USANA ARIZAGA «Todo fue un mal entendido» con la Policía Nacional y el Juzgado porque carecía de intérprete de árabe. La frase resume la declaración efectuada ayer en la Audiencia Provincial por la joven marroquí que denunció «porque estaba enfadada» a su patrón, el zamorano J. M. P. B., quien, una vez contratada en su pueblo de origen, la rechazó como trabajadora tras exigirle 5.000 euros después de haber pagado otros 6.000 euros para comprar su contrato, según consta en su denuncia y en su declaración ante el juez.
En el juicio de ayer, no dijo ni una palabra de que el empresario, dueño de una explotación agrícola y ganadera en Casaseca de las Chanas y en El Perdigón, que se enfrenta a seis años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores (tráfico ilegal de inmigrantes), le hubiera pedido dinero para que pudiera continuar en Zamora, ni del abono de 1.000 euros por el contrato y 5.000 por el visado. La joven no contaba, seguramente, con que la Fiscalía imputaría en ese mismo delito a su hermano, A. Y., que se enfrenta a otros seis años de cárcel, quien trabajó ilegalmente dos años para el zamorano y le habría servido de enlace con otros jóvenes de su pueblo marroquí para facilitarles la entrada en España previo pago de hasta 8.000 euros.
Cuando el presidente de la Audiencia, Luis Brualla Santos-Funcia, advirtió a la joven de que podía no declarar contra su hermano, la mujer se acogió a este derecho, lo que llevó a la fiscal a solicitar que se la denunciara por falso testimonio. Y es que la negativa de la principal testigo, y quien denunció los hechos en la Comisaría de Zamora, a declarar en contra de los imputados echó por tierra la principal prueba de que disponía el Ministerio Fiscal para acusarles.
Los abogados de la defensa exigieron la libre absolución por falta de pruebas acreditadas y objetivas que impliquen a los procesados en la introducción ilegal de inmigrantes en España con contratos que nunca eran dados de alta en la Tesorería de la Seguridad Social, según los informes aportados en la investigación. Sólo confirmó que su hermano llegó a Almería en patera y que estuvo dos años trabajando como inmigrante ilegal para el zamorano, viviendo en el domicilio del ganadero en Casaseca. Después, según las pesquisas policiales y las diligencias judiciales en la que se basa la Fiscalía, habría sido el contacto del zamorano para introducir a una docena de vecinos de su pueblo marroquí en España con contratos simulados y cursados en la Subdelegación del Gobierno en Zamora por el propio ganadero de Casaseca. Sin embargo, nunca llegaron a trabajar ni como pastores ni en sus tierras agrícolas, según la fiscal. La Policía Nacional halló un piso en la calle de Peña Trevinca donde estaban dados de alta el acusado marroquí y otros ciudadanos de su mismo pueblo a los que habrían tramitado la entrada en el país previo pago de determinadas cantidades. De modo que, la fiscal se quedó sin su principal testigo: La joven negó cada una de las acusaciones hechas cuatro años antes, «desesperada», según el inspector jefe del Grupo de Extranjería de la Comisaría. Allí primero y en el Juzgado después relató que el imputado de Casaseca había acudido a su pueblo, a la casa de sus padres, que pagaron las cantidades indicadas en su denuncia. Ya en en Zamora le exigirían otros 5.000 euros para permanecer en esta provincia, única en la que podía desarrollar alguna actividad laboral de acuerdo con su contrato, a lo que se negó y lo que la llevó a denunciar al agricultor, para quien nunca trabajó «porque no quería ser pastora», dijo para negar que el motivo fuera que el hombre le pedía más dinero. Nunca le ofrecieron, apuntó, un trabajo alternativo como empleada de hogar, como indicó el empresario.
En el juicio de ayer, no dijo ni una palabra de que el empresario, dueño de una explotación agrícola y ganadera en Casaseca de las Chanas y en El Perdigón, que se enfrenta a seis años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores (tráfico ilegal de inmigrantes), le hubiera pedido dinero para que pudiera continuar en Zamora, ni del abono de 1.000 euros por el contrato y 5.000 por el visado. La joven no contaba, seguramente, con que la Fiscalía imputaría en ese mismo delito a su hermano, A. Y., que se enfrenta a otros seis años de cárcel, quien trabajó ilegalmente dos años para el zamorano y le habría servido de enlace con otros jóvenes de su pueblo marroquí para facilitarles la entrada en España previo pago de hasta 8.000 euros.
Cuando el presidente de la Audiencia, Luis Brualla Santos-Funcia, advirtió a la joven de que podía no declarar contra su hermano, la mujer se acogió a este derecho, lo que llevó a la fiscal a solicitar que se la denunciara por falso testimonio. Y es que la negativa de la principal testigo, y quien denunció los hechos en la Comisaría de Zamora, a declarar en contra de los imputados echó por tierra la principal prueba de que disponía el Ministerio Fiscal para acusarles.
Los abogados de la defensa exigieron la libre absolución por falta de pruebas acreditadas y objetivas que impliquen a los procesados en la introducción ilegal de inmigrantes en España con contratos que nunca eran dados de alta en la Tesorería de la Seguridad Social, según los informes aportados en la investigación. Sólo confirmó que su hermano llegó a Almería en patera y que estuvo dos años trabajando como inmigrante ilegal para el zamorano, viviendo en el domicilio del ganadero en Casaseca. Después, según las pesquisas policiales y las diligencias judiciales en la que se basa la Fiscalía, habría sido el contacto del zamorano para introducir a una docena de vecinos de su pueblo marroquí en España con contratos simulados y cursados en la Subdelegación del Gobierno en Zamora por el propio ganadero de Casaseca. Sin embargo, nunca llegaron a trabajar ni como pastores ni en sus tierras agrícolas, según la fiscal. La Policía Nacional halló un piso en la calle de Peña Trevinca donde estaban dados de alta el acusado marroquí y otros ciudadanos de su mismo pueblo a los que habrían tramitado la entrada en el país previo pago de determinadas cantidades. De modo que, la fiscal se quedó sin su principal testigo: La joven negó cada una de las acusaciones hechas cuatro años antes, «desesperada», según el inspector jefe del Grupo de Extranjería de la Comisaría. Allí primero y en el Juzgado después relató que el imputado de Casaseca había acudido a su pueblo, a la casa de sus padres, que pagaron las cantidades indicadas en su denuncia. Ya en en Zamora le exigirían otros 5.000 euros para permanecer en esta provincia, única en la que podía desarrollar alguna actividad laboral de acuerdo con su contrato, a lo que se negó y lo que la llevó a denunciar al agricultor, para quien nunca trabajó «porque no quería ser pastora», dijo para negar que el motivo fuera que el hombre le pedía más dinero. Nunca le ofrecieron, apuntó, un trabajo alternativo como empleada de hogar, como indicó el empresario.