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La decisión de emigrar
La política migratoria franquista tuvo como objetivo principal la canalización de los flujos migratorios, de manera que supusieran un beneficio máximo para el país. El Instituto Español de Emigración, creado en 1956, fue el organismo autónomo encargado de poner en práctica esta política dirigista.
El perfil medio del emigrante a Europa era el de hombres y mujeres jóvenes. A Francia al principio solos, más tarde jóvenes matrimonios con niños. Con escasa o nula cualificación profesional, y un bajo nivel educativo. Procedían de las regiones más pobres de España: Andalucía, Galicia, Extremadura, León, las dos Castillas y Valencia.
Una vez tomada la decisión de emigrar, podían optar por hacerlo por el cauce oficial, o de manera ilegal. La exigencia de un certificado de buena conducta excluyó del cauce legal a los desafectos al régimen que, junto con los obreros más cualificados y los que no podían o no querían esperar, engrosaron las filas de la emigración ilegal. En torno al 50% de los emigrantes cruzaron las fronteras sin contrato de trabajo.
A pesar del deseo temporal que tuvo en general la emigración exterior, todos constataron con el tiempo que la estancia en esos destinos fue más larga de lo que inicialmente planearon los emigrantes. Un importante numero de familias enraizaron y no volverían a nuestro país que por naciones. Nuestro pueblo es un claro ejemplo para quienes lo conocimos en los años 60.
La política migratoria franquista tuvo como objetivo principal la canalización de los flujos migratorios, de manera que supusieran un beneficio máximo para el país. El Instituto Español de Emigración, creado en 1956, fue el organismo autónomo encargado de poner en práctica esta política dirigista.
El perfil medio del emigrante a Europa era el de hombres y mujeres jóvenes. A Francia al principio solos, más tarde jóvenes matrimonios con niños. Con escasa o nula cualificación profesional, y un bajo nivel educativo. Procedían de las regiones más pobres de España: Andalucía, Galicia, Extremadura, León, las dos Castillas y Valencia.
Una vez tomada la decisión de emigrar, podían optar por hacerlo por el cauce oficial, o de manera ilegal. La exigencia de un certificado de buena conducta excluyó del cauce legal a los desafectos al régimen que, junto con los obreros más cualificados y los que no podían o no querían esperar, engrosaron las filas de la emigración ilegal. En torno al 50% de los emigrantes cruzaron las fronteras sin contrato de trabajo.
A pesar del deseo temporal que tuvo en general la emigración exterior, todos constataron con el tiempo que la estancia en esos destinos fue más larga de lo que inicialmente planearon los emigrantes. Un importante numero de familias enraizaron y no volverían a nuestro país que por naciones. Nuestro pueblo es un claro ejemplo para quienes lo conocimos en los años 60.