Piden entre 160 y 240 euros al alcalde de Moraleja por no dar información
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S. RAMOS El alcalde de Moraleja del Vino Guillermo Freire se enfrenta una petición de multa de entre 160 y 240 euros por una presunta falta de prevaricación tras negarle documentación municipal a Francisco Martín, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento,
En la vista oral celebrada ayer en el Juzgado número 3, el abogado de la acusación particular solicitó para Freire una pena de multa de 20 días a razón de doce euros por día, por entender que el alcalde no puede negar la entrega de la documentación que le había solicitado la oposición. La multa solicitada por la fiscalía establece el mismo numero de días, 20, y 8 euros día.
El letrado del alcalde de Moraleja del Vino pidió la libre absolución de su patrocinado por considerar que este caso no alcanza entidad suficiente como para considerarlo una falta penal y si acaso debería tratarse como una irregularidad administrativa. El alcalde del municipio Guillermo Freire reconoció en la sala haberse negado a proporcionar el acceso a documentación municipal a los concejales de Izquierda Unida, hasta que estos no dijeran quién había puesto una bandera republicana años atrás en el salón de actos, durante un evento promovido por esta opción política en recuerdo de los represaliados del franquismo.
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S. RAMOS El alcalde de Moraleja del Vino Guillermo Freire se enfrenta una petición de multa de entre 160 y 240 euros por una presunta falta de prevaricación tras negarle documentación municipal a Francisco Martín, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento,
En la vista oral celebrada ayer en el Juzgado número 3, el abogado de la acusación particular solicitó para Freire una pena de multa de 20 días a razón de doce euros por día, por entender que el alcalde no puede negar la entrega de la documentación que le había solicitado la oposición. La multa solicitada por la fiscalía establece el mismo numero de días, 20, y 8 euros día.
El letrado del alcalde de Moraleja del Vino pidió la libre absolución de su patrocinado por considerar que este caso no alcanza entidad suficiente como para considerarlo una falta penal y si acaso debería tratarse como una irregularidad administrativa. El alcalde del municipio Guillermo Freire reconoció en la sala haberse negado a proporcionar el acceso a documentación municipal a los concejales de Izquierda Unida, hasta que estos no dijeran quién había puesto una bandera republicana años atrás en el salón de actos, durante un evento promovido por esta opción política en recuerdo de los represaliados del franquismo.