135 euros de un plumazo
Una vecina de Fermoselle, última víctima de oportunistas revisores del gas que se presentan como agentes oficiales
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Un distribuidor autorizado de gas butano repartiendo ayer bombonas en Fariza.
Foto José Luis Fernández
I. GÓMEZ
No por reiterado deja de ser noticia. Es habitual reflejar en los medios de comunicación denuncias ciudadanas sobre aprovechados y oportunistas que se dicen revisores de gas y que, en algunos casos bajo coacciones y en otros utilizando el nombre de los distribuidores oficiales y autorizados bien conocidos en la zona, pegan verdaderos palos a indefensos vecinos.
El último ocurría ayer, concretamente en Fermoselle, donde una mujer se quedó de un plumazo sin 135 euros. Y todo porque, por la mañana, se presentaron en la casa dos «revisores» para realizar un chequeo a la instalación. Sin que ni le correspondiera en ese momento y con escuetas explicaciones, la intervención fue meteórica y la cara con la que se quedó la mujer, un poema. Cuando quiso reaccionar, los aprovechados ya se habían marchado y allí se quedó, con la pataleta. Con una factura en sus manos, firmada por ella misma, detallando una serie de operaciones que supuestamente habían realizado.
Como es habitual en estos casos, la aceptación de la factura con la firma impide que se puedan formular denuncias ni realizar las correspondientes reclamaciones porque a efectos legales ha sido consentido.
Los visitadores no son tontos. Suelen presentarse por la mañana, cuando saben que en las casas quedan las personas mayores (más vulnerables a este tipo de prácticas) y últimamente se presentan en pueblos, cuando ya ha pasado el verano y se han marchado muchas familias trabajadoras, quedando los mayores y jubilados.
«No es la primera vez que pasa», comenta uno de los distribuidores autorizados en la provincia. «Son empresas de León, de Galicia, de Valladolid, hasta de Fuenlabrada... que parece ser que tienen los permisos pero lo malo de esto es que mienten a la gente, dicen que van de parte del revisor que ellos conocen y logran meterse en las casas».
En Fariza, Muga o Bermillo, por hablar de la comarca de Sayago, «y muchos pueblos de la provincia», los foráneos inspectores han conseguido el dinero fácil, cambiando el regulador o las gomas. «Se presentan de repente, sin que toque hacer las revisiones, que es obligatorio realizar cada cinco años, pero no hacen pruebas de humos ni gases ni nada», explica un profesional. Tampoco es raro que si el usuario se resiste, porque defiende que no le toca hacer la revisión, «coaccionen a la gente, hasta les llegan a amenazar con multas o con que les cortan el gas, cuando eso es absurdo porque lo que tienen es una bombona de butano».
Las oficinas de consumidores reciben denuncias sobre estas prácticas, pero no mucho menos todas las que son.
«La mayoría de las veces la gente se queda con la pataleta y por más que les advertimos se sigue cayendo en estos engaños», opina un distribuidor autorizado en la provincia.
Y es que las cantidades que reclaman estas empresas por chequeos innecesarios no es desdeñable. No bajan de los cien euros, según personas conocedoras de estos casos, pero suelen ser cantidades superiores que ya se encargan los operarios de bajar en función de la disponibilidad de dinero que tienen los clientes. Ahora incluso algunos van con datáfono -el dispositivo para poder cobrar mediante tarjeta de crédito-.
Una vecina de Fermoselle, última víctima de oportunistas revisores del gas que se presentan como agentes oficiales
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Un distribuidor autorizado de gas butano repartiendo ayer bombonas en Fariza.
Foto José Luis Fernández
I. GÓMEZ
No por reiterado deja de ser noticia. Es habitual reflejar en los medios de comunicación denuncias ciudadanas sobre aprovechados y oportunistas que se dicen revisores de gas y que, en algunos casos bajo coacciones y en otros utilizando el nombre de los distribuidores oficiales y autorizados bien conocidos en la zona, pegan verdaderos palos a indefensos vecinos.
El último ocurría ayer, concretamente en Fermoselle, donde una mujer se quedó de un plumazo sin 135 euros. Y todo porque, por la mañana, se presentaron en la casa dos «revisores» para realizar un chequeo a la instalación. Sin que ni le correspondiera en ese momento y con escuetas explicaciones, la intervención fue meteórica y la cara con la que se quedó la mujer, un poema. Cuando quiso reaccionar, los aprovechados ya se habían marchado y allí se quedó, con la pataleta. Con una factura en sus manos, firmada por ella misma, detallando una serie de operaciones que supuestamente habían realizado.
Como es habitual en estos casos, la aceptación de la factura con la firma impide que se puedan formular denuncias ni realizar las correspondientes reclamaciones porque a efectos legales ha sido consentido.
Los visitadores no son tontos. Suelen presentarse por la mañana, cuando saben que en las casas quedan las personas mayores (más vulnerables a este tipo de prácticas) y últimamente se presentan en pueblos, cuando ya ha pasado el verano y se han marchado muchas familias trabajadoras, quedando los mayores y jubilados.
«No es la primera vez que pasa», comenta uno de los distribuidores autorizados en la provincia. «Son empresas de León, de Galicia, de Valladolid, hasta de Fuenlabrada... que parece ser que tienen los permisos pero lo malo de esto es que mienten a la gente, dicen que van de parte del revisor que ellos conocen y logran meterse en las casas».
En Fariza, Muga o Bermillo, por hablar de la comarca de Sayago, «y muchos pueblos de la provincia», los foráneos inspectores han conseguido el dinero fácil, cambiando el regulador o las gomas. «Se presentan de repente, sin que toque hacer las revisiones, que es obligatorio realizar cada cinco años, pero no hacen pruebas de humos ni gases ni nada», explica un profesional. Tampoco es raro que si el usuario se resiste, porque defiende que no le toca hacer la revisión, «coaccionen a la gente, hasta les llegan a amenazar con multas o con que les cortan el gas, cuando eso es absurdo porque lo que tienen es una bombona de butano».
Las oficinas de consumidores reciben denuncias sobre estas prácticas, pero no mucho menos todas las que son.
«La mayoría de las veces la gente se queda con la pataleta y por más que les advertimos se sigue cayendo en estos engaños», opina un distribuidor autorizado en la provincia.
Y es que las cantidades que reclaman estas empresas por chequeos innecesarios no es desdeñable. No bajan de los cien euros, según personas conocedoras de estos casos, pero suelen ser cantidades superiores que ya se encargan los operarios de bajar en función de la disponibilidad de dinero que tienen los clientes. Ahora incluso algunos van con datáfono -el dispositivo para poder cobrar mediante tarjeta de crédito-.