Ya publiqué en este medio información exhaustiva con los títulos TDT (23/01/2011, 22:58) y TDT2 (05/02/2011, 22:58). Desde entonces, han sido muchos los contactos que he tenido con la Inspección de Telecomunicaciones y los escritos que se han enviado desde el Ayuntamiento (el último, a finales de noviembre de 2011), denunciando la cada vez más deficiente recepción.
La situación actual es:
1.- El problema afecta a varias zonas de la provincia, no sólo a Revenga.
2.- La asignación de la misma frecuencia a cada canal en todas las provincias provoca superposiciones de señal de los diferentes repetidores provinciales (a nosotros nos afecta, fundamentalmente, el de Burgos), en función de variables muy heterogéneas (densidad del aire, humedad, luminosidad, hora, lluvia, nieve, contaminación, etc.), dando lugar a su anulación en algunos momentos.
3.- El repetidor de la Atalaya no dispone de personal de vigilancia: está monitorizado por radiofrecuencia. Si hay alguna avería de tipo eléctrico o electrónico se detecta inmediatamente y se desplaza un técnico para su reparación. Pero la interacción con otros repetidores sólo se soluciona interviniendo sobre los equipos.
4.- ¿Quién es responsable de la solución de nuestro problema? Dirección General de Telecomunicaciones, Junta de Castilla y León, Abertis, … se pasan la patata de unos a otros pero nadie actúa. Se limitan a remitirse entre sí los escritos de protesta que les llegan.
La solución es sencilla y barata (hablo con total conocimiento del tema, pues soy Ingeniero Técnico de Telecomunicación): reasignar frecuencias para evitar solapamientos, revisar potencias de los emisores y, en algún caso, sustituir algún módulo de los equipos. La mayor parte de estas actuaciones se hacen simplemente reprogramando ante un teclado o regulando algún control de los equipos emisores. La Inspección de Telecomunicaciones y la compañía Abertis (o la que tenga las concesiones en Castilla y León) cuentan con técnicos cualificados que lo pueden hacer rápida y definitivamente, pero …
Tropezamos con la irracionalidad de la burocracia: hay que modificar las Resoluciones o Decretos de asignación de frecuencias. Y mientras tanto, el problema sigue y se agrava. Parece que hay intereses para que no accedamos a los cinco canales de la televisión pública (a Tele5 también le afecta a veces).
Si no nos movemos no hay solución. Tenemos derecho a la información, muy especialmente a la pública. Si a los responsables municipales no nos hacen caso, somos los afectados, de manera particular o a través de asociaciones, quienes tenemos que mandar comunicaciones de protesta: a los organismos o empresas mencionados en el punto 4, a los medios de comunicación, etc. Porque pedimos algo a lo que tenemos derecho y que es perfectamente compatible con la situación económica actual: solucionarlo no cuesta dinero; simplemente, permitir a los técnicos que apliquen sus conocimientos, eliminando cortapisas legales que lo están impidiendo. Y ya; tenemos derecho a elegir informativos, películas, culebrones, partidos de fútbol, concursos, con quién nos tomamos las uvas, etc.
La situación actual es:
1.- El problema afecta a varias zonas de la provincia, no sólo a Revenga.
2.- La asignación de la misma frecuencia a cada canal en todas las provincias provoca superposiciones de señal de los diferentes repetidores provinciales (a nosotros nos afecta, fundamentalmente, el de Burgos), en función de variables muy heterogéneas (densidad del aire, humedad, luminosidad, hora, lluvia, nieve, contaminación, etc.), dando lugar a su anulación en algunos momentos.
3.- El repetidor de la Atalaya no dispone de personal de vigilancia: está monitorizado por radiofrecuencia. Si hay alguna avería de tipo eléctrico o electrónico se detecta inmediatamente y se desplaza un técnico para su reparación. Pero la interacción con otros repetidores sólo se soluciona interviniendo sobre los equipos.
4.- ¿Quién es responsable de la solución de nuestro problema? Dirección General de Telecomunicaciones, Junta de Castilla y León, Abertis, … se pasan la patata de unos a otros pero nadie actúa. Se limitan a remitirse entre sí los escritos de protesta que les llegan.
La solución es sencilla y barata (hablo con total conocimiento del tema, pues soy Ingeniero Técnico de Telecomunicación): reasignar frecuencias para evitar solapamientos, revisar potencias de los emisores y, en algún caso, sustituir algún módulo de los equipos. La mayor parte de estas actuaciones se hacen simplemente reprogramando ante un teclado o regulando algún control de los equipos emisores. La Inspección de Telecomunicaciones y la compañía Abertis (o la que tenga las concesiones en Castilla y León) cuentan con técnicos cualificados que lo pueden hacer rápida y definitivamente, pero …
Tropezamos con la irracionalidad de la burocracia: hay que modificar las Resoluciones o Decretos de asignación de frecuencias. Y mientras tanto, el problema sigue y se agrava. Parece que hay intereses para que no accedamos a los cinco canales de la televisión pública (a Tele5 también le afecta a veces).
Si no nos movemos no hay solución. Tenemos derecho a la información, muy especialmente a la pública. Si a los responsables municipales no nos hacen caso, somos los afectados, de manera particular o a través de asociaciones, quienes tenemos que mandar comunicaciones de protesta: a los organismos o empresas mencionados en el punto 4, a los medios de comunicación, etc. Porque pedimos algo a lo que tenemos derecho y que es perfectamente compatible con la situación económica actual: solucionarlo no cuesta dinero; simplemente, permitir a los técnicos que apliquen sus conocimientos, eliminando cortapisas legales que lo están impidiendo. Y ya; tenemos derecho a elegir informativos, películas, culebrones, partidos de fútbol, concursos, con quién nos tomamos las uvas, etc.