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TIERRAS DE ESPAÑA:: PÀGINA Nº 2
La última alerta la ha lanzado Ecologistas en Acción, que ha pedido al Parlamento Europeo que investigue si, tal y como señala un informe de la Abogacía del Estado, varias sociedades están recibiendo ayudas agrarias por la supuesta explotación de unas tierras cuyo titular, en realidad, sería el Estado al formar parte de la desecada Laguna de Janda, en Cádiz. Una de esas empresas, Complejo Agrícola SL, recibió el año pasado más de cuatro millones de euros en subvenciones de la PAC, parte de ellas, según indica el informe, solicitado por el Miteco (Ministerio para la Transición ecológica), a cuenta de una parte de las tierras de la antigua laguna, en la que fue desecada una superficie de más de 6.000 hectáreas. La organización ecologista, que sospecha que "se ha dado un fin indebido a los fondos europeos y varias empresas y sociedades han recibido ayudas de la PAC por cultivar terrenos públicos ocupados sin mediar concesión", señalan como, tras una concesión inicial de derecho a explotar las tierras en una de las fases de desecación de la laguna, el Estado otorgó "una concesión a 99 años a la empresa adjudicataria". Sin embargo, después de que esta fuera rescatada en 1964 "para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos", las tierras "han seguido explotándose privativamente al margen de la ley, ya que no se han otorgado nuevas concesiones administrativas que serían preceptivas para ello". Una empresa de uva recibe más de 21 millonesNo es esa la única situación chirriante que se da en la gestión de los fondos agrarios de la UE, cuyos principales beneficiarios acaban siendo, paradójicamente, grandes empresas y, también, las comunidades autónomas, que encabezan con ventaja los listados de perceptores de ayudas del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria): 94,2 millones de euros la Junta de Andalucía, 49,1 la de Castilla-La Mancha, 48 la de Extremadura, 36 la de Castilla y León, a las que siguen, con la Xunta de Galicia (21,8) entre ellas, un organismo público como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (28,3) y la primera empresa de la lista, Alvinesa Natural Ingredientes, una firma de Daimiel (Ciudad Real) dedicada a producir derivados de la uva que percibe 21,8.
Eso, junto con el hecho de que los municipios españoles en los que más residentes cobran ayudas de la PAC sean, por este orden, Madrid (26.690), Sevilla (12.702), Zaragoza (8.924) y Valencia (10.023), apunta a que la política de ayudas agrarias de la UE quizás tenga mucho que ver con la agricultura pero no tanto con los agricultores.
La última alerta la ha lanzado Ecologistas en Acción, que ha pedido al Parlamento Europeo que investigue si, tal y como señala un informe de la Abogacía del Estado, varias sociedades están recibiendo ayudas agrarias por la supuesta explotación de unas tierras cuyo titular, en realidad, sería el Estado al formar parte de la desecada Laguna de Janda, en Cádiz. Una de esas empresas, Complejo Agrícola SL, recibió el año pasado más de cuatro millones de euros en subvenciones de la PAC, parte de ellas, según indica el informe, solicitado por el Miteco (Ministerio para la Transición ecológica), a cuenta de una parte de las tierras de la antigua laguna, en la que fue desecada una superficie de más de 6.000 hectáreas. La organización ecologista, que sospecha que "se ha dado un fin indebido a los fondos europeos y varias empresas y sociedades han recibido ayudas de la PAC por cultivar terrenos públicos ocupados sin mediar concesión", señalan como, tras una concesión inicial de derecho a explotar las tierras en una de las fases de desecación de la laguna, el Estado otorgó "una concesión a 99 años a la empresa adjudicataria". Sin embargo, después de que esta fuera rescatada en 1964 "para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos", las tierras "han seguido explotándose privativamente al margen de la ley, ya que no se han otorgado nuevas concesiones administrativas que serían preceptivas para ello". Una empresa de uva recibe más de 21 millonesNo es esa la única situación chirriante que se da en la gestión de los fondos agrarios de la UE, cuyos principales beneficiarios acaban siendo, paradójicamente, grandes empresas y, también, las comunidades autónomas, que encabezan con ventaja los listados de perceptores de ayudas del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria): 94,2 millones de euros la Junta de Andalucía, 49,1 la de Castilla-La Mancha, 48 la de Extremadura, 36 la de Castilla y León, a las que siguen, con la Xunta de Galicia (21,8) entre ellas, un organismo público como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (28,3) y la primera empresa de la lista, Alvinesa Natural Ingredientes, una firma de Daimiel (Ciudad Real) dedicada a producir derivados de la uva que percibe 21,8.
Eso, junto con el hecho de que los municipios españoles en los que más residentes cobran ayudas de la PAC sean, por este orden, Madrid (26.690), Sevilla (12.702), Zaragoza (8.924) y Valencia (10.023), apunta a que la política de ayudas agrarias de la UE quizás tenga mucho que ver con la agricultura pero no tanto con los agricultores.