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Por una interpelación en el Pleno del Congreso al ministro de Hacienda, efectuada por la diputada Uxue Barkos, hemos conocido que por los vehículos fabricados por la VW (Volkswagen) en Navarra y exportados, la hacienda central pretende recuperar el IVA que le reembolsado al fabricante alemán, por haber sido previamente cobrado por la hacienda de Navarra al fabricante. El montante de lo que se pretende recuperar se eleva a 1.500 millones de euros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2007 y 2011. La hacienda central –Madrid- venía devolviendo al fabricante entre 300 y 400 millones al año, mientras Navarra se quedaba con la cantidad cobrada.
El asunto es que, una parte de España –Navarra- cobró al fabricante un montante que la hacienda central –España- ha devuelto al mismo grupo industrial; es decir, quien debió devolver o reintegrar a la empresa VW el IVA devengado, debería haber sido la misma hacienda que se lo embolsaba o, si ello, por las razones que fuere, no podía ser, la hacienda del antiguo reino debió ingresarlo en la hacienda del estatal, ya que esta tenía que devolver el IVA al industrial. En fin, ha existido una disfunción –por llamarlo de alguna forma- entre la norma autonómica y la central.
Como no puede ser de otra manera, la Central pretende resarcirse de lo que abonó –indebidamente, pues no lo cobró- y la Autonómica sustraerse a esa devolución –cobró algo, que debería reintegrar o enviar a la central, pero que no hizo- Esa “disfunción”, ha hecho que unos injustamente tengan que apechugar con lo que corresponde a otros.
¿A qué viene esto? Pues simplemente para que nos hagamos una idea en el laberinto al que nos han conducido la organización administrativa, territorial, etc., al que en los 36 años de la Constitución del 78 nos han llevado los distintos y poco diligentes gobernantes que hemos tenido. Este Estado, casi federal que dicen algunos, simétrico o asimétrico –que ya no se sabe- que incumple algunos preceptos enunciativos de la Carta Magna –Igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14, 138 y 139 “igualdad de los españoles en los territorios del Estado” del texto constitucional-, lo que me lleva a recordar que esa desigualdad en el pago de impuestos, de recibir servicios públicos, de trabajo, de educación, de sanidad, de infraestructuras, de legislarnos, de salarios, de pensiones y otras prestaciones, amén de otro sinfín de cosas, que padecemos los españoles tienen mucho que ver con el pago de los impuestos (directos e indirectos) y con la gestión que de los mismos pueda hacerse en cada territorio.
De todos es sabido que, desde antiguo, hay unos territorios (4 al menos) que tienen autonomía sobre el asunto y otros. Ya el primer Borbón que ocupo la corona española respetó esa peculiaridad, los siguientes en que reinaron, con más o menos dedicación, también hicieron la correspondiente observación a esa peculiaridad. Lo mismo la II República. El franquismo lo mantuvo para 2 de los territorios, y los padres de la vigente Constitución restauraron esa peculiaridad para los dos que lo perdieron con régimen anterior. Lo anterior, podemos concretarlo, en la capacidad que unos tienen para fijar, cobrar y gestionar sus propios impuestos. Es decir, decidir qué es lo que cada cual tiene que pagar por IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Sucesiones, Actividades Empresariales y societarias, etc., además de la política de subvenciones a industrias y servicios, que desde algunos ámbitos, se consideran impropios de una economía como la de UE, lo que ha motivado alguna “queja” “amenaza de sanción” desde Bruselas y “algún malestar” entre cierta autonomías: La Rioja, Castilla y León; o, en el caso de Cataluña, pretender tener idénticas competencias a esos territorios peculiares fiscalmente. Cobrarlos efectivamente, si es preciso coercitivamente y estando atentamente a que todos paguen. Gestionando o decidiendo por ellos mismos en qué hay que gastar cada céntimo recaudado; siendo, por otra parte, dudoso que contribuyan al sostenimiento de los servicios comunes o propios del Estado. Es decir, que no aporten nada a la caja común y, como en el caso que nos ocupa, cobren lo que no les corresponde.
El caso es que territorios que, tradicionalmente habían tenido como sustento de sus poblaciones una actividad agrícola ganadera, venían a tener un número de habitantes por kilómetro cuadrado muy similar. Por ejemplo, en los años 60 –años de oleadas emigratorias del campo hacía la ciudad y especialmente a las zonas industriales-, la provincia de Salamanca con 12.300 km. Tenía 424.000 habitantes (34,47 h/km) y ahora son 345.000 los habitantes que la pueblan (28.05 h/km); por el contrario, Navarra tenía 382.000 habitantes en sus 10.500 kilómetros cuadrados (36,38 h/km), y ahora tiene 644.000 habitantes (61,33 h/km). En 1970, la provincia de Navarra ya superaba en número a la de Salamanca, 466.000 la primera y 380.000 la segunda. A partir de esas fechas y, sobre todo de 1980, la diferencia se acrecienta hasta los resultados actuales más arriba expuestos.
¿A qué se ha debido esta evolución poblacional, en un caso, negativa y, en el otro, positiva? Desde mi punto de vista, en la transformación o no del sistema productivo de cada una de la citadas. En nuestro caso, el tejido industrial está escasamente desarrollado y el de servicios deja bastante que desear sometido a la centralización asumida por Valladolid desde el advenimiento de la autonomía castellano leonesa, y dependiente financieramente del Estado Central. Por el contrario, Navarra, con capacidad decisoria, con autonomía normativa fiscal y de gobierno, con la cercanía del gobierno propio y gestión de sus impuestos, el despegue industrial y de servicios ha sido espectacular.
Como no quiero ser dogmático y tampoco soy experto en ningún asunto (y menos en este que planteo), a buen seguro hay foreros que pueden matizar, discrepar, exponer, argumentar, conocer, …, cuestiones que tengan que ver en el progreso unos y el decaimiento de los otros.
En cualquier caso, saludos a todos aquellos que tengan la paciencia de leer lo que antecede.
El asunto es que, una parte de España –Navarra- cobró al fabricante un montante que la hacienda central –España- ha devuelto al mismo grupo industrial; es decir, quien debió devolver o reintegrar a la empresa VW el IVA devengado, debería haber sido la misma hacienda que se lo embolsaba o, si ello, por las razones que fuere, no podía ser, la hacienda del antiguo reino debió ingresarlo en la hacienda del estatal, ya que esta tenía que devolver el IVA al industrial. En fin, ha existido una disfunción –por llamarlo de alguna forma- entre la norma autonómica y la central.
Como no puede ser de otra manera, la Central pretende resarcirse de lo que abonó –indebidamente, pues no lo cobró- y la Autonómica sustraerse a esa devolución –cobró algo, que debería reintegrar o enviar a la central, pero que no hizo- Esa “disfunción”, ha hecho que unos injustamente tengan que apechugar con lo que corresponde a otros.
¿A qué viene esto? Pues simplemente para que nos hagamos una idea en el laberinto al que nos han conducido la organización administrativa, territorial, etc., al que en los 36 años de la Constitución del 78 nos han llevado los distintos y poco diligentes gobernantes que hemos tenido. Este Estado, casi federal que dicen algunos, simétrico o asimétrico –que ya no se sabe- que incumple algunos preceptos enunciativos de la Carta Magna –Igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14, 138 y 139 “igualdad de los españoles en los territorios del Estado” del texto constitucional-, lo que me lleva a recordar que esa desigualdad en el pago de impuestos, de recibir servicios públicos, de trabajo, de educación, de sanidad, de infraestructuras, de legislarnos, de salarios, de pensiones y otras prestaciones, amén de otro sinfín de cosas, que padecemos los españoles tienen mucho que ver con el pago de los impuestos (directos e indirectos) y con la gestión que de los mismos pueda hacerse en cada territorio.
De todos es sabido que, desde antiguo, hay unos territorios (4 al menos) que tienen autonomía sobre el asunto y otros. Ya el primer Borbón que ocupo la corona española respetó esa peculiaridad, los siguientes en que reinaron, con más o menos dedicación, también hicieron la correspondiente observación a esa peculiaridad. Lo mismo la II República. El franquismo lo mantuvo para 2 de los territorios, y los padres de la vigente Constitución restauraron esa peculiaridad para los dos que lo perdieron con régimen anterior. Lo anterior, podemos concretarlo, en la capacidad que unos tienen para fijar, cobrar y gestionar sus propios impuestos. Es decir, decidir qué es lo que cada cual tiene que pagar por IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Sucesiones, Actividades Empresariales y societarias, etc., además de la política de subvenciones a industrias y servicios, que desde algunos ámbitos, se consideran impropios de una economía como la de UE, lo que ha motivado alguna “queja” “amenaza de sanción” desde Bruselas y “algún malestar” entre cierta autonomías: La Rioja, Castilla y León; o, en el caso de Cataluña, pretender tener idénticas competencias a esos territorios peculiares fiscalmente. Cobrarlos efectivamente, si es preciso coercitivamente y estando atentamente a que todos paguen. Gestionando o decidiendo por ellos mismos en qué hay que gastar cada céntimo recaudado; siendo, por otra parte, dudoso que contribuyan al sostenimiento de los servicios comunes o propios del Estado. Es decir, que no aporten nada a la caja común y, como en el caso que nos ocupa, cobren lo que no les corresponde.
El caso es que territorios que, tradicionalmente habían tenido como sustento de sus poblaciones una actividad agrícola ganadera, venían a tener un número de habitantes por kilómetro cuadrado muy similar. Por ejemplo, en los años 60 –años de oleadas emigratorias del campo hacía la ciudad y especialmente a las zonas industriales-, la provincia de Salamanca con 12.300 km. Tenía 424.000 habitantes (34,47 h/km) y ahora son 345.000 los habitantes que la pueblan (28.05 h/km); por el contrario, Navarra tenía 382.000 habitantes en sus 10.500 kilómetros cuadrados (36,38 h/km), y ahora tiene 644.000 habitantes (61,33 h/km). En 1970, la provincia de Navarra ya superaba en número a la de Salamanca, 466.000 la primera y 380.000 la segunda. A partir de esas fechas y, sobre todo de 1980, la diferencia se acrecienta hasta los resultados actuales más arriba expuestos.
¿A qué se ha debido esta evolución poblacional, en un caso, negativa y, en el otro, positiva? Desde mi punto de vista, en la transformación o no del sistema productivo de cada una de la citadas. En nuestro caso, el tejido industrial está escasamente desarrollado y el de servicios deja bastante que desear sometido a la centralización asumida por Valladolid desde el advenimiento de la autonomía castellano leonesa, y dependiente financieramente del Estado Central. Por el contrario, Navarra, con capacidad decisoria, con autonomía normativa fiscal y de gobierno, con la cercanía del gobierno propio y gestión de sus impuestos, el despegue industrial y de servicios ha sido espectacular.
Como no quiero ser dogmático y tampoco soy experto en ningún asunto (y menos en este que planteo), a buen seguro hay foreros que pueden matizar, discrepar, exponer, argumentar, conocer, …, cuestiones que tengan que ver en el progreso unos y el decaimiento de los otros.
En cualquier caso, saludos a todos aquellos que tengan la paciencia de leer lo que antecede.