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BERCIMUELLE: Desde mi ingenuidad, siempre pensé que las personas...

Desde mi ingenuidad, siempre pensé que las personas que se atreven a dar el paso adelante y se introducen en los intrincados caminos de la política, lo hacen por servir a sus vecinos. Desde mi ingenuidad, siempre consideré a estos ciudadanos unos valientes, porque, durante un tiempo, abandonaban su prometedora carrera profesional, para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás con la fuerza del poder que le habían otorgado las urnas. Y también, desde mi ingenuidad, siempre admiré a aquellos que sabían retirarse a tiempo porque comprendían que su ciclo había terminado y debían dar paso a otros compañeros con las mismas o más ganas de sacar adelante buenos proyectos para la comunidad. Por fortuna, en democracia tenemos la posibilidad de cambiar a nuestros representantes cada cuatro años. El problema viene cuando alguno de estos políticos mete la pata hasta el fondo en mitad de legislatura y comienza a silbar mirando de reojo de un lado a otro para ver si nadie se da cuenta. Qué tendrán los sillones de los cargos públicos. Si yo regentara una fábrica de muebles, mandaría elaborar un concienzudo estudio sobre la ergonomía de estos asientos que tanto y tan bien se pegan a las posaderas de quienes los disfrutan. Con ese secreto en el bolsillo, mi compañía iba a ser, a buen seguro, más conocida que la Coca Cola. Y es que uno pensaba que si a un político le ponían una multa de tráfico, debería dimitir de inmediato, aunque sólo sea porque, con su actitud, ha dejado de ser una persona ejemplar para los demás. Alguien puede decir que una sanción por haber aparcado mal el coche, por ejemplo, no es suficiente motivo para privarnos de la enorme capacidad de gestión que ha demostrado durante años el político de marras. Vale, podemos darle una segunda oportunidad. Quizás fue un despiste. Sin embargo, cuando ese personaje ha sido condenado por un juzgado a un año de prisión por usurpación de funciones públicas y lo han inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, como es el caso del concejal de Béjar Luis Francisco Martín, la dimisión debería automática. Este joven edil no ha dimitido, pero al menos ha puesto su cargo a disposición del partido para que sea éste el que se encargue de marcarle el camino a seguir. Y el Partido Popular no sólo le ha mantenido en sus cargos dentro de la formación política, sino que también le ha animado a continuar al frente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad textil. Y lejos de hacer autocrítica, el presidente comarcal del PP, Alejo Riñones, asegura que en la provincia existen ochenta casos de usurpación de funciones en ayuntamientos similares al sancionado. Imagino que la Fiscalía cursará inmediatamente una invitación al alcalde de Béjar para que pase por sus oficinas y les ponga al corriente de tan irregular situación. A ver si así, por lo menos, da algo de ejemplo.


Desde mi ingenuidad, siempre pensé que las personas que se atreven a dar el paso adelante y se introducen en los intrincados caminos de la política, lo hacen por servir a sus vecinos. Desde mi ingenuidad, siempre consideré a estos ciudadanos unos valientes, porque, durante un tiempo, abandonaban su prometedora carrera profesional, para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás con la fuerza del poder que le habían otorgado las urnas. Y también, desde mi ingenuidad, siempre admiré a aquellos que sabían retirarse a tiempo porque comprendían que su ciclo había terminado y debían dar paso a otros compañeros con las mismas o más ganas de sacar adelante buenos proyectos para la comunidad. Por fortuna, en democracia tenemos la posibilidad de cambiar a nuestros representantes cada cuatro años. El problema viene cuando alguno de estos políticos mete la pata hasta el fondo en mitad de legislatura y comienza a silbar mirando de reojo de un lado a otro para ver si nadie se da cuenta. Qué tendrán los sillones de los cargos públicos. Si yo regentara una fábrica de muebles, mandaría elaborar un concienzudo estudio sobre la ergonomía de estos asientos que tanto y tan bien se pegan a las posaderas de quienes los disfrutan. Con ese secreto en el bolsillo, mi compañía iba a ser, a buen seguro, más conocida que la Coca Cola. Y es que uno pensaba que si a un político le ponían una multa de tráfico, debería dimitir de inmediato, aunque sólo sea porque, con su actitud, ha dejado de ser una persona ejemplar para los demás. Alguien puede decir que una sanción por haber aparcado mal el coche, por ejemplo, no es suficiente motivo para privarnos de la enorme capacidad de gestión que ha demostrado durante años el político de marras. Vale, podemos darle una segunda oportunidad. Quizás fue un despiste. Sin embargo, cuando ese personaje ha sido condenado por un juzgado a un año de prisión por usurpación de funciones públicas y lo han inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, como es el caso del concejal de Béjar Luis Francisco Martín, la dimisión debería automática. Este joven edil no ha dimitido, pero al menos ha puesto su cargo a disposición del partido para que sea éste el que se encargue de marcarle el camino a seguir. Y el Partido Popular no sólo le ha mantenido en sus cargos dentro de la formación política, sino que también le ha animado a continuar al frente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad textil. Y lejos de hacer autocrítica, el presidente comarcal del PP, Alejo Riñones, asegura que en la provincia existen ochenta casos de usurpación de funciones en ayuntamientos similares al sancionado. Imagino que la Fiscalía cursará inmediatamente una invitación al alcalde de Béjar para que pase por sus oficinas y les ponga al corriente de tan irregular situación. A ver si así, por lo menos, da algo de ejemplo.

Está escrito por Miguel-ángel García-Mochales: LA GACETA 15/11/04
Desde mi ingenuidad, siempre pensé que las personas que se atreven a dar el paso adelante y se introducen en los intrincados caminos de la política, lo hacen por servir a sus vecinos. Desde mi ingenuidad, siempre consideré a estos ciudadanos unos valientes, porque, durante un tiempo, abandonaban su prometedora carrera profesional, para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás con la fuerza del poder que le habían otorgado las urnas. Y también, desde mi ingenuidad, siempre admiré a aquellos que sabían retirarse a tiempo porque comprendían que su ciclo había terminado y debían dar paso a otros compañeros con las mismas o más ganas de sacar adelante buenos proyectos para la comunidad. Por fortuna, en democracia tenemos la posibilidad de cambiar a nuestros representantes cada cuatro años. El problema viene cuando alguno de estos políticos mete la pata hasta el fondo en mitad de legislatura y comienza a silbar mirando de reojo de un lado a otro para ver si nadie se da cuenta. Qué tendrán los sillones de los cargos públicos. Si yo regentara una fábrica de muebles, mandaría elaborar un concienzudo estudio sobre la ergonomía de estos asientos que tanto y tan bien se pegan a las posaderas de quienes los disfrutan. Con ese secreto en el bolsillo, mi compañía iba a ser, a buen seguro, más conocida que la Coca Cola. Y es que uno pensaba que si a un político le ponían una multa de tráfico, debería dimitir de inmediato, aunque sólo sea porque, con su actitud, ha dejado de ser una persona ejemplar para los demás. Alguien puede decir que una sanción por haber aparcado mal el coche, por ejemplo, no es suficiente motivo para privarnos de la enorme capacidad de gestión que ha demostrado durante años el político de marras. Vale, podemos darle una segunda oportunidad. Quizás fue un despiste. Sin embargo, cuando ese personaje ha sido condenado por un juzgado a un año de prisión por usurpación de funciones públicas y lo han inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, como es el caso del concejal de Béjar Luis Francisco Martín, la dimisión debería automática. Este joven edil no ha dimitido, pero al menos ha puesto su cargo a disposición del partido para que sea éste el que se encargue de marcarle el camino a seguir. Y el Partido Popular no sólo le ha mantenido en sus cargos dentro de la formación política, sino que también le ha animado a continuar al frente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad textil. Y lejos de hacer autocrítica, el presidente comarcal del PP, Alejo Riñones, asegura que en la provincia existen ochenta casos de usurpación de funciones en ayuntamientos similares al sancionado. Imagino que la Fiscalía cursará inmediatamente una invitación al alcalde de Béjar para que pase por sus oficinas y les ponga al corriente de tan irregular situación. A ver si así, por lo menos, da algo de ejemplo.