UN DESENGAÑO MÁS EN CUANTO Al USO DEL IDIOMA ESPAÑOL EN CATALUÑA.
Hace como mes y medio, más o menos, que el portavoz del Gobierno Don Íñigo Méndez de Vigo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros inmediato precedente, el hecho de haberse adoptado por el Ejecutivo la decisión de "garantizar los derechos fundamentales y la libertad de expresión", y en tal sentido, la obvia decisión de garantizar los derechos fundamentales y la libertad de elección de los padres, dado que "había espacio en el marco de la ley catalana para ejecutar, por fin, las sentencias judiciales que exigen al menos un 25 % de las asignaturas impartidas en castellano, obviamente en Cataluña.
Dicho lo que precede, el propio Ministerio de Educación que en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución tiene asumidas las funciones de la Consejería de Educación de la Generalitat Catalana, tira ahora la toalla alegando "que no puede ir más allá de la Ley de Educación de Cataluña", por lo que, renuncia a introducir la casilla lingüística al castellano en el formulario de pre-inscripción y matriculación para el próximo curso. En suma, que ha renunciado a introducir la casilla lingüística o cualesquiera otra incidencia que altere la pre-inscripción y matriculación para el próximo curso.
En suma, que los derechos de los castellanos-hablantes siguen siendo nulos en Cataluña, y la respuesta del Gobierno en el sentido de "que no puede hacer nada por cambiar las cosas", lo que explica por sí sólo todo lo demás. Esta circunstancia, precedida del anuncio de impotencia quizá explique más que ninguna otra la serie de decepciones y acontecimientos desagradables que para el resto de los españoles han sucedido desde hace ya más tiempo del deseado y aún siguen teniendo lugar en Cataluña pese a todo lo sucedido.
Hace como mes y medio, más o menos, que el portavoz del Gobierno Don Íñigo Méndez de Vigo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros inmediato precedente, el hecho de haberse adoptado por el Ejecutivo la decisión de "garantizar los derechos fundamentales y la libertad de expresión", y en tal sentido, la obvia decisión de garantizar los derechos fundamentales y la libertad de elección de los padres, dado que "había espacio en el marco de la ley catalana para ejecutar, por fin, las sentencias judiciales que exigen al menos un 25 % de las asignaturas impartidas en castellano, obviamente en Cataluña.
Dicho lo que precede, el propio Ministerio de Educación que en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución tiene asumidas las funciones de la Consejería de Educación de la Generalitat Catalana, tira ahora la toalla alegando "que no puede ir más allá de la Ley de Educación de Cataluña", por lo que, renuncia a introducir la casilla lingüística al castellano en el formulario de pre-inscripción y matriculación para el próximo curso. En suma, que ha renunciado a introducir la casilla lingüística o cualesquiera otra incidencia que altere la pre-inscripción y matriculación para el próximo curso.
En suma, que los derechos de los castellanos-hablantes siguen siendo nulos en Cataluña, y la respuesta del Gobierno en el sentido de "que no puede hacer nada por cambiar las cosas", lo que explica por sí sólo todo lo demás. Esta circunstancia, precedida del anuncio de impotencia quizá explique más que ninguna otra la serie de decepciones y acontecimientos desagradables que para el resto de los españoles han sucedido desde hace ya más tiempo del deseado y aún siguen teniendo lugar en Cataluña pese a todo lo sucedido.