El acoso al castellano en los comercios y empresas empieza a cuantificarse tras la llegada del PSC y los independentistas de ERC al Gobierno de Cataluña. Y es que según los datos de la propia Generalidad, entre los años 2004 y 2005, se han recaudado 168.000 euros en concepto de sanciones lingüísticas. El popular Daniel Sirera ha acusado al Ejecutivo catalán de obligar a los establecimientos a “renunciar a la lengua castellana bajo amenaza de ser sancionados”.