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El Ayuntamiento de Soria continúa exigiendo a la Junta de Castilla y León que invierta 30 millones de euros en el polígono industrial Valcorba II.
El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, entiende que la intención de apostar por el polígono Soria II, cuyos terrenos son propiedad de la familia Marichalar, ha quedado “trasnochada”, debido a la maraña judicial en la que está inmerso el citado polígono. Por ello, reitera que se destine el dinero a esta otra zona.
El Ayuntamiento remitió un estudio técnico y económico sobre la viablidad de ese polígono, según recordó el alcalde a Ical, quien insistió en que “Soria no puede demorar más inversiones”.
A este respecto, Mínguez afirmó que la Junta lleva presupuestando 23 millones de euros desde el año 2005 para dotar a Soria de suelo industrial público, y hasta la fecha no ha invertido ni un solo euro.
La familia Marichalar, propietaria de 117 hectáreas en el paraje El Cabezo, emprendió acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Soria, la empresa pública Gesturcal y la Junta de Castilla y León por promover un polígono en sus terrenos. Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Soria como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se han pronunciado al respecto y han paralizado el proceso expropiatorio.
El alcalde, Carlos Martínez Mínguez, entiende que la intención de apostar por el polígono Soria II, cuyos terrenos son propiedad de la familia Marichalar, ha quedado “trasnochada”, debido a la maraña judicial en la que está inmerso el citado polígono. Por ello, reitera que se destine el dinero a esta otra zona.
El Ayuntamiento remitió un estudio técnico y económico sobre la viablidad de ese polígono, según recordó el alcalde a Ical, quien insistió en que “Soria no puede demorar más inversiones”.
A este respecto, Mínguez afirmó que la Junta lleva presupuestando 23 millones de euros desde el año 2005 para dotar a Soria de suelo industrial público, y hasta la fecha no ha invertido ni un solo euro.
La familia Marichalar, propietaria de 117 hectáreas en el paraje El Cabezo, emprendió acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Soria, la empresa pública Gesturcal y la Junta de Castilla y León por promover un polígono en sus terrenos. Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Soria como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se han pronunciado al respecto y han paralizado el proceso expropiatorio.
