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Los seis intentos fallidos para arreglar la educación en España
25 Enero 10 - Madrid - Rocío Ruiz
El único momento en la historia en que los políticos se han puesto de acuerdo en educación ha sido con la Constitución.
Seis leyes orgánicas de educación en los últimos 25 años han desembocado en tasas de fracaso escolar del 31,9%, de las mayores de Europa; niveles de excelencia académica bajísimos (sólo el 5% de los alumnos van muy bien en clase); el deterioro de valores como la disciplina, el esfuerzo, y el trabajo; y el aumento de un clima de desorden en las clases, donde le falta autoridad al profesor, que se ve con dificultades para desarrollar sus clases y que sigue sin un estatuto docente que defina su papel. Y no sólo eso, las leyes educativas se han aplicado sin consenso, sin financiación suficiente, y son muchos los que hablan de que en España existen ya 17 sistemas educativos diferentes como consecuencia de la aplicación de la Logse, la norma que realmente ha marcado la educación en España y que condensa el modo socialista de entenderla. Nunca ha habido acuerdo en cómo debe ser la educación en nuestro país. Únicamente en 1978, con la Constitución, los partidos lograron consensuar posturas para que el artículo 27 compaginara el derecho universal a la educación con el de la libertad de enseñanza. Éstas son las seis normas que en los últimos 25 años fueron pensadas para mejorar la educación en España.
Ley Villar Palasí (1970)
Se puso en marcha a finales del franquismo y garantizó que hubiera una educación común idéntica para todos los alumnos entre 6 y 14 años. Creó la Educación General Básica (EGB), un Bachillerato de cuatro años (tres de BUP y uno de COU) y planteó la bifurcación del alumnado a los 14 años creando una FP con tres grados. Se introdujeron nuevos métodos didácticos y los estudios de Magisterio se incluyeron en la universidad. Para Juan Antonio Lorenzo, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense, la parte negativa de esta ley fue que «la escolaridad obligatoria se había fijado a los 14 años, pero la edad laboral estaba establecida a los 16, lo que generó un desfase. Además, la Formación Profesional se diseñó con una dimensión académica que conectaba poco con las necesidades del mercado laboral de de aquella época».
LOECE (1980)
La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares es la primera norma que trata de desarrollar la Constitución con UCD ya en el poder. Mantiene el sistema educativo anterior y sólo regula el derecho a la educación, establece la tipología de centros y cambia su modelo de organización de manera que los padres puedan participar más activamente. La Ley fue recurrida por los socialistas.
LODE (1985)
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de Enseñanza y de Creación de Centros la puso en marcha el PSOE cuando llegó al poder. No modifica la estructura del sistema educativo, pero crea un modelo democrático de participación en el centro: nace el consejo escolar y las asociaciones de padres de alumnos (APAS). El director de los centros es elegido por la comunidad escolar (los críticos dicen que la medida debilitó su figura) y regula el régimen de conciertos para la enseñanza privada que quiere ser financiada con recursos públicos. Fue recurrida por Alianza Popular, pero finalmente entró en vigor.
25 Enero 10 - Madrid - Rocío Ruiz
El único momento en la historia en que los políticos se han puesto de acuerdo en educación ha sido con la Constitución.
Seis leyes orgánicas de educación en los últimos 25 años han desembocado en tasas de fracaso escolar del 31,9%, de las mayores de Europa; niveles de excelencia académica bajísimos (sólo el 5% de los alumnos van muy bien en clase); el deterioro de valores como la disciplina, el esfuerzo, y el trabajo; y el aumento de un clima de desorden en las clases, donde le falta autoridad al profesor, que se ve con dificultades para desarrollar sus clases y que sigue sin un estatuto docente que defina su papel. Y no sólo eso, las leyes educativas se han aplicado sin consenso, sin financiación suficiente, y son muchos los que hablan de que en España existen ya 17 sistemas educativos diferentes como consecuencia de la aplicación de la Logse, la norma que realmente ha marcado la educación en España y que condensa el modo socialista de entenderla. Nunca ha habido acuerdo en cómo debe ser la educación en nuestro país. Únicamente en 1978, con la Constitución, los partidos lograron consensuar posturas para que el artículo 27 compaginara el derecho universal a la educación con el de la libertad de enseñanza. Éstas son las seis normas que en los últimos 25 años fueron pensadas para mejorar la educación en España.
Ley Villar Palasí (1970)
Se puso en marcha a finales del franquismo y garantizó que hubiera una educación común idéntica para todos los alumnos entre 6 y 14 años. Creó la Educación General Básica (EGB), un Bachillerato de cuatro años (tres de BUP y uno de COU) y planteó la bifurcación del alumnado a los 14 años creando una FP con tres grados. Se introdujeron nuevos métodos didácticos y los estudios de Magisterio se incluyeron en la universidad. Para Juan Antonio Lorenzo, profesor titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense, la parte negativa de esta ley fue que «la escolaridad obligatoria se había fijado a los 14 años, pero la edad laboral estaba establecida a los 16, lo que generó un desfase. Además, la Formación Profesional se diseñó con una dimensión académica que conectaba poco con las necesidades del mercado laboral de de aquella época».
LOECE (1980)
La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares es la primera norma que trata de desarrollar la Constitución con UCD ya en el poder. Mantiene el sistema educativo anterior y sólo regula el derecho a la educación, establece la tipología de centros y cambia su modelo de organización de manera que los padres puedan participar más activamente. La Ley fue recurrida por los socialistas.
LODE (1985)
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la Libertad de Enseñanza y de Creación de Centros la puso en marcha el PSOE cuando llegó al poder. No modifica la estructura del sistema educativo, pero crea un modelo democrático de participación en el centro: nace el consejo escolar y las asociaciones de padres de alumnos (APAS). El director de los centros es elegido por la comunidad escolar (los críticos dicen que la medida debilitó su figura) y regula el régimen de conciertos para la enseñanza privada que quiere ser financiada con recursos públicos. Fue recurrida por Alianza Popular, pero finalmente entró en vigor.
