medidas, la ciudad dejó de ser el centro político y administrativo que mantenía el Imperio.
De la H. del Derecho de los Pueblos. 10
Dicha crisis se inicia en el año 301 con la promulgación por Diocleciano del Edicto “del máximo precio de las cosas” y finaliza en el año 410 (agosto) con el saqueo de Roma por parte del caudillo visigodo Alarico I.
Los efectos de la crisis tuvieron inmediatas repercusiones en la vida de las provincias y fundamentalmente en las ciudades, sobre las que el Estado ejerció una extraordinaria presión fiscal para paliar el deterioro del sistema. Esta presión acabaría provocando la huída de sus habitantes al campo, la consiguiente decadencia de la organización municipal y el desarrollo del régimen señorial como sistema de organización de la vida en el medio rural, en definitiva, una notable ruralización de la sociedad hispana.
Diocleciano intenta fijar el precio de las cosas para evitar el desmoronamiento del mercado. De esta manera, los colonos, aparceros y arrendatarios en general quedarían adscritos a la tierra que cultivaban para asegurar con ello la permanencia en los campos de mano de obra y la continuidad del cultivo aún en el caso de que la tierra fuera transferida.
Los colonos quedaron adscritos al trabajo de la tierra y al predio mismo que cultivaban y también quedaron adscritos al campo los hombres libres antiguos poseedores de pequeñas tierras que se habían visto obligados a cederlas a un latifundista al que con frecuencia se encomendaron a cambio de protección. La condición de no poder abandonar los campos hacía que estos colonos y su descendencia pasara de hecho a una situación de falta de libertad de movimientos muy próxima a la servidumbre, aunque jurídicamente fueran libres.
De igual manera la adscripción al oficio pretendía asegurar la producción en las ciudades y frenar la huida de sus habitantes al medio rural donde era más fácil esquivar la acción de los recaudadores de impuestos. Artesanos, comerciantes, oficiales, etc quedaron encerrados en sus profesiones quedando obligados a ejercer su oficio tanto en la ciudad de origen como hereditariamente. Como consecuencia de esto muchos huyeron al campo fingiéndose esclavos, fugitivos o forzando una situación de colonato.
También los cargos municipales se convirtieron en obligatorios e irrenunciables y dadas las dificultades para cobrar impuestos fueron obligados a responder con su propio patrimonio de las cantidades que se les asignaba recaudar. Las magistraturas municipales dejaron de ser un honor para convertirse en una pesada carga que obligó con frecuencia a los magistrados a corromperse, a entrar en lazos de clientela, o a huir al campo, siendo ésta otra causa de la destrucción del Estado.
Ante estas medidas, la ciudad dejó de ser el centro político y administrativo que mantenía el Imperio.
De la H. del Derecho de los Pueblos. 10