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Según el borrador de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se propone en materia de viudedad la «reformulación integral» de las prestaciones por muerte y supervivencia, manteniendo su carácter contributivo. No obstante, entiende que la «intensidad protectora» debe concentrarse en las personas con 65 o más años, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, para lo que el mecanismo más adecuado sería elevar el porcentaje de la base reguladora, siempre que la cuantía resultante nunca dé lugar a una pensión de viudedad superior a la pensión de la que ésta derive.